Necesario reconocer el trabajo de las instituciones encargadas de la seguridad en el país

Morelia, Michoacán, a 29 de abril de 2026.A mejorar los salarios y garantizar condiciones laborales dignas para las y los elementos de seguridad del país, fue el llamado que realizó la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, al fijar posicionamiento en el Pleno del Congreso del Estado a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Desde tribuna, la legisladora subrayó que el reconocimiento a las fuerzas de seguridad debe traducirse en acciones concretas que respalden su labor, al ser ellas y ellos quienes diariamente arriesgan su vida para preservar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

“Reconocemos el trabajo de mujeres y hombres que todos los días arriesgan su vida por la paz de nuestro país”, expresó, al destacar la importancia de visibilizar su entrega y compromiso.

Xóchitl Ruiz enfatizó que detrás de cada uniforme existen historias, familias y sacrificios que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales para que la sociedad pueda desarrollarse en condiciones de seguridad.

En ese sentido, sostuvo que reconocer su labor no es exagerar, sino entender lo que está en juego en materia de paz y estabilidad social, en un contexto donde la seguridad sigue siendo uno de los principales retos nacionales.

Asimismo, puntualizó que la paz no es producto de la casualidad, sino de un esfuerzo diario que requiere no solo de estrategias efectivas, sino también de instituciones fortalecidas y personal respaldado.

Por ello, consideró indispensable avanzar en políticas públicas que garanticen mejores ingresos, prestaciones y certeza laboral para quienes integran las corporaciones de seguridad, como parte de una visión integral de justicia y derechos humanos.

Finalmente, la diputada reiteró el compromiso del Grupo Parlamentario del PVEM para impulsar acciones que fortalezcan la construcción de la paz en Michoacán y en el país, reconociendo que este objetivo solo será posible con el trabajo conjunto y el respaldo decidido a quienes protegen a la ciudadanía.

Morelia, Michoacán, a 29 de abril del 2026.Con el fin de garantizar una defensa adecuada, imparcial y accesible para todas y todos, la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía al Instituto de la Defensoría Pública en Michoacán.

La legisladora explicó que esta propuesta busca fortalecer el acceso a la justicia, particularmente para quienes no cuentan con recursos para contratar un abogado particular, permitiéndoles ejercer plenamente sus derechos incluso frente al propio Estado.

Recordó que el derecho a una defensa adecuada está establecido en el artículo 20 de la Constitución, el cual señala que toda persona imputada debe contar con un abogado, y en caso de no poder designarlo, el Estado tiene la obligación de proporcionarle un defensor público.

Asimismo, señaló que el artículo 17 constitucional mandata a la Federación y a las entidades federativas a garantizar un servicio de defensoría pública de calidad, así como condiciones que aseguren la profesionalización de quienes lo integran.

No obstante, advirtió que estos principios no pueden cumplirse plenamente mientras la Defensoría Pública dependa del Poder Ejecutivo, ya que su naturaleza jurídica exige independencia para actuar con imparcialidad y sin presiones externas.

En ese sentido, reconoció el trabajo del personal de la institución, pero enfatizó que aún existen rezagos como la falta de recursos, cargas excesivas de trabajo, bajos salarios y limitaciones en infraestructura, lo que impacta en la calidad del servicio.

Finalmente, detalló que la iniciativa plantea reformar el artículo 103 de la Constitución Política del Estado para convertir a la Defensoría Pública en un organismo constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a fin de fortalecer el Estado de Derecho y garantizar una justicia más equitativa en Michoacán.

Morelia, Michoacán, a 29 de abril de 2026.Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas del Estado para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial a los derechos relativos a la ayuda inmediata, asistencia, atención, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral, debida diligencia, buena fe.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el líder de la bancada del PT presentó ante el pleno del poder legislativo este planteamiento que busca blindar a las víctimas de delito a través de la atención jurídica inmediata, así como psicológica, médica, trabajo social de primer contacto, sin que sea requisito la acreditación de la calidad de víctima, solo la existencia del hecho victimizante.

“La presente iniciativa tiene como propósito dar cabal cumplimiento a los principios consagrados por el artículo 5º de la Ley General a Víctimas de dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integridad, indivisibilidad e interdependencia, interior superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente”, explicó el congresista desde la tribuna.

Asimismo, señaló que en México fue a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, cuando se establecieron en la Constitución los principios que garantizan los derechos humanos de las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos, en donde también se obliga a las personas servidoras públicas, en todos los niveles de gobierno, a proteger y garantizar estos derechos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este contexto, el legislador del PT destacó la importancia de involucrar a todas las instituciones para cumplir con la obligación de proteger a personas víctimas de delitos en Michoacán, en aras de hacer valer la ley en todas sus formas y derivado del contexto social que se vive en la entidad.

“Cuando ocurren actos de violencia donde vehículos son incendiados para bloquear carreteras, centros comerciales para infundir miedo en la población, estos tienen cobertura noticiosa y son reconocidos por autoridades, se puede eximir a las víctimas de probar la existencia de tales hechos, ya que son públicos y del conocimiento general, el delito y la violación a los derechos humanos es conocida por un sector poblacional, por lo que observar los principios de debida diligencia y buena fe, deben ser aplicados”, acotó.

