Morelia, Michoacán,La diputada Giulianna Bugarini presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para aumentar las penas cuando los delitos de violación o abuso sexual sean cometidos contra niñas, niños o adolescentes dentro de una institución educativa pública o privada. La propuesta recibió el respaldo de las y los diputados, quienes la turnaron para su análisis legislativo.

La reforma propone incorporar una agravante al artículo 168 del Código Penal de Michoacán para que estos delitos sean castigados con mayor severidad cuando ocurran dentro de una escuela. La iniciativa no crea un nuevo delito; fortalece la legislación vigente al reconocer que una agresión cometida en un plantel educativo tiene una gravedad mayor por tratarse de un espacio que debe garantizar protección, confianza y seguridad para las y los estudiantes.

“La escuela debe ser un lugar donde las familias tengan la certeza de que sus hijas e hijos están seguros. Quien traicione esa confianza y dañe a una niña, un niño o un adolescente dentro de una institución educativa debe enfrentar un castigo más severo. Nuestro deber es proteger a la niñez y fortalecer la ley para que nunca haya impunidad”, afirmó Giulianna Bugarini durante la presentación de la iniciativa.

La legisladora explicó que este tipo de delitos no sólo afectan profundamente a la víctima, sino que también vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación en un ambiente seguro, generan consecuencias psicológicas de largo plazo y debilitan la confianza de las familias en las instituciones educativas.

Giulianna Bugarini reiteró que esta reforma busca cerrar un vacío en la legislación estatal y reforzar la protección de la niñez en Michoacán. “Las escuelas son para aprender, crecer y soñar. Desde el Congreso seguiremos impulsando leyes que garanticen que sean espacios seguros para todas y todos”, concluyó.

Con aprobación de reforma, el Congreso del Estado prohibe la reelección y el nepotismo electoral

Morelia, Michoacán, Con la finalidad de prohibir la reelección inmediata y delimitar quiénes no pueden aspirar a una diputación o cargo municipal, prohibiendo estrictamente el nepotismo en línea recta y colateral hasta el cuarto grado, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura por unanimidad, reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

En Sesión Extraordinaria, las y los diputados del Congreso del estado votaron a favor del Dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales sobre las reformas propuestas por Ma. Fabiola Alanís, Emma Rivera, María Itzé Camacho, Belinda Iturbide, Melba Albavera, Giulianna Bugarini, Jaqueline Avilés, Nalleli Pedraza, Diana Mariel Espinoza, Juan Carlos Barragán, Antonio Mendoza, Juan Pablo Celis, Iván Arévalo, Helder Valencia, Hugo Rangel, J. Reyes Galindo, Baltazar Gaona y Vicente Gómez.

De acuerdo con las Consideraciones del Dictamen, al prohibir la reelección inmediata a los cargos populares para diputados locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, así como jueces y magistrados del Poder Judicial, se garantiza la equidad en la campaña electoral y la dedicación exclusiva de la actividad de la función pública.

Respecto al nepotismo, en él se precisa que el objetivo fundamental es eliminar el fenómeno familiar de los puestos populares en el Estado de Michoacán, a fin de evitar el bloqueo de las alternancias democráticas en los procesos electorales.

De tal manera, que con dichas reformas se establece una restricción temporal y no absoluta al derecho de ser votado para las personas Diputadas, Presidentes y Presidentas Municipales, Regidoras y Regidores, y personas Síndicas, en aras de la probidad y la dedicación exclusiva a la gestión pública.

En el Artículo 9, quedó establecido que son obligaciones de la ciudadanía desempeñar los cargos de elección popular del Estado y del municipio para los que fueron designados; que los puestos públicos, designaciones, cargos de representación popular y encargaturas de despacho, no podrán ser consideradas, ni entenderse, con uso de exclusividad, posesión y patrimonio personal ni familiar de las personas que los ejercen.

El Artículo 20 precisa que las y los diputados no podrán ser reelectas para el período inmediato posterior al ejercicio de su mandato; y que las personas diputadas suplentes podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas diputadas propietarias no podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de suplentes.

En la Constitución del Estado se ordena que no podrán ser electas a desempeñarse como Gobernador o Gobernadora, Diputado o Diputada, Presidente, o Presidenta Municipal, Regidor o Regidora, Síndica, las personas quienes tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del cargo.

A través del Artículo Transitorio Tercero y Cuarto, el Pleno del Congreso del Estado definió que respecto de la prohibición de reelección así como de la prohibición de nepotismo electoral, serán aplicables a partir del proceso electoral a celebrarse en 2030.

