•⁠ ⁠“La vigilancia sanitaria no es un trámite burocrático; es una herramienta para proteger la vida, la integridad y la salud de las personas”, señaló

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2026. El diputado Alfredo Anaya Orozco presentó una iniciativa para adicionar al Código Penal del Estado de Michoacán un capítulo específico que sancione el ocultamiento doloso de establecimientos sujetos a vigilancia sanitaria, como clínicas, consultorios y centros de servicios estéticos y de belleza que anuncian un domicilio pero atienden en otro lugar para evitar la inspección de la autoridad.

El legislador explicó que el problema no es solo que exista una diferencia de domicilio, sino que en determinados casos esa práctica se realiza deliberadamente para impedir que las autoridades sanitarias localicen, inspeccionen y verifiquen las condiciones en que se prestan los servicios. “La vigilancia sanitaria no es un trámite burocrático; es una herramienta para proteger la vida, la integridad y la salud de las personas”, subrayó.

Anaya Orozco aclaró que la iniciativa no pretende criminalizar a quienes cambian de domicilio, atienden a domicilio, trabajan en distintas instalaciones o tienen sucursales legalmente establecidas. Tampoco busca convertir cualquier irregularidad administrativa en un delito. Lo que se propone, dijo, es sancionar a quienes de manera deliberada utilizan domicilios falsos o distintos con el propósito específico de ocultar el lugar donde realizan sus actividades y evadir la supervisión sanitaria.

El diputado precisó que esta conducta tampoco debe confundirse con el delito de fraude: mientras el fraude daña el patrimonio de las personas, la conducta que se plantea sancionar busca proteger la vigilancia sanitaria y, con ello, la salud pública. Incluso, cuando ambas conductas se presenten, deberán acreditarse por separado conforme a la ley.

“No podemos permitir que, mientras las autoridades buscan garantizar servicios seguros, existan quienes encuentren mecanismos para esconder sus establecimientos y colocarse fuera de la supervisión sanitaria”, afirmó. La ciudadanía, agregó, tiene derecho a saber dónde y en qué condiciones recibe atención médica y estética, así como a servicios prestados por personas calificadas y en instalaciones que cumplan con las disposiciones aplicables.

Finalmente, Alfredo Anaya Orozco señaló que la iniciativa no busca obstaculizar actividades legítimas, sino cerrar espacios de impunidad y fortalecer la protección de quienes confían su salud a estos establecimientos. “Cuando se trata de la salud de las personas, la vigilancia de la autoridad no puede evadirse mediante un domicilio falso. La salud de Michoacán merece protección, responsabilidad y vigilancia efectiva”, concluyó.

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre 2026.- Es imprescindible reconocer los derechos de quienes cuidan a otros y que generalmente se trata de mujeres, así que el diputado Toño Carreño Sosa, presentó la iniciativa para Expedir la Ley del Sistema Estatal de Cuidados de Michoacán.

Esta propuesta, indicó el legislador, fortalece la ya presentada por la bancada de Movimiento Ciudadano -hace poco más de un año-; propone un Sistema Estatal que coordine a las autoridades con responsabilidades en salud, educación, asistencia social e igualdad; una Junta de Coordinación; un diagnóstico y un Programa Estatal; un Registro de servicios; y evaluación periódica. Se trata de pasar de acciones dispersas a una política articulada, con información, responsables y seguimiento.

La iniciativa reconoce derechos de quienes cuidan, como información, orientación, capacitación, acompañamiento para proteger su salud y participación en las decisiones públicas. También protege la autonomía de quienes reciben cuidados y es que necesitar apoyo no significa perder la capacidad de decidir sobre la propia vida. Nadie debe ser obligado a cuidar por estereotipos de género.

El legislador de la Bancada Naranja explicó en tribuna que esta realidad se presenta cuando acompañamos a una niña, atendemos a una persona mayor o apoyamos a quien vive con discapacidad o enfrenta una enfermedad. El cuidar es un trabajo indispensable en nuestra sociedad y que suele realizarse en silencio y recae desproporcionadamente en las mujeres.

La Suprema Corte, ha reconocido el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. La Corte Interamericana, desarrolló esas dimensiones y advirtió que la distribución desigual de los cuidados reproduce discriminación y limita otros derechos, particularmente los de las mujeres. El mensaje es claro: el cuidado no puede descansar en las familias, y mucho menos en las mujeres.

“En nuestro Estado hay razones para actuar. La población envejece, existe dispersión territorial y diversidad lingüística que deben considerarse al planear los servicios. Por eso proponemos criterios de accesibilidad, pertinencia cultural y lingüística, igualdad y atención prioritaria”.

Toño Carreño aclaró que la iniciativa no contempla crear centros, plazas, subsidios o prestaciones sin presupuesto aprobado, ni la creación de nuevas estructuras, ni la invasión de competencias federales, laborales o de seguridad social. Ordena la coordinación con los recursos existentes y dispone que cualquier ampliación de servicios cuente con suficiencia presupuestaria.