Agregó, que entonces es indispensable fortalecer el organismo encargado de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de las graves violaciones de derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, la reparación y a la debida diligencia y tiene la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común y violaciones graves a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

“El Estado de Derecho implica garantizar el derecho a la seguridad de las personas, salvaguardando su vida, integridad y patrimonio, además impone la responsabilidad del Estado de otorgar la debida atención, ayuda y protección a las víctimas, por lo que es necesaria la presente reforma para dar cumplimiento con el mandato legal que se impone a esta Honorable Asamblea la responsabilidad de realizar la armonización legislativa de la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo, responder a las necesidades urgentes y necesarias de las víctimas de los delitos, como el trato digno, el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral del daño y el acceso a medidas de atención, asistencia y protección”, afirmo.

Morelia, Michoacán, 29 de abril 2026.Los procesos electorales que resulten manchados por el homicidio doloso de cualquiera de los candidatos, “pierden autenticidad, libertad y equidad, así que deberían causar nulidad”, propuso el diputado por Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa.

Como integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, aseveró que se ha privilegiado las iniciativas tendientes a consolidar procesos verdaderamente democráticos y por ello presentó la iniciativa de reforma al artículo 72 de la Ley de Justicia en Materia Electoral, misma que nace, lamentó, “de una verdad incómoda pero imposible de ignorar”.

En la actualidad, agregó Toño Carreño, “enfrentamos en los procesos electorales una amenaza brutal: el asesinato de candidatas y candidatos como mecanismo para alterar la voluntad popular, principalmente en entidades con complejidades territoriales como Michoacán”.

“La violencia criminal busca imponer vetos, seleccionar perfiles, capturar gobiernos municipales, influir en congresos locales y condicionar decisiones públicas. No estamos frente a hechos aislados. Estamos frente a una estrategia de intimidación contra el sistema democrático”.

El legislador de la Bancada Naranja explicó que su iniciativa contempla la nulidad ante los hechos descritos, desde el inicio formal del proceso electoral y hasta antes de la entrega de la constancia de mayoría y será el Tribunal Electoral del Estado (TEEM) el que deberá analizar el contexto de violencia, la relación del crimen con la contienda y la posible injerencia de factores externos.

Finalmente, Toño Carreño alertó desde la Tribuna legislativa que si el crimen organizado descubre que puede modificar elecciones asesinando candidatos sin consecuencias institucionales, el Estado pierde autoridad moral y jurídica; “Michoacán merece elecciones limpias, libres y seguras. Merece gobiernos nacidos del voto, no del miedo”.

La iniciativa busca castigar videovigilancia ilegal, espionaje digital, rastreo ilícito y suplantación de identidad, para cerrar vacíos legales frente al cibercrimen. 

Morelia, Michoacán, a 29 de abril de 2026. Frente a delitos que hoy se cometen desde una pantalla, un teléfono celular o incluso mediante cámaras clandestinas instaladas por grupos criminales, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán y actualizar la ley ante los retos de la era digital.

La propuesta plantea tipificar y sancionar cuatro nuevas conductas: videovigilancia ilegal, rastreo digital ilícito, espionaje digital y suplantación de identidad digital. “La delincuencia ya evolucionó y la ley no puede quedarse atrás”, expresó el legislador.

Puntualizó que la iniciativa surge ante hechos como la detección este año de las llamadas “cámaras parásitas” en Apatzingán, presuntamente utilizadas por grupos delictivos para vigilar movimientos de las autoridades. También busca frenar prácticas como la colocación de dispositivos GPS para rastrear personas sin su consentimiento, el uso de software espía para acceder a información privada, o la comisión de fraudes mediante robo de identidad, incluso con herramientas de inteligencia artificial.

Octavio Ocampo señaló que actualmente la legislación local resulta insuficiente para responder a estos delitos, debido a vacíos legales que favorecen la impunidad. Por ello, explicó, la propuesta busca proteger la privacidad, los datos personales, el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía, además de fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y sancionar el cibercrimen.

Con esta iniciativa, sostuvo, Michoacán puede colocarse a la vanguardia en la defensa de los derechos en el entorno digital.

Morelia, Michoacán, a 29 de abril de 2026.La diputada de Morelia, Giulianna Bugarini, presentó una iniciativa de reforma para garantizar que las presidentas y presidentes municipales mantengan contacto directo y permanente con la ciudadanía, a través de audiencias públicas obligatorias.

Desde tribuna, la legisladora señaló que uno de los principales problemas que enfrentan hoy las y los morelianos no es solo la falta de soluciones, sino la falta de acceso a sus autoridades. “Hoy la gente llega a los ayuntamientos y se encuentra con puertas cerradas, con trámites interminables o con la imposibilidad de ser escuchada. Eso también es desigualdad”, expresó.

La propuesta plantea que los gobiernos municipales realicen, al menos dos veces al mes, audiencias públicas abiertas, preferentemente en colonias, comunidades y tenencias, con el objetivo de atender de manera directa las problemáticas reales de la población, desde servicios básicos hasta temas de seguridad y desarrollo urbano.

Bugarini destacó que este modelo ya ha demostrado resultados en el gobierno estatal encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, donde el trabajo en territorio ha permitido tomar mejores decisiones y responder con mayor eficacia a las necesidades de la gente.

Finalmente, la diputada subrayó que esta iniciativa forma parte de una visión de ciudad más cercana, donde el gobierno no se encierra en oficinas, sino que sale a las calles a escuchar y resolver. “Si queremos un mejor Morelia, necesitamos autoridades presentes, que conozcan lo que vive la gente y que actúen en consecuencia. Gobernar es estar cerca”, concluyó.