Se incorporan a la ley en la materia conceptos como: ajustes razonables, abandono, cuidados paliativos, consentimiento libre e informado

Morelia, Michoacán, El Pleno de la 76 Legislatura fortaleció el marco jurídico estatal en materia de protección de los derechos de las personas mayores, mediante la incorporación de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

La Comisión de Derechos Humanos fue la encargada de dictaminar la reforma a los artículos 16 y 23, y adición de diversas fracciones a los artículos 2°, 8°, así como el artículo 9 Quinquies todos de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado.

En este sentido, se incorporaron a la ley los conceptos de ajustes razonables, abandono, cuidados paliativos, consentimiento libre e informado, y maltrato institucional; y, se establecieron como principios rectores la dignificación, la atención preferente y el enfoque de curso de vida.

Al incorporar la figura de ajustes razonables constituye una garantía del derecho a la igualdad y no discriminación, al establecer la obligación de realizar modificaciones y adaptaciones necesarias que permitan a las personas mayores ejercer sus derechos en condiciones de equidad, eliminando barreras físicas, institucionales o procedimentales que puedan limitar su participación plena en la vida social y jurídica.

Por su parte, al ampliar el concepto de violencia mediante la incorporación del abandono y del maltrato institucional fortalece el marco de protección jurídica, al reconocer que las violaciones a derechos humanos no solo pueden derivar de acciones directas, sino también de omisiones institucionales o conductas sistemáticas, permitiendo una intervención más eficaz del Estado frente a dichas vulneraciones.

Asimismo, la regulación del consentimiento libre e informado como derecho irrenunciable, así como la incorporación de los cuidados paliativos dentro del marco normativo estatal, constituyen elementos esenciales para garantizar el derecho a la salud, la dignidad humana y la autonomía personal de las personas mayores, asegurando que toda intervención respete la voluntad expresa de la persona.

Finalmente, se crean áreas en los Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral de las Personas Mayores en el ámbito municipal, que garanticen los servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social a la población, consolidando mecanismos de atención directa y efectiva que contribuyen a la prevención de violaciones a derechos humanos y a la protección integral de este grupo poblacional.

Morelia, Michoacán, Todas las dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, organismos descentralizados y los gobiernos municipales de Michoacán, deberán contar de forma permanente con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

Lo anterior, luego de que las y los legisladores del Congreso del Estado votaron a favor del Dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos sobre la iniciativa de la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez con la finalidad fortalecer el derecho de las personas con discapacidad auditiva a una comunicación accesible y efectiva en su relación cotidiana con las instituciones del Estado.

En Sesión Extraordinaria las y los legisladores michoacanos votaron a favor de la adición del artículo 4 Ter a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo.

Con la modificación a la ley, se mandató que todas las dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, organismos descentralizados y los gobiernos municipales del Estado de Michoacán de Ocampo, deberán contar de forma permanente con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana o con personal debidamente capacitado en comunicación accesible para personas con discapacidad auditiva en sus oficinas, módulos y unidades de atención ciudadana.

Lo anterior, con el propósito de garantizar el derecho a la comunicación accesible, la atención digna, y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Su implementación deberá ser progresiva y prioritaria en las áreas con mayor contacto con el público.

La diputada Caratachea Sánchez, en su iniciativa planteó que con la reforma se busca hacer efectiva la inclusión, romper barreras históricas y avanzar hacia un Estado más accesible, justo e igualitario, en el que la comunicación deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho garantizado para todas y todos.

“El Estado debe reconocer que la lengua de señas mexicana (LSM) no es sólo un mecanismo de apoyo, sino una lengua nacional con valor cultural, identidad propia y derechos lingüísticos reconocidos. Por tanto, garantizar intérpretes o personal capacitado en LSM en las oficinas públicas es reconocer y respetar la identidad de la comunidad sorda y permitirle ejercer su ciudadanía en condiciones de equidad”, precisó.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos en sus Consideraciones estableció que garantizar la disponibilidad de intérpretes de LSM en los servicios públicos no es sólo una acción afirmativa, sino una exigencia constitucional y convencional que permite materializar la igualdad sustantiva y la inclusión efectiva de las personas con discapacidad auditiva en la vida social, educativa, laboral y política del Estado.

“Con esta medida, se garantiza la accesibilidad comunicativa institucional y se elimina una de las principales causas de exclusión sistémica de la comunidad sorda, transformando el silencio institucional en voz ciudadana efectiva”, concluyó.

