Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2026.- El Congreso del Estado de Michoacán respaldó la reforma constitucional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México sean mexicanos por nacimiento y no tengan otra nacionalidad, destacó el diputado Baltazar Gaona García.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso michoacano señaló que, con 22 votos a favor y siete en contra, la mayoría de las y los legisladores acompañó la minuta enviada por el Congreso de la Unión, que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Coincidimos en que quien aspire a encabezar el Poder Ejecutivo de nuestro país o de una entidad federativa debe ser mexicano por nacimiento y ejercer esa responsabilidad únicamente bajo la nacionalidad mexicana. Son cargos desde los cuales se representa al Estado y se toman decisiones fundamentales para nuestra soberanía”, expresó Baltazar Gaona.
La reforma establece que una persona que cuente con otra nacionalidad y aspire a alguno de estos cargos deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato. Asimismo, durante el ejercicio de la responsabilidad no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante una autoridad extranjera una distinta a la mexicana.
“Esta reforma no está dirigida contra nuestros migrantes ni desconoce la realidad de miles de familias mexicanas que tienen vínculos con otros países. La doble nacionalidad seguirá existiendo; lo que estamos estableciendo es una condición particular para quienes quieran asumir las más altas responsabilidades ejecutivas del país”, puntualizó el legislador.
Gaona García destacó que Michoacán se suma así al proceso del Constituyente Permanente para modificar la Constitución Federal y respaldar el principio de nacionalidad única en estos cargos. Las nuevas disposiciones están previstas para aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, una vez concluido el procedimiento constitucional correspondiente.
