Se abrogó la Ley del Consejo Económico y Social del Estado

Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026. La 76 Legislatura crea el Consejo Michoacano para el Desarrollo Económico, el cual será el encargado de generar consenso, orientar decisiones económicas con base en evidencias, convirtiéndose en pieza clave en el modelo de desarrollo económico de Michoacán.

Por mayoría de votos, las y los diputados avalaron la creación del Consejo que permitirá articular los esfuerzos del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil organizada, bajo un mismo objetivo: diseñar, coordinar y dar seguimiento a una política económica de largo plazo, sostenible, equitativa y competitiva, establece el dictamen elaborado por la Comisión de Industria, Comercio y Servicios.

Dicho dictamen fue el resultado del estudio y análisis de las iniciativas presentadas por os diputados David Martínez Gowman, Antonio Mendoza Torres y Vanessa Caratachea Sánchez, así como, la impulsada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para reformar diversos artículos la Ley de Desarrollo Económico de Michoacán y se abroga la Ley del Consejo Económico y Social del Estado.

Es así, que el Consejo de nueva creación será un órgano colegiado consultivo de participación ciudadana, asesoría, consulta y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos estratégicos de la Secretaría en la materia, que impulsen el desarrollo económico del Estado.

Este, estará integrado bajo los principios de paridad de género, por el titular del Poder Ejecutivo del Estado (presidente), titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (vicepresidencia), titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, y titular de la Secretaría de Educación.

Como representante del Poder Legislativo será la persona titular de la presidencia de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios; y por parte de la sociedad civil en calidad de consejeros: una persona representante del sector académico; y, dos personas representantes de los sectores económicos predominantes en el estado.

Cabe destacar que, al abrogar la Ley del Consejo Económico y Social de Michoacán, la Secretaría de Desarrollo Económico, fungirá como órgano liquidador y recibirá los recursos presupuestales que actualmente ejerce dicho Consejo, respetando todos los derechos laborales de los trabajadores conforme a su categoría y la legislación aplicable.

Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026. Ahora, por ley en Michoacán, las y los estudiantes podrán recibir una constancia que permita reconocer las habilidades y conocimientos adquiridos durante la realización de su servicio social.

Lo anterior, luego que en sesión extraordinaria la 76 Legislatura aprobó el dictamen elaborado por la comisión de Educación a partir de la propuesta impulsada por la diputada Teresita Herrera Maldonado, para reformar el artículo 186 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

Por unanimidad, las y los legisladores avalaron la reforma que reconoce que el servicio social constituye un espacio de aprendizaje práctico en el que las y los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en las aulas, fortalecen habilidades de trabajo colaborativo y adquieren experiencia en contextos laborales y comunitarios.

Dicha reforma, reconoce que uno de los principales desafíos que enfrentan las personas recién egresadas al incorporarse al mercado laboral es la falta de experiencia acreditable, por lo que, resulta pertinente generar mecanismos que permitan visibilizar y acreditar formalmente las capacidades desarrolladas durante la prestación del servicio social.

En este sentido, la emisión de esta constancia contribuirá a que las y los egresados cuenten con un documento oficial, fortaleciendo sus oportunidades de inserción en el mercado laboral y favoreciendo el reconocimiento de dichas actividades como experiencia relacionada con el desempeño profesional.

Finalmente, se estableció que un periodo de 90 días naturales para que las autoridades e instituciones educativas ajusten su normativa interna, a fin de que la reforma sea una realidad en beneficio de las y os estudiantes en Michoacán.

Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026. Las y los legisladores del Congreso del Estado modificaron la Ley de Educación para incorporar de manera expresa el enfoque de derechos humanos, el respeto y cuidado del medio ambiente, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y el principio de una educación libre de violencias.

La Comisión de Educación en conjunto con las comisiones de Protección a la Niñez y Adolescencia y de Igualdad Sustantiva y de Género dictaminó las iniciativas presentadas por Carlos Alejandro Bautista Tafolla, Carlos Alejandro Bautista Tafolla y Vicente Gómez Núñez a efecto de garantizar la congruencia normativa y la correcta implementación de dichos principios en el ámbito local.

Con las reformas a los artículos 17, 28, 29, 34, 113, 114, 117 y, 226; además de la adición de las fracciones I Bis y XVI Bis al artículo 4 en la Ley de Educación, se fortalecieron los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, igualdad sustantiva y educación libre de violencias para atender de manera estructural las desigualdades y diversas formas de discriminación que persisten en el ámbito educativo.

Así mismo, para eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de las y los educandos, y para ello, las y los integrantes de la 76 Legislatura del Congreso del Estado estipularon en la Ley de Educación que deberán implementarse políticas educativas con enfoque diferenciado, con perspectiva de género y de derechos humanos para la prevención y atención de la deserción escolar de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

También, que la autoridad educativa estatal orientará sus acciones para concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, seguro y libre de violencias, en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad.

Con la modificación al marco jurídico estatal, se definió que comete acoso sexual, quien en beneficio suyo o de un tercero, persiga, asedie física o verbalmente a persona de cualquier sexo, con fines sexuales no consentidos a otra persona, en el entorno escolar.

Mientras que el hostigamiento sexual, fue precisado como el ejercicio de quien, en función de una posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes o de cualquier otra clase que implique subordinación, solicite a otra persona para sí o para un tercero, cualquier tipo de acto de naturaleza sexual, dentro del entorno escolar.

Con la reforma al Artículo 17, las y los legisladores mandataron que la rectoría de la educación corresponde al Estado, de manera obligatoria, gratuita, laica, científica, universal, pública, integral, cívica e inclusiva, con perspectiva de género y de derechos humanos, eliminando toda forma de discriminación, exclusión y violencias, así como las demás condiciones estructurales que puedan implicar barreras para el aprendizaje y la participación.

Morelia, Michoacán, a 1 de julio del 2026. El Pleno de la 76 Legislatura, reformó el artículo 228 bis del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, para tipificar el delito de daño en las cosas conducta tecnología digital, que será la conducta cometida a través de medios tecnológicos, digitales, inteligencia artificial, tecnologías de la información, sistemas informáticos, plataformas digitales, redes de comunicación o medios electrónicos, destruya, deteriore, altere, inutilice o afecte total o parcialmente una cosa ajena o propia, cuando de dicha conducta derive un perjuicio económicamente apreciable en perjuicio de otro.

Con esta reforma se incorpora con claridad los elementos objetivos del tipo penal destrucción, deterioro, alteración o inutilización de la cosa, así como la exigencia de que el uso de medios digitales sea determinante en la producción del resultado lesivo, y el elemento subjetivo del dolo.

De la misma forma se integran criterios de valoración relacionados con el lucro, la reiteración de la conducta, la afectación a una pluralidad de víctimas y la relevancia del impacto económico, así como la previsión de persecución por querella en los supuestos de menor afectación patrimonial, logrando un equilibrio adecuado entre eficacia punitiva y garantías penales.

Esta reforma, es una evolución necesaria en el derecho penal estatal, anclada en principios dogmáticos universales de protección dinámica del patrimonio y de adaptación normativa a la realidad digital contemporánea, sin comprometer los principios de legalidad, proporcionalidad ni el marco constitucional de distribución de competencias.

Con ello, se fortalece la tutela efectiva del bien jurídico patrimonial en un contexto socioeconómico híbrido, contribuyendo a la construcción de un orden jurídico más resiliente, equitativo y eficaz.