En vísperas de la conmemoración de la lucha obrera, el diputado Hugo Rangel presentó una iniciativa para tipificar como faltas administrativas graves la coacción, el uso de recursos públicos y la presión jerárquica en la vida gremial.
Morelia, Michoacán, a 29 de Abril del 2026. A escasos días de la conmemoración del Día del Trabajo, el diputado Hugo Rangel presentó ante el pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura una iniciativa de reforma integral para garantizar la democracia y libertad sindical en el sector público.
El legislador destacó que este acto de congruencia busca saldar una deuda con la clase trabajadora, ya que Michoacán se encuentra en una omisión legislativa al no haber armonizado su norma local con el decreto federal vigente desde diciembre de 2025.
La propuesta de decreto adiciona el artículo 69 Quáter a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, estableciendo un catálogo de 19 conductas prohibidas que vulneran la neutralidad institucional. Entre los actos de injerencia que se pretenden erradicar se encuentran la utilización de programas sociales para inducir el voto, el desvío de fondos públicos para favorecer planillas y la intimidación jerárquica sobre los subordinados.
Al respecto, Rangel Vargas fue enfático desde la tribuna: “Hoy, al legislar sobre la autonomía sindical, además de cumplir con un mandato técnico, estamos honrando la memoria de las luchas populares que nos trajeron hasta aquí”.
Uno de los pilares de la reforma, dijo, es la vinculación directa con la Ley de Responsabilidades Administrativas, de modo que cualquier intromisión gubernamental sea catalogada como una falta administrativa grave. Esto faculta al Tribunal en Materias Administrativa y Anticorrupción para imponer sanciones ejemplares a los infractores, tales como la suspensión, la sanción económica, la destitución del cargo o la inhabilitación temporal para el servicio público.
La iniciativa, explicó, busca proteger al trabajador de base frente a la asimetría de poder que representan los mandos de confianza y las estructuras institucionales.
Finalmente, el diputado señaló que esta reforma garantiza la observancia de los estándares internacionales de la OIT, asegurando que el Estado actúe únicamente como garante de la legalidad y no como un actor que secuestre la voluntad gremial.
Al cerrar su intervención Hugo Rangel sentenció: “Michoacán no será más el terreno donde el cargo público se utilice para secuestrar la voluntad de los trabajadores. Devolvamos el sindicato a su legítimo dueño, el pueblo trabajador”.
