En política suele decirse que la seguridad es un tema incómodo para cualquier aspirante. Es fácil prometer carreteras, empleo o programas sociales; mucho más difícil hablar de homicidios, extorsión, impunidad y penetración criminal en las instituciones. En Michoacán, sin embargo, ese tema no puede esquivarse. La seguridad condiciona casi todo: la posibilidad de producir, transportar mercancías, abrir un negocio, estudiar, invertir o simplemente regresar a casa.
Por eso el paso de Carlos Torres Piña por la Fiscalía General del Estado merece ser evaluado más allá de la coyuntura política. No porque haya resuelto un problema histórico en unos cuantos meses —nadie serio podría afirmarlo—, sino porque asumió una institución particularmente compleja y planteó una lógica sencilla: antes de exigir resultados hacia afuera había que ordenar la casa por dentro.
Cuando llegó a la Fiscalía, en julio de 2025, inició una reestructura que incluyó cinco vicefiscalías, nuevas áreas especializadas y movimientos importantes de personal. Sólo en Uruapan y Zamora se realizaron más de 400 movimientos y se reforzaron las capacidades regionales con 25 peritos y 43 agentes de investigación. La intención era renovar mandos, cerrar espacios a inercias internas y fortalecer las capacidades de investigación donde la presión delictiva era mayor.
Ese punto suele perderse en el debate público. Una Fiscalía puede tener vehículos, armas y discursos firmes, pero si no confía en sus propios expedientes, en sus policías de investigación o en sus canales de información, difícilmente puede coordinarse con otras instituciones. La seguridad comienza también por la credibilidad interna.
La segunda apuesta fue precisamente la coordinación. Durante su gestión, la Fiscalía profundizó el trabajo con el Gabinete de Seguridad federal encabezado por Omar García Harfuch, así como con Sedena, Marina y Guardia Nacional. En un estado donde los grupos criminales operan entre municipios y regiones, la fragmentación institucional es una ventaja para la delincuencia. Compartir información, definir objetivos y ejecutar acciones conjuntas es mucho menos vistoso que un discurso, pero suele ser bastante más útil.
Los resultados permiten valorar ese método. Entre julio de 2025 y mayo de 2026 aumentaron de 212 a 477 las órdenes de aprehensión cumplimentadas sin detenido en flagrancia, un crecimiento superior al 100 por ciento respecto del periodo comparable anterior. En delitos de alto impacto se integraron decenas de investigaciones que derivaron en más de 150 personas detenidas, además de cientos de capturas en flagrancia. En extorsión, uno de los delitos que más lastiman al campo, al transporte y al pequeño comercio, se reportaron 85 detenidos, seis objetivos considerados líderes y la desarticulación de distintas células.
También comenzaron a caer personajes que durante años habían construido una percepción de intocabilidad. Las detenciones de Ramón Ángel “N”, identificado como “El R1”; César Alejandro “N”, “El Botox”; Alfonso “N”, conocido como “Poncho” o “La Quiringua”; y otros objetivos relacionados con extorsión y delitos de alto impacto fueron producto de investigaciones que necesitaron coordinación entre diferentes instituciones. En seguridad, los resultados rara vez pertenecen a una sola persona o dependencia. Precisamente por eso la capacidad para trabajar con otros es un atributo relevante.
Hay otro dato que merece atención. Durante ese periodo, Michoacán mantuvo una tendencia descendente en homicidios dolosos respecto de los niveles con los que inició la actual administración. El estado llegó a registrar 259 homicidios en octubre de 2021; para marzo de 2026 el registro mensual había descendido a 60. La reducción tiene muchas causas y sería incorrecto atribuírsela exclusivamente a una Fiscalía, pero sí permite entender el contexto en el que se desarrolló la estrategia: coordinación federal, presión operativa y fortalecimiento de las capacidades locales.
Torres Piña también impulsó una renovación generacional dentro de la institución. Se anunciaron alrededor de 300 nuevas plazas y se fortalecieron perfiles técnicos y de investigación. El objetivo era sencillo de explicar, aunque difícil de ejecutar: una institución que pretende enfrentar nuevas formas de criminalidad necesita renovar métodos, personal y capacidades.
Nada de esto significa que Michoacán haya dejado atrás sus problemas. La extorsión sigue afectando a productores y comerciantes; existen regiones donde los grupos criminales conservan capacidad de presión y cada homicidio recuerda que las estadísticas nunca pueden sustituir a las víctimas. Precisamente por eso resulta importante distinguir entre propaganda y experiencia.
Torres Piña asumió la Fiscalía en un momento en que la seguridad representaba el principal flanco de desgaste para el gobierno estatal y para la propia Cuarta Transformación en Michoacán. Pudo haber buscado una responsabilidad políticamente más cómoda. En cambio, aceptó colocarse en un espacio donde cualquier error tenía consecuencias inmediatas y donde los resultados podían medirse todos los días.
Ahí está quizá la lectura política más interesante. Defender un proyecto cuando hay inauguraciones y programas sociales tiene beneficios evidentes. Defenderlo en seguridad significa asumir el terreno donde están las preguntas más difíciles, los costos más altos y pocas veces existen aplausos.
La experiencia de Torres Piña ofrece una tesis concreta sobre cómo enfrentar el problema: limpiar primero las instituciones, profesionalizarlas, recuperar confianza entre autoridades, coordinar capacidades y después ir contra las estructuras criminales con investigaciones sólidas y sin aceptar intocables.
Puede discutirse cuánto falta, qué pudo hacerse mejor o cuáles son los pendientes. Eso forma parte de una evaluación democrática seria. Lo que difícilmente puede sostenerse es que Carlos Torres Piña hable de seguridad desde la teoría. Estuvo en el lugar donde las decisiones se toman, asumió el costo político y dejó resultados que pueden medirse.
En un estado como Michoacán, esa experiencia no es un detalle curricular. Es una credencial.