“Hoy el tema de cuidados está presente en cada una de nuestras familias, todos tenemos en nuestra casa a algún familiar con discapacidad, alguien que requiere un cuidado pertinente y esa persona no solo está invisibilizada, genera afectación colateral a la familia y afecta a las mujeres, así que es una iniciativa que ayuda a la equidad de género, una iniciativa aterrizable, así que se propone coordinación entre las instituciones ya existentes, con el presupuesto actual y así visibilizar el tema de cuidados y sobre todo, cuidar a quienes cuidan, así que invitó a las comisiones de salud y gobernación a revisarla y que nos puede permitir un legado histórico para Michoacán, justicia social , sin generar mayor carga fiscal”.

Finalmente, Toño Carreño alertó a que en Michoacán, cuidar no signifique quedarse solo; que recibir cuidados no signifique perder autonomía; y que quien cuida también pueda vivir con dignidad. Porque cuidar es sostener la vida, y garantizar ese derecho es una tarea pública que ya no podemos posponer.

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre del 2026.- La diputada Sandra Arreola Ruiz presentó ante el Pleno una iniciativa para reformar el artículo 55 de la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales, con el objetivo de establecer medidas específicas para atender a los animales cuando su traslado se vea interrumpido o cuando ocurra un accidente.

La propuesta surge a raíz del accidente ocurrido el pasado 19 de agosto en el tramo carretero de La Piedad a Degollado, donde un camión que transportaba cerdos sufrió una volcadura; varios animales quedaron heridos y el vehículo se incendió mientras todavía había animales con vida en su interior.

«Imaginemos por un momento lo que significó para esos animales encontrarse atrapados, heridos, rodeados de fuego y sin posibilidad de escapar. Seres vivos que experimentaron dolor, miedo y sufrimiento, y que dependían de que alguien pudiera auxiliarlos», expresó la legisladora.

Arreola Ruiz señaló que este caso dejó al descubierto preguntas que antes se pasaban por alto: ¿qué pasa con los animales cuando ocurre un accidente durante su traslado? ¿Quién se encarga de rescatarlos? ¿Quién les brinda atención médica?

«No podemos esperar a que ocurra otra tragedia para preguntarnos si nuestras instituciones están preparadas para actuar. No podemos dejar la atención de los animales a la buena voluntad de quienes se encuentren en el lugar, ni permitir que su rescate dependa de la improvisación», subrayó.

La propuesta plantea tres ejes principales que son garantizar condiciones adecuadas durante interrupciones del traslado; coordinar la atención en emergencias estableciendo expresamente que, ante un accidente de tránsito, volcadura o cualquier otra emergencia que involucre vehículos que transporten animales, y crear un Protocolo Estatal de Actuación para la Atención de Animales No Humanos en Accidentes de Transporte Terrestre.

La diputada aclaró que la propuesta no busca poner en segundo plano la seguridad de las personas, sino que, una vez garantizada ésta, exista también una respuesta institucional para los animales.

«Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso más en la protección de los animales en Michoacán y reconocer que su bienestar también importa durante el traslado. Porque el respeto a la vida también se demuestra en nuestra capacidad de proteger a quienes no tienen voz», concluyó la Diputada Sandra Arreola Ruiz.

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- El Congreso del Estado signó un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Michoacán y la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ejecutivo del Estado, que permitirá desarrollar la Consulta relativa a las medidas legislativas, a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanos y Personas con Discapacidad, en materia de educación indígena y educación inclusiva.

Como parte de las acciones para dar cumplimiento a las sentencias de acción de inconstitucionalidad 168/2020 y su acumulada 177/2020, así como a la 84/2024, este miércoles la Comisión Especial para dar Seguimiento a la Consulta Pública para la Reforma a la Ley de Educación se reunió con las comisiones de Educación; Derechos Humanos; Derechos Indígenas y Afromexicanos; Gobernación; Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales; y de Justicia para aprobar el protocolo para la consulta.

El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona reconoció la labor tanto de la Comisión Especial, como de las distintas comisiones de dictamen vinculadas, así como al Instituto Electoral de Michoacán y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para establecer la ruta de la consulta, que permitirá tomar en cuenta la voz de quienes por muchos años no han sido atendidos oportunamente.

La presidenta de la Comisión Especial, Eréndira Isauro señaló que el Congreso de Michoacán por primera vez realizará dicho ejercicio democrático, dejando un legado importante, como referente para las consultas de toda medida legislativa, que afecte a los sectores históricamente olvidados.

En la reunión celebrada en el Salón de Recepciones del Poder Legislativo, la diputada, junto con los presentes, acordó que será el próximo 7 de diciembre cuando el Congreso del Estado lleve a cabo un ejercicio de participación y socialización del protocolo con las personas con discapacidad, incluidas la niñez y la adolescencia a través de las organizaciones que las representa, en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Por su parte, el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera anticipó que en dicha consulta también podrá atenderse las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la impugnación que se realizó a diversas disposiciones de la Ley de Justicia Cívica, al considerarse que vulneraban, derechos humanos y principios constitucionales.

La Consejera Presidenta Provisional del IEM, Selene Lizbeth González dijo sentirse honrada de colaborar con el Congreso del Estado, porque ello implica que ven en su institución, una autoridad sólida, una autoridad fuerte, una autoridad en la que confían la realización de consultas tan trascendentes, que nunca habían sucedido en Michoacán.

