Morelia, Michoacán,  La violencia escolar exige acciones urgentes, ya que no se puede  normalizar el miedo en las aulas y el garantizar escuelas seguras es una obligación del Estado, subrayó la diputada local Xóchitl Ruiz González, tras realizar un llamado a la coordinación institucional y a construir entornos escolares seguros y libres de violencia.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura Local, advirtió que Michoacán nuevamente se encuentra en la atención nacional por hechos ocurridos en un plantel educativo.

Durante su intervención a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la máxima tribuna en el Congreso del Estado, la legisladora señaló que la violencia escolar ya no puede verse como un fenómeno aislado, sino como una problemática constante que obliga a las autoridades y a la sociedad a actuar con responsabilidad y coordinación.

“La aulas deben ser el lugar más seguro para nuestras niñas, niños y jóvenes; el espacio donde se construye confianza, donde se aprende y donde se crece, nunca el lugar donde se siembra el miedo”, expresó.

Xóchitl Ruiz enfatizó que el bullying es una forma de violencia que no debe normalizarse, al igual que cualquier conducta que humille, excluya o amenace dentro de las escuelas, ya que estos hechos reflejan tensiones sociales y una crisis silenciosa relacionada con la salud mental, el aislamiento emocional y la falta de acompañamiento oportuno para las juventudes.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sostuvo que vivir sin miedo, estudiar en ambientes libres de violencia y contar con escucha y acompañamiento emocional son derechos humanos que el Estado debe garantizar.

Asimismo, subrayó que escuchar a las juventudes cuando enfrentan ansiedad, depresión o cualquier situación emocional es una obligación institucional y social.

La diputada recordó que, si bien los apoyos sociales y las becas son importantes, no son suficientes para atender los desafíos emocionales y de convivencia que enfrentan actualmente niñas, niños y jóvenes, por lo que hizo un llamado a construir políticas públicas integrales que prioricen la salud mental y la prevención de la violencia escolar.

Finalmente, Xóchitl Ruiz convocó a madres y padres de familia, docentes, directivos, autoridades y al propio Congreso del Estado a trabajar de manera conjunta para garantizar el derecho de todas y todos a vivir, aprender y crecer sin miedo. “Las soluciones no pueden esperar. Las respuestas no pueden posponerse. Este trabajo debe comenzar hoy, aquí y ahora”.

El legislador del PVEM señala que 15 entidades federativas ya cuentan con esta figura; Michoacán no puede quedarse atrás.

Morelia, Michoacán a 13 de mayo de 2026.El diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de Michoacán para incorporar expresamente la figura de la suplencia en el cargo de presidenta o presidente municipal, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad, certeza jurídica y continuidad administrativa en los 113 municipios de la entidad.

El municipio constituye la base de la división territorial, de la organización política y administrativa del Estado mexicano. Por ello, la estabilidad, continuidad y funcionalidad de los ayuntamientos son condiciones indispensables para garantizar la gobernabilidad democrática, la prestación de servicios públicos y la eficacia de las instituciones locales.

Sin embargo, la experiencia institucional ha evidenciado que la ausencia definitiva del presidente municipal puede generar escenarios de incertidumbre jurídica, vacíos de autoridad y conflictos políticos, especialmente cuando la normativa no establece mecanismos claros e inmediatos para la sustitución del cargo.

“Ese es precisamente el caso de Michoacán”, advirtió el diputado Magaña de la Mora. “Nuestra Constitución local y la legislación secundaria no prevén un suplente específico para la presidencia municipal. Ante una vacante, el Congreso del Estado debe designar a un presidente provisional o sustituto, respetando únicamente el origen partidista del ayuntamiento, lo que abre la puerta a decisiones discrecionales y a disputas político-electorales”.

Frente a ello, la iniciativa propone incorporar en la Constitución local la figura de la suplencia, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Federal y en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha sostenido que debe privilegiarse la continuidad de las fórmulas electas democráticamente.