Sahuayo, Michoacán, 7 de agosto de 2026.Carlos Torres Piña llamó a construir una nueva etapa para Michoacán basada en la reconciliación, el diálogo y los acuerdos entre sectores, comunidades y regiones, al señalar que el segundo piso de la Cuarta Transformación requerirá superar la polarización acumulada por años de desigualdad, inseguridad y abandono.

Durante una rueda de prensa en Sahuayo, sostuvo que la siguiente etapa de transformación no puede edificarse desde la confrontación permanente, sino a partir de un gran acuerdo social que reconozca la diversidad política, económica, cultural y comunitaria del estado. “Necesitamos trascender como estado la polarización que han generado la desigualdad y la inseguridad. Michoacán necesita encontrarse nuevamente consigo mismo y entender que, aun con nuestras diferencias, tenemos que construir un destino común”, expresó.

Torres Piña señaló que el movimiento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum tiene ahora el reto de profundizar los cambios iniciados por la Cuarta Transformación, pero advirtió que esa tarea exige incorporar las voces del campo, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores, los pueblos originarios, las comunidades, las organizaciones sociales y las víctimas. “El segundo piso no puede construirse sólo desde el gobierno. Necesita del concierto, del consenso y de la participación de todo el pueblo michoacano”, afirmó.

Destacó que la reconciliación no significa renunciar a principios ni borrar las diferencias, sino tener la voluntad política de entenderlas y procesarlas democráticamente. Recordó que Michoacán es un estado profundamente diverso, con regiones productivas, comunidades indígenas, autogobiernos, sectores empresariales, organizaciones sociales y realidades muy distintas, por lo que gobernarlo requiere capacidad de diálogo, sensibilidad y acuerdos duraderos.

Finalmente, Torres Piña afirmó que la seguridad, la prosperidad compartida y la justicia social deben convertirse en los grandes puntos de encuentro de la próxima etapa. “Si queremos un Michoacán en paz, tenemos que cerrar las brechas que dividen a nuestras comunidades, garantizar oportunidades para quienes trabajan y producen, y reconstruir la confianza entre sociedad e instituciones. La transformación que viene tendrá que ser más amplia, más participativa y profundamente reconciliadora”, concluyó.