Morelia, Michoacán a 13 de noviembre de 2026. – “Todos hemos pasado por esto: vamos manejando, cae la llanta en un bache y se daña el rin, la suspensión, la alineación. El golpe es en el momento, la factura llega después. Lo que pocos saben es que la ley ya dice que el ayuntamiento debe responder por ese daño. El derecho existe, el problema es que casi nadie logra ejercerlo”, denunció el diputado Abraham Espinoza Villa (PVEM) al presentar una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Michoacán.

El legislador explicó que para cobrar, la persona hoy debe probar que el bache estaba ahí, que el ayuntamiento lo sabía y que tuvo tiempo de repararlo. Sin embargo, esa información la tiene el propio municipio: la ley no obliga a darle folio a un reporte ni a llevar un registro público, un reporte se puede perder sin dejar huella, no hay plazo para reparar y un bache reportado puede seguir abierto por meses.

“A eso se suma el peritaje, que en un daño menor puede costar casi lo mismo que lo que se quiere recuperar. Y si el ayuntamiento no contesta, la persona no tiene una ruta clara para que alguien resuelva. El resultado es que el derecho está en la ley y se pierde en el trámite”, señaló.

La iniciativa propone que todo reporte de bache cuente con un folio y quede asentado en un padrón público con ubicación, fecha del reporte y fecha de reparación. La delimitación de un plazo para la reparación según el riesgo, sin pasar de treinta días naturales y la reparación inmediata del bache, también se incluyen en la propuesta.

Espinoza Villa aclaró que la propuesta no genera impacto presupuestal: no crea plazas, programas ni dependencias. “Reparar las calles ya es obligación de los municipios, y el folio y el padrón se llevan con los canales y portales que ya tienen. Para adecuarse, se les dan noventa días”, precisó.

Tampoco crea una obligación de indemnizar que la ley no tuviera. “Lo que se hace es facilitar la prueba. El ayuntamiento que repara a tiempo no tiene nada que pagar”, subrayó.

El legislador recordó que en todo el país se discute cómo hacer que reclamar un daño por bache deje de ser un viacrucis: en Baja California se planteó eliminar el peritaje como requisito; en Nuevo León hay propuestas para que los municipios reparen en quince días; en el Estado de México se propuso un procedimiento con acceso al Tribunal Administrativo; en Tlaxcala, un sistema estatal de reporte ciudadano; la Ciudad de México ya tiene un procedimiento y busca ponerle plazo máximo; y a nivel federal se presentó una iniciativa para reformar el artículo 109 constitucional.

“Distintos estados, distintos caminos, el mismo propósito: el bienestar de las personas y de sus municipios. Michoacán puede sumarse con una propuesta que no necesita fondos ni seguros, solo ordenar el reporte, fijar el plazo y facilitar la prueba”, concluyó Espinoza Villa.

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2026.- Bajo la premisa que debe existir una coordinación institucional para fortalecer los procesos de búsqueda, la diputada Belinda Iturbide encabezó el foro académico y presentación del libro “Resquebrajamiento Social. La desaparición forzada, reflexiones actuales y su impacto en la interculturalidad indígena”.

Al dar la bienvenida a los ponentes, el Dr. José Alfredo Tapia Navarrete, Dr. Humberto Urquiza Martínez y la Mtra. Jennifer Murillos Martínez, la legisladora resaltó que este tipo de acciones representa una oportunidad para comprender mejor un fenómeno que no solamente tiene implicaciones jurídicas y de seguridad, sino también profundas consecuencias humanas, sociales, económicas y culturales.

“La desaparición de personas es un fenómeno multidimensional que no puede enfrentarse únicamente mediante el derecho penal, sino mediante una respuesta integral que combine prevención, búsqueda, investigación, identificación forense, atención a las familias, participación comunitaria y construcción de memoria”, señaló la legisladora.

En su participación la diputada esbozó los diferentes temas abordados en los 12 capítulos que conforman el libro, destacando los enfocados al análisis de desaparición forzada desde una visión municipal; las comunidades indígenas con autogobierno, en el libro se reconoce que las comunidades también pueden convertirse en actores institucionales capaces de participar activamente en la protección de derechos.

Uno de los rubros que más puntualizó la parlamentaria fue el analizado en el capítulo 8 de la obra, el cual estudia la desaparición de los niños y niñas que quedan en situación de orfandad debido a la desaparición de sus padres o familiares, “durante los foros que se realizaron por todo Michoacán para la construcción de la Ley en la materia, siempre este tema fue uno de los más recurrentes y en los que se debe poner mayor atención”, destacó.

Para concluir la parlamentaria reflexionó diciendo que “la desaparición debe investigarse, pero también debe prevenirse, debe buscarse a las personas, pero también deben identificarse los cuerpos que permanecen sin nombre, deben fortalecerse las instituciones, pero también escucharse a quienes llevan años buscando, deben existir leyes, pero también recursos y capacidades para hacerlas efectivas”, finalizó.

Por su parte, Jennifer Murillos Martínez, rectora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, desatacó que la desaparición de personas se vive de forma diferente en las comunidades indígenas, convierte a toda la comunidad en victimas indirectas, toda la comunidad participa en esta búsqueda; y, es necesario fortalecer la comunicación y coordinación con las instituciones para tener una respuesta pronta a las familias.

Asimismo, Humberto Urquiza Martínez, coautor del libro, subrayó que para la construcción del libro se contó con la participación de académicos, funcionarios y colectivos, diferentes perspectivas de este lamentable fenómeno, e hizo un llamado a duplicar en todo Michoacán, la empatía que tienen las comunidades originarias ante estas adversidades.

Finalmente, José Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre los colectivos de búsqueda y las instituciones, así como fortalecer las estrategias de búsqueda y atención, y que estas sean diferentes en los casos de desaparición de personas en la ciudad o en comunidades indígenas, ya que los contextos se viven diferentes.

Morelia, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- Con un llamado a cumplir con las disposiciones legales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, reiteró el respeto que debe haber con la autonomía de la Casa de Hidalgo, pero siempre dentro del respeto del marco legal vigente.

La diputada Bugarini Torres, recordó que el Congreso tiene facultades para legislar en materia universitaria, siempre dentro de los límites constitucionales, y señaló que solicitar información institucional para dar seguimiento a una disposición legal no equivale a elegir autoridades universitarias.

“Sí, la autonomía se respeta y así ha sido siempre en esta 76 Legislatura, pero también hemos respetado la ley. Ninguna autoridad puede decidir unilateralmente qué disposiciones cumple y cuáles desconoce. Si existe una inconformidad jurídica, hay mecanismos institucionales para resolverla”, expresó.

Asimismo, señaló que si bien hay algunas autoridades que no han respetado lo establecido en la Ley Orgánica de la UMSNH, el Congreso del Estado tiene la facultad de hacer que la Ley se cumpla y por ello es que el el próximo 8 de enero debe haber una nueva rectoría que conduzca los trabajos en la máxima casa de estudios de la entidad.

La legisladora local, hizo un llamado para que se privilegie el diálogo, la legalidad y el respeto entre instituciones, siempre bajo el respeto total de la autonomía universitaria, además subrayó que las diferencias sobre la interpretación de la reforma deben resolverse por las vías correspondientes.

“La Universidad Michoacana es más grande que cualquier diferencia entre autoridades. Lo que está en juego no es una disputa personal, sino la certeza jurídica de su proceso de renovación. Nuestro compromiso es con la comunidad nicolaita, con sus instituciones y con el Estado de derecho”, concluyó.