La propuesta se sustenta en cuatro principios constitucionales:

1.⁠ ⁠Principio democrático y respeto a la voluntad popular: la suplencia respeta la voluntad originaria expresada en las urnas, ya que las personas suplentes forman parte de la planilla municipal electa y poseen legitimidad electoral originaria.
2.⁠ ⁠Principio de continuidad institucional y gobernabilidad municipal: se establece un mecanismo inmediato, objetivo y previamente determinado para la sustitución, evitando incertidumbre o disputas.
3.⁠ ⁠Principio de protección de la autonomía municipal: se privilegian mecanismos derivados de la voluntad popular, reduciendo designaciones discrecionales de otros poderes públicos.
4.⁠ ⁠Principio de seguridad jurídica y certeza institucional: se brinda previsibilidad a los gobiernos municipales y la ciudadanía conoce de antemano quiénes ejercerán los cargos en caso de ausencia definitiva.

El legislador del PVEM destacó que no se trata de una ocurrencia, sino de una tendencia consolidada en el sistema electoral mexicano. Entidades como Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Durango, Jalisco, Yucatán, Querétaro, Nayarit, Sonora y Tamaulipas ya reconocen la figura de la suplencia para las presidencias municipales.

“Michoacán no puede seguir rezagado”, subrayó Magaña de la Mora. “Con esta reforma no buscamos simplemente una técnica administrativa de sustitución. Buscamos una garantía constitucional para preservar la continuidad democrática, reducir la discrecionalidad política, dar estabilidad institucional y fortalecer el régimen municipal democrático previsto en nuestra Carta Fundamental”.

El diputado hizo un llamado a sus homólogos para aprobar esta iniciativa que, afirmó, “contribuirá a fortalecer la legitimidad de los gobiernos municipales, protegerá la autonomía municipal y, sobre todo, dará certidumbre a la ciudadanía michoacana”.

Morelia, Michoacán. El diputado Iván Vera presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, con el objetivo de construir políticas públicas integrales que atiendan las necesidades reales de movilidad y transporte en las comunidades rurales y originarias.

Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que la propuesta surge de un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán encabezada por el Dr. Luis Bernardo López Sosa, y en coordinación con técnicos y autoridades comunitarias, el cual evidenció la falta de planeación integral en materia de movilidad para las zonas rurales del estado.

La iniciativa contempla tres ejes principales:

1.⁠ ⁠Diagnóstico de necesidades de movilidad rural
Se plantea identificar las necesidades prioritarias de las comunidades en aspectos como tiempos de traslado, distancias recorridas, consumo de energía, gasto económico en transporte e impacto ambiental, buscando eficientar el acceso de las y los ciudadanos a servicios esenciales para su desarrollo integral.

2.⁠ ⁠Infraestructura vial multimodal
La propuesta busca detectar y fortalecer las necesidades de infraestructura vial y de transporte multimodal que permitan mejorar de manera integral el entorno rural y las condiciones de conectividad de las comunidades.

3.⁠ ⁠Planeación participativa y diagnósticos permanentes
Se propone integrar procesos participativos dentro del Programa Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, incorporando las voces de las comunidades urbanas y, especialmente, rurales e indígenas, además de establecer censos y diagnósticos cada cinco años para mantener actualizadas las políticas públicas.

Iván Vera subrayó que esta iniciativa representa una propuesta firme para consolidar una movilidad más justa, digna e incluyente, priorizando a las comunidades originarias de las cuatro regiones de Michoacán y garantizando condiciones adecuadas de transporte público para toda la población.

“Queremos una movilidad construida desde el territorio y las verdaderas necesidades de la gente, que acerque oportunidades, servicios y bienestar a nuestras comunidades”, expresó el legislador.

La iniciativa adiciona el artículo 435 Bis al Código Familiar para definir conductas que obstaculizan la convivencia y establece medidas progresivas, desde apercibimiento hasta cambio de custodia.

Morelia, Michoacán a 14 de mayo de 2026.“Hay una imagen que muchos niños en Michoacán conocen bien: esperar. Esperar junto a la ventana el día de visita. Esperar una llamada que no llega. Esperar que mamá o papá aparezca, sin entender por qué no viene, sin que nadie les explique, sin que nadie los proteja de ese silencio”, denunció el diputado Abraham Espinoza Villa (PVEM) al presentar una iniciativa para proteger el derecho de convivencia de niñas, niños y adolescentes en procesos de separación.

