Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2026. El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la recién aprobada reforma electoral en Michoacán mantiene intactos los requisitos para las candidaturas independientes, al preservar el porcentaje del 2 por ciento del listado nominal tanto para quienes aspiren a contender por la gubernatura del estado como para las diputaciones locales en cada distrito electoral.
El encargado de la política interna explicó que, de acuerdo con el listado nominal vigente, para una candidatura independiente a la gubernatura de Michoacán se requerirá la recolección de 73 mil 196 firmas ciudadanas, cifra equivalente al 2 por ciento de los 3 millones 659 mil 813 ciudadanos inscritos en la lista nominal estatal.
Asimismo, detalló que para las diputaciones locales el requisito también se mantiene en el 2 por ciento del listado nominal correspondiente a cada distrito electoral, por lo que las firmas requeridas oscilan entre las 2 mil 576 y las 3 mil 634, dependiendo de la demarcación.
Raúl Zepeda Villaseñor señaló que la reforma no vulnera ni limita la participación de las candidaturas independientes, sino que fortalece las reglas democráticas para garantizar condiciones claras, equitativas y transparentes para todas y todos los ciudadanos que deseen participar en la vida pública del estado.
“Las candidaturas independientes están plenamente garantizadas y respetadas dentro de la reforma recientemente aprobada. Se mantiene el mismo porcentaje del 2 por ciento para la recolección de firmas y, además, se impulsa una reglamentación que otorgue certeza y piso parejo para quienes busquen participar por esta vía”, expresó el funcionario estatal.
Indicó que el Gobierno de Michoacán se mantiene como garante de procesos democráticos abiertos y transparentes, privilegiando siempre la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones electorales.
Finalmente, subrayó que la reforma responde a la necesidad de consolidar reglas claras para todos los actores políticos, preservando los derechos político-electorales de la ciudadanía y fomentando una mayor confianza en los procesos democráticos del estado.
