⁠Instalan Mesa Interdisciplinaria en Materia Electoral, en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de abril de 2026.La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso de Michoacán, diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, llamó a privilegiar el diálogo institucional, la construcción de consensos y el fortalecimiento de la vida democrática en Michoacán, en el marco de la discusión sobre la reforma electoral.

Durante la instalación de la Mesa Interdisciplinaria en Materia Electoral, la presidenta de la Comisión, así como los diputados integrantes de la misma: Octavio Ocampo Córdova, Juan Carlos Barragán Vélez y Antonio Carreño Sosa, resaltaron la situación actual que enfrenta Michoacán en materia de gobernabilidad, representación política y participación ciudadana, “por lo que cualquier modificación al sistema electoral debe apegarse a principios de legalidad, equidad, transparencia y respeto a los derechos político-electorales”.

“El momento que vive nuestro Estado no admite divisiones estériles ni confrontaciones ideológicas que debiliten nuestras instituciones. Ante este escenario de una reforma electoral, es imperativo asumir una postura de altura política, responsabilidad histórica y compromiso real con la ciudadanía”, expresó la diputada.

Asimismo, indicó que la reforma electoral debe construirse con base en consensos amplios, sin imposiciones, mediante un diálogo real e incluyente que garantice condiciones de certeza y estabilidad institucional en la entidad.

En su calidad de presidenta de la Comisión, reiteró su disposición para acompañar el proceso de análisis y construcción de propuestas, con el objetivo de fortalecer la democracia, la participación ciudadana y las instituciones electorales en Michoacán.

Morelia, Michoacán a 30 de abril de 2026. Un día antes del “Día de la Niñez”, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica Municipal que por primera vez obliga a los Ayuntamientos a garantizar que niñas, niños y adolescentes participen activamente en los asuntos públicos de su municipio.

La iniciativa fue presentada por la diputada de La Piedad Ana Vanessa Caratachea Sánchez, quien preside la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia y busca involucrar más a los gobiernos municipales, porque son el primer contacto con la población.

“Si queremos que la infancia crezca con derechos reales, tiene que empezar porque los municipios los escuchen, los incluyan y destinen recursos para ellos,” subrayó la diputada del PAN.

La reforma suma tres nuevas obligaciones para los gobiernos municipales: destinar recursos suficientes para garantizar los derechos de la infancia, reforzar las responsabilidades de padres y cuidadores en materia de protección y trato digno y  promover y garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan participación real en las decisiones que los afectan.

Vane Caratachea considera que la protección integral de niñas, niños y adolescentes -consagrada tanto en la Constitución Mexicana como en tratados internacionales-, debe trascender la visión asistencialista hacia una perspectiva de garantía y restitución de derechos.

Entre estos derechos, recordó, está la satisfacción de sus  necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

Esta propuesta fue realizada en conjunto con las y los parlamentarias con Perspectiva de Discapacidad.
Es el tercer compilado que entrega ante servicios parlamentarios de la mano con organizaciones y asociaciones con discapacidad.

Morelia, Michoacán, a 29 de abril del 2026.“En este Congreso no se legisla más a espaldas del pueblo; hoy, las propuestas de quienes viven día a día con una discapacidad son nuestra prioridad», aseguró la diputada Nalleli Pedraza, al presentar formalmente una iniciativa histórica que busca impulsar la justicia social y accesibilidad real en Michoacán.

Tras un diagnóstico profundo realizado por las y los parlamentarios del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad 2026, Pedraza subrayó que Michoacán enfrenta deudas históricas que no pueden esperar más, especialmente en temas de exclusión lingüística para la comunidad sorda y la precarización de la educación especial.

La iniciativa presentada por la legisladora busca derribar las barreras financieras y educativas que afectan a las familias michoacanas, proponiendo puntos clave como:
•⁠  ⁠Reconocer la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como lengua materna y garantizar docentes sordos en las aulas.
•⁠  ⁠Crear un recurso económico blindado que no pueda ser reducido, destinado a financiar materiales y adecuaciones educativas.
•⁠  ⁠Obligar a la traducción de las leyes estatales a formatos visuales y señalizados para que la comunidad sorda tenga defensa jurídica real.
•⁠  ⁠Garantizar el acceso digital para estudiantes con discapacidad, eliminando la brecha de aprendizaje.