Respecto al análisis financiero, determinaron que la implementación de la reforma no implica una carga presupuestal adicional, dado que puede realizarse mediante la reorientación de recursos humanos y materiales ya existentes. “Además, las instituciones pueden aprovechar los programas federales de capacitación en LSM, garantizando su sostenibilidad sin afectar el erario estatal, conforme a los principios de responsabilidad, racionalidad y eficiencia presupuestaria”.

⁠La reforma será remitida a los ayuntamientos del Estado para continuar con el procedimiento constitucional y sus disposiciones entrarán en vigor a partir del proceso electoral de 2030.

Morelia, Michoacan,El diputado local del PRD, Octavio Ocampo, tras votar a favor de la reforma constitucional en materia de no reelección inmediata, aprobada este miércoles por el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, dijo que esta reforma representa la culminación del trabajo realizado en la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual forma parte el legislador, donde se llevó a cabo el análisis, estudio, integración y dictaminación de las diversas iniciativas que dieron origen a esta importante reforma constitucional.

Durante el proceso legislativo, la Comisión consolidó en un solo dictamen distintas propuestas orientadas a armonizar la Constitución Política del Estado de Michoacán con la reciente reforma constitucional federal, fortaleciendo principios como la equidad democrática, la transparencia y la renovación en el ejercicio del poder público.

Con su voto favorable en el Pleno, Octavio Ocampo dijo refrendar su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con la construcción de un marco jurídico que garantice igualdad de oportunidades en la competencia electoral, evitando prácticas que generen ventajas indebidas y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones.

Entre los principales alcances de la reforma destaca la eliminación de la reelección inmediata para diputadas y diputados, integrantes de los ayuntamientos y demás cargos de elección popular previstos en la Constitución local, con el propósito de favorecer la renovación de los espacios de representación pública. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor para los procesos electorales de 2030, conforme a los plazos establecidos en la reforma constitucional.

Al tratarse de una reforma a la Constitución Política del Estado de Michoacán, el decreto será remitido a los ayuntamientos para que los cabildos emitan el voto correspondiente conforme al procedimiento constitucional. Una vez que sea aprobado por la mayoría de los municipios, el Congreso realizará la declaratoria de validez y enviará el decreto al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

“Desde la Comisión de Puntos Constitucionales asumimos con responsabilidad el análisis de una reforma de gran trascendencia para Michoacán. Hoy, con su aprobación en el Pleno, damos un paso importante para fortalecer la democracia, garantizar reglas más equitativas en la competencia electoral y consolidar instituciones más transparentes y cercanas a la ciudadanía”, expresó el diputado Octavio Ocampo.

Finalmente, el diputado Octavio Ocampo reiteró que desde el Congreso del Estado continuará impulsando reformas que fortalezcan el Estado de Derecho, promuevan la transparencia y consoliden una democracia más justa, incluyente y cercana a la ciudadanía, privilegiando siempre el interés público y la confianza de las y los michoacanos en sus instituciones.

En rueda de prensa la diputada Adriana Campos y alcaldesa Alejandra Ortiz invitan a las y los michoacanos y turistas a disfrutar de esta fiesta

Morelia, Michoacán, Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural, impulsar el turismo y generar una mayor derrama económica para las familias de Chilchota, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local, Adriana Campos Huirache, y la presidenta municipal de Chilchota, Alejandra Ortiz Suárez, presentaron en el Congreso del Estado, la Expo Fiesta Chilchota Eráxamani 2026, que se llevará a cabo del 19 al 26 de julio, e invitaron a las y los michoacanos a ser parte de una de las festividades más representativas de la región.

Durante la rueda de prensa, la diputada Adriana Campos destacó que las ferias tradicionales son una oportunidad para preservar las raíces de los pueblos, fortalecer la identidad cultural y proyectar la riqueza histórica y artesanal de Michoacán, además de convertirse en un importante motor para la economía local mediante la llegada de visitantes.

La coordinadora parlamentaria del PRI subrayó que desde el Congreso del Estado continuará respaldando las acciones que fortalezcan a los municipios y promuevan sus tradiciones, al considerar que la cultura y el turismo son pilares para impulsar el desarrollo regional y mejorar las oportunidades para las familias michoacanas.

Por su parte, la presidenta municipal de Chilchota, Alejandra Ortiz Suárez, dio a conocer el programa de actividades de la Expo Fiesta, que contempla la inauguración y elección de la Ireri 2026, espectáculos infantiles, presentaciones artísticas y musicales, el tradicional baile de época, la Fiesta Patronal en honor a Santiago Apóstol y un evento cultural de clausura.