El legislador explicó que, aunque el Código Familiar ya contempla el cambio de custodia cuando un progenitor obstaculiza la convivencia, la ley actual no define qué conductas constituyen esa obstaculización, no establece medidas proporcionales ni plazos, y no otorga al juez herramientas técnicas suficientes.

“La ciencia lo documenta: los menores que son alejados deliberadamente de uno de sus progenitores desarrollan ansiedad, baja autoestima, problemas de conducta. Heridas que no siempre se ven, pero que pueden durar toda la vida”, señaló Espinoza Villa.

La propuesta se sustenta en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El nuevo artículo 435 Bis propuesto, define con claridad las conductas que vulneran el derecho de convivencia (impedir o limitar visitas sin justificación, denuncias falsas, sustracción del menor, entre otras), además incorpora el dictamen de perito en psicología como prueba preferente.

“En materia de niñez, la tardanza también es un daño”, enfatizó el diputado.

Espinoza Villa recordó que estados como Guerrero y la Ciudad de México ya han avanzado en esta materia. “Michoacán tiene hoy la oportunidad de sumarse. Los niños no tienen voz en este pleno. Nosotros sí. Usémosla”, concluyó.

Morelia, Michoacán,Con la finalidad de que haya más y mejores oportunidades para las mujeres de Michoacán, en cuanto a la vida pública se refiere y disminuir la violencia de género en los municipios michoacanos, el Congreso del Estado aprobó, diversas reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán.

La reforma al artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal, propuesta por la diputada María Itzé Camacho Zapiain y el diputado Juan Carlos Barragán, va encaminada a contribuir a la prevención de las violencias, la reconstrucción del tejido social, el empoderamiento territorial de las mujeres y la promoción de sus derechos humanos.

Dando a los ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cheran, la atribución de “colaborar, en el ámbito de su competencia y de manera coordinada, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y con el Poder Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y programas sectoriales, para la implementación, fortalecimiento y sostenibilidad de redes comunitarias de mujeres, como la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.

En el marco de dicha colaboración, los ayuntamientos podrán desarrollar acciones comunitarias, firmar convenios intergubernamentales, establecer módulos de atención, promover procesos formativos y generar mecanismos de participación ciudadana con perspectiva de género.

En tanto, la reforma al artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal, a propuesta del diputado Reyes Galindo Pedraza, la cual establece que la Comisión Municipal de la Mujer, deberá, preferentemente, ser presidida por una mujer.

Mientras que las reformas a los artículos 84 y 86, ambos de la Ley Orgánica Municipal, propuestas por la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, especifica que tanto las elecciones de Jefas o Jefes de Tenencia, así como la convocatoria para elección de Encargadas o Encargados del Orden se regirán por el principio de paridad de género en los cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación.

Morelia, Michoacán, 13 de mayo de 2026. A fin de salvaguardar el principio de certeza jurídica en la definición de los límites territoriales entre los municipios de Morelia y Charo, el Pleno de la 76 Legislatura aprobó reformar el Decreto Legislativo Número 404, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán.

Fue la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales la encargada de estudiar, analizar y dictaminar, el oficio número SEDUM-0349/2026, presentado por Alfonso Jesús Martínez Alcázar y Joanna Margarita Moreno Manzo, presidente municipal y titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia.

Es así, que en fue avalado por las y los diputados reformar el artículo segundo y derogar el artículo tercero de dicho decreto; y así, establecer que para efectos de delimitación territorial entre los municipios de Morelia y Charo se reconoce el convenio celebrado ente ambos el 17 de septiembre de 2025.

“Así como su Anexo 1 relativo a la descripción técnica y tabla de coordenadas de los límites entre los municipios de Morelia y Charo así como el documento cartográfico denominado “Mapa de Modificación de Límites Municipales Morelia-Charo 2025”, expedido por el Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán”, precisa el dictamen aprobado en sesión extraordinaria.

Finalmente, las y los legisladores coincidieron que tal adecuación no implica modificación alguna a los acuerdos de fondo alcanzados entre los municipios en cuestión respecto de su delimitación territorial, sino que fortalece la certeza jurídica, administrativa, catastral, registral, cartográfica y de planeación territorial.