Finalmente, Josué Alfonso Mejía Pineda y Yareni Karla Pérez Vega, Presidente y la Titular del Mecanismo de Monitoreo sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, de la CEDH señalaron que la importancia de la consulta en beneficio de las personas con discapacidad y las personas de los pueblos originarios.

“El Congreso del Estado tiene la tarea sumamente importante de rescatar a los 836 mil personas con discapacidad que existen en este estado, tomarlos en cuenta y verdaderamente mostrar que no son invisibles, que realmente son partícipes de la política pública que hay en el Estado de Michoacán”, resaltó Yareni Pérez.

*La iniciativa plantea reformar el Código Penal de Michoacán para sancionar el uso indebido o fraudulento de aplicaciones bancarias cuando se afecte el patrimonio de este sector de la población.

Morelia, Michoacán a 11 de noviembre del 2026.- Ante el incremento de los riesgos que enfrentan las personas adultas mayores al utilizar servicios bancarios digitales, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis Silva, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán e incorporar una figura específica que sancione el uso indebido o fraudulento de aplicaciones financieras en perjuicio de este sector de la población.

El legislador explicó que la digitalización de los servicios financieros ha facilitado operaciones como el cobro de pensiones, las transferencias y las consultas bancarias; sin embargo, también ha generado nuevas condiciones de vulnerabilidad para quienes enfrentan dificultades para utilizar plataformas digitales y aplicaciones móviles.

Advirtió que, en muchos casos, las personas adultas mayores dependen de familiares, cuidadores, conocidos o terceros para realizar operaciones básicas. Esta situación puede ser aprovechada por personas de su entorno que, mediante engaños o abuso de confianza, obtienen acceso a sus teléfonos, contraseñas o aplicaciones bancarias para realizar transferencias no autorizadas, disponer de sus ahorros e incluso contratar créditos a su nombre.

“Estamos hablando del patrimonio que muchas personas adultas mayores construyeron durante toda una vida de trabajo, así como de los recursos que reciben por sus pensiones, programas sociales, remesas o apoyo de sus familiares. No podemos permitir que la confianza de quienes necesitan ayuda para realizar una operación bancaria se convierta en una oportunidad para despojarlos de sus recursos”, señaló.

Celis Silva sostuvo que las disposiciones penales actuales pueden resultar insuficientes o de difícil aplicación frente a estas conductas, debido a que no contemplan de manera específica el abuso de confianza digital cometido contra personas adultas mayores.

Por ello, la propuesta busca establecer una figura penal que permita identificar y sancionar estas prácticas, contemplando penas, multas y la reparación integral del daño. Asimismo, plantea agravantes cuando el responsable sea una persona cercana a la víctima o alguien que tenga una relación de cuidado, confianza o responsabilidad sobre ella.

El diputado destacó que el daño ocasionado no se limita a una afectación económica: para una persona adulta mayor, perder sus ahorros o comprometer sus ingresos mediante créditos no autorizados puede poner en riesgo su autonomía, seguridad económica y condiciones de vida.

La iniciativa también plantea fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores, particularmente su patrimonio, dignidad, igualdad y acceso efectivo a la justicia, ante nuevas modalidades de abuso que surgen en el entorno digital.

Finalmente, Juan Pablo Celis señaló que el avance tecnológico debe ir acompañado de mecanismos legales que protejan a quienes enfrentan mayores dificultades para adaptarse a estos cambios.

“Las herramientas digitales deben estar al servicio de las personas, no convertirse en instrumentos para abusar de ellas. Tenemos que cerrar espacios a estas prácticas y garantizar que las personas adultas mayores puedan disponer de sus pensiones y ahorros con seguridad, autonomía y respeto a sus derechos”, concluyó.

Morelia, Michoacán, a 11 de noviembre del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado, exhortó al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2027, destine cuando menos el 2% del gasto total a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El acuerdo aprobado, también establece que “en caso de que, al momento en que el Pleno de este Congreso apruebe el presente Acuerdo, el titular del Poder Ejecutivo ya hubiera remitido la iniciativa de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2027, se le exhorta respetuosamente para que haga llegar a esta Soberanía un alcance a dicha iniciativa, a fin de incorporar la asignación a que se refiere el punto anterior”.

El legislador Guillermo Valencia Reyes, impulsor de este exhorto, propuso remitir copia del presente Acuerdo a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Deuda Pública, a fin de que, con independencia de lo proyectado por el Ejecutivo, en el análisis y dictamen del paquete económico realicen los ajustes necesarios en apoyo del campo michoacano.

El diputado local señaló en la máxima tribuna del Estado, que “las y los productores michoacanos no pueden seguir cargando solos con el peso de la inseguridad, la extorsión y el abandono presupuestal. Invertir en el campo es invertir en la paz, en el empleo y en la permanencia de las familias en sus comunidades. Un campo fuerte, con productores respaldados por sus instituciones, es también un campo menos vulnerable frente a la delincuencia”, finalizó.