En la presentación también participaron el diputado local Vicente Gómez Núñez; la regidora de Turismo, Karen Estrada Álvarez Trejo; el regidor Abraham Huerta Santos; la regidora de Asuntos Indígenas, Martha Alicia Lorenzo Pascual; y Estefany Palato Ixta, candidata a Ireri 2026, quienes coincidieron en la importancia de promover esta celebración para fortalecer el turismo y difundir las tradiciones de Chilchota.

Destacaron que la Expo Fiesta Chilchota Eráxamani 2026 ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales, religiosas, artísticas y recreativas para toda la familia, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región por su riqueza cultural y la participación de la comunidad.

Finalmente, Adriana Campos Huirache y Alejandra Ortiz Suárez reiteraron la invitación a las familias de Michoacán y a visitantes de otras entidades para asistir del 19 al 26 de julio a Chilchota, disfrutar de sus tradiciones, su gastronomía y su hospitalidad, y contribuir al fortalecimiento de una celebración que enaltece el orgullo y la identidad del pueblo purépecha.

Morelia, Michoacán, El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, cuestionó la recepción personal que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, brindó a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, en el marco de la tramitación de una acción de inconstitucionalidad relacionada con la reforma electoral de Michoacán.

El legislador consideró que la actuación del presidente de la Corte genera dudas sobre el principio de imparcialidad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente al tratarse de un asunto que deberá ser analizado y resuelto por el máximo tribunal del país.

“Quienes acuden ante la Suprema Corte deben tener la certeza de que recibirán un trato igualitario y de que quienes participen en la resolución de los asuntos mantendrán absoluta imparcialidad. La justicia no puede generar percepciones de cercanía, simpatía o trato diferenciado hacia ninguna de las partes”, señaló Gaona García.

Ante esta situación, Baltazar Gaona adelantó que analiza presentar un escrito de recusación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de solicitar que el ministro Hugo Aguilar Ortiz se abstenga de participar en la discusión y votación del litigio relacionado con la reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán.

“No cuestionamos el derecho de ninguna persona o autoridad a recurrir a los tribunales ni a presentar los recursos que considere pertinentes. Lo que cuestionamos es que el presidente del máximo tribunal del país reciba personalmente a una de las partes y proyecte una imagen que puede comprometer la percepción de imparcialidad que debe prevalecer en todo proceso constitucional”, puntualizó.

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva exigió que el asunto sea resuelto con plena objetividad, a partir de un estudio exhaustivo de los argumentos jurídicos planteados por las partes. Asimismo, consideró necesario que, una vez emitida la resolución, se expliquen de manera clara y precisa al pueblo de Michoacán los fundamentos, alcances y consecuencias de la determinación adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Memo Valencia propopne castigar con 40 años de prisión el reclutamiento forzado

Morelia, Michoacán, Una pena de hasta 40 años de cárcel propone el diputado del PRI, Memo Valencia, para castigar con severidad a quien obligue a otros a integrarse a la delincuencia, y este sea más grave «cuando el reclutamiento se realice en contra de menores de edad, personas de la tercera edad o personas pertenecientes a comunidades indígenas».

Aseveró que, si estas modificaciones ya existieran en el Código Penal estatal, “delincuentes como ‘El Sierra 1’, detenido recientemente, tendría que responder por este delito que se ha convertido en un gran problema en toda la entidad, no solo en la zona de influencia de este criminal”.

«Habría un concurso de delitos y tengan la certeza que para la autoridad sería más fácil castigarlo. Y también que el juzgador tendría la posibilidad de sentenciarlo a más años de cárcel», dijo.

Señaló que, así como la zona de Morelia ha padecido este fenómeno del reclutamiento forzado de personas, hay municipios de Tierra Caliente, como Apatzingán, donde también se presenta.

«Ojalá y se pueda dictaminar al respecto y hagamos de eso una realidad que estamos seguros que las barreras políticas que tenemos nos lleven a coincidir en acelerar estos temas para que sean pronto una realidad, porque acabamos el periodo legislativo, pero los delincuentes, secuestradores, integrantes del crimen organizado, no tienen vacaciones», pidió.

El diputado Memo Valencia insistió en legislar este tema de forma rápida, porque el que no sea considerado un delito no es responsabilidad del gobernador o de la presidenta del país, sino de los propios diputados.

La iniciativa que reforma la denominación del Capítulo III del Título Sexto del Libro Segundo, y los Artículos 173 y 174 del Código Penal del Estado de Michoacán, fue apoyada por diputados de diversos grupos parlamentarios y turnada a la Comisión de Justicia.