Nalleli Pedraza fue enfática en reconocer que esta propuesta es un triunfo de la participación ciudadana, destacando el trabajo de las y los parlamentarios: David Gerardo Guzmán, Pilar Berenice Marín, Sigrid Navarro, Mónica Zúñiga, Nallely Alejandra Salinas, Gemma Méndez y Alberto Zúñiga.

«Mi papel es ser el puente para que sus sueños y necesidades se conviertan en leyes. No es justo que las familias tengan que pagar de su bolsillo por un ‘guía sombra’ o que los servicios de salud y justicia no tengan intérpretes certificados. Estamos aquí para cambiar eso», afirmó Pedraza.

Con esta iniciativa, Nalleli Pedraza reafirma que su compromiso es con la transformación real, donde la inclusión no sea solo una palabra, sino un derecho garantizado por el Estado.

Morelia, Michoacán, a 29 de abril del 2026.En el marco del Día de la Niña y el Niño, la diputada local por Maravatio Jackie Avilés presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán, con el objetivo de que el delito de violencia familiar sea perseguido de oficio, garantizando una atención inmediata y efectiva por parte de las autoridades.

“Hoy más que nunca debemos actuar con firmeza para proteger a quienes más lo necesitan. No podemos permitir que nuestras familias vivan en entornos de violencia.“ expresó.

La iniciativa busca eliminar la necesidad de que exista una denuncia formal para que las autoridades actúen, permitiendo así una intervención oportuna en casos de violencia dentro del hogar, donde muchas veces las víctimas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Con esta iniciativa, se da un paso importante para garantizar hogares seguros, especialmente para mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, fortaleciendo el papel del Estado en la prevención y atención de la violencia familiar.

En vísperas de la conmemoración de la lucha obrera, el diputado Hugo Rangel presentó una iniciativa para tipificar como faltas administrativas graves la coacción, el uso de recursos públicos y la presión jerárquica en la vida gremial.

Morelia, Michoacán, a 29 de Abril del 2026. A escasos días de la conmemoración del Día del Trabajo, el diputado Hugo Rangel presentó ante el pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura una iniciativa de reforma integral para garantizar la democracia y libertad sindical en el sector público.

El legislador destacó que este acto de congruencia busca saldar una deuda con la clase trabajadora, ya que Michoacán se encuentra en una omisión legislativa al no haber armonizado su norma local con el decreto federal vigente desde diciembre de 2025. 

La propuesta de decreto adiciona el artículo 69 Quáter a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, estableciendo un catálogo de 19 conductas prohibidas que vulneran la neutralidad institucional. Entre los actos de injerencia que se pretenden erradicar se encuentran la utilización de programas sociales para inducir el voto, el desvío de fondos públicos para favorecer planillas y la intimidación jerárquica sobre los subordinados.

Al respecto, Rangel Vargas fue enfático desde la tribuna: “Hoy, al legislar sobre la autonomía sindical, además de cumplir con un mandato técnico, estamos honrando la memoria de las luchas populares que nos trajeron hasta aquí”. 

Uno de los pilares de la reforma, dijo, es la vinculación directa con la Ley de Responsabilidades Administrativas, de modo que cualquier intromisión gubernamental sea catalogada como una falta administrativa grave. Esto faculta al Tribunal en Materias Administrativa y Anticorrupción para imponer sanciones ejemplares a los infractores, tales como la suspensión, la sanción económica, la destitución del cargo o la inhabilitación temporal para el servicio público.

La iniciativa, explicó, busca proteger al trabajador de base frente a la asimetría de poder que representan los mandos de confianza y las estructuras institucionales. 

Finalmente, el diputado señaló que esta reforma garantiza la observancia de los estándares internacionales de la OIT, asegurando que el Estado actúe únicamente como garante de la legalidad y no como un actor que secuestre la voluntad gremial.

Al cerrar su intervención Hugo Rangel sentenció: “Michoacán no será más el terreno donde el cargo público se utilice para secuestrar la voluntad de los trabajadores. Devolvamos el sindicato a su legítimo dueño, el pueblo trabajador”.