La propuesta reforma el Código Penal de Michoacán para ampliar el reconocimiento de los crímenes motivados por odio, rechazo, discriminación o violencia estructural; incorporar perspectiva de derechos humanos y establecer penas de hasta 60 años de prisión.

Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2026.Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia para grupos históricamente discriminados y combatir la impunidad en los crímenes motivados por odio y discriminación, el diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán para redefinir y robustecer el delito de homicidio por prejuicio.

La propuesta incorpora elementos como violencia estructural, perspectiva de diversidad sexual y criterios específicos para la acreditación del delito.

Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que la legislación vigente resulta insuficiente para atender la complejidad de las violencias ejercidas contra personas de la diversidad sexual, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y otros sectores históricamente vulnerados. “La falta de precisión técnica termina invisibilizando estas violencias y diluyéndolas en la categoría de homicidios comunes.

El Estado no puede seguir siendo ciego frente a crímenes que nacen del odio y la discriminación”, sostuvo. Asimismo, enfatizó que la reforma busca reconocer que “no todas las violencias tienen el mismo origen ni el mismo impacto social”.

La iniciativa plantea que el homicidio por prejuicio sea entendido como aquel cometido por motivos de odio, rechazo, discriminación o violencia estructural derivados de características reales o percibidas de la víctima, incluyendo orientación sexual, identidad y expresión de género, origen étnico o racial, condición social, discapacidad, religión o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana.

Además, se establecen penas de veinte a sesenta años de prisión y multas económicas para quienes incurran en este delito. “Nombrar el prejuicio como elemento central del delito es reconocer que el derecho penal debe estar al servicio de la dignidad humana” expresó Hugo Rangel.

La propuesta también incorpora obligaciones específicas para la Fiscalía, el Poder Judicial y las instituciones de seguridad pública, quienes deberán adecuar protocolos y capacitar a su personal en materia de derechos humanos, identidad de género y violencia estructural. Particularmente, se establece una tutela reforzada para víctimas pertenecientes a la población LGBTTTIQ+, especialmente mujeres trans.

“Esta tribuna hoy se convierte en un frente de batalla para honrar la memoria de quienes fueron silenciados por el odio y la intolerancia. Michoacán ya no puede ser terreno donde el prejuicio sea una sentencia de muerte sin castigo”, concluyó el legislador petista.

Quien busque titularidad tendrá que contar con una residencia mayor a los tres años en la entidad.

Morelia, Michoacán 7 de mayo de 2026. El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura actualizó la Ley de los Jóvenes del Estado de Michoacán de Ocampo y determinó que quienes aspiren a ser titular del Instituto de la Juventud Michoacana, deberán contar con una residencia de al menos tres años en la entidad.

En Sesión Extraordinaria, las y los diputados votaron a favor del Dictamen elaborado por la Comisión de Jóvenes y Deporte, sobre la iniciativa presentada por Carlos Alejandro Bautista Tafolla, mediante el cual se modificaron la fracción XXIII del artículo 2, fracción I del artículo 7, fracción I del artículo 10, así como los artículos 11 y 35 de la citada ley.

Conforme al Dictamen elaborado por las legisladoras Grecia Jennifer Aguilar Mercado y Sandra María Arreola Ruíz, con las reformas se busca armonizar la legislación vigente al sustituir la referencia a la “Secretaría de Política Social” por la “Secretaría del Bienestar”.
Ello, para “garantizar certeza jurídica y congruencia con la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, favoreciendo a las y los jóvenes michoacanos”.

Con la reforma al artículo 10, se estableció como requisito para ser nombrado Director General del Instituto de la Juventud, ser ciudadano michoacano con residencia comprobada de cuando menos 3 años.

En sus consideraciones, las integrantes de la comisión dictaminadora coincidieron que aumentar dos años más de residencia en Michoacán, al que se establecía como requisito, es tiempo suficiente para que se genere experiencia y arraigo en materia de políticas públicas.

“Esta reforma responde a la necesidad de que quien encabece dicha institución posea un conocimiento real de la situación social, cultural y económica del estado, así como de las necesidades y demandas de las juventudes en sus distintas regiones”, precisa el Dictamen
En consecuencia, con la reforma se busca fortalecer al Instituto de la Juventud Michoacana, garantizando que su dirección recaiga en una persona con arraigo local, experiencia y cercanía con la realidad de las y los jóvenes michoacanos.

Carlos Alejandro Bautista Tafolla, en su exposición de motivos, señaló que al actualizar la ley, se refuerza el principio de legalidad, garantizando que los actos de autoridad se realicen en estricto apego a lo dispuesto por la legislación vigente.

“Ello permite que las y los jóvenes cuenten con un instrumento legal claro, moderno y plenamente congruente con las instituciones encargadas de atender sus demandas y necesidades”, detalló.

⁠Propone crear una regla obligatoria de alternancia de género para candidaturas a la gubernatura, mediante el artículo 20 Bis del Código Electoral. 
Plantea una metodología especial para que en los 20 municipios más poblados exista competitividad real para ambos géneros y se evite la simulación de la paridad. 
•⁠  ⁠Propone ajustes a la asignación de regidurías para asegurar representación proporcional y reconocer a la primera minoría. 

*Morelia, Michoacán, a 07 de mayo del 2026*.- El diputado local Alfonso “Poncho” Chávez presentó una iniciativa de reforma al Código Electoral del Estado para avanzar hacia una democracia “más representativa, más equitativa, inclusiva y paritaria”, con medidas que buscan cerrar brechas históricas y mejorar la representación en ayuntamientos. 

En su exposición, Chávez señaló que Michoacán mantiene un déficit histórico en paridad: desde 1824, el estado no ha tenido una mujer gobernadora y, en el ámbito municipal, la proporción de mujeres electas como presidentas municipales sigue por debajo del 40%, con municipios que nunca han sido gobernados por una mujer. 

Por ello, la iniciativa propone adicionar el artículo 20 Bis para establecer una alternancia de género obligatoria en la elección ordinaria de la gubernatura para partidos, coaliciones y candidaturas comunes, con el objetivo de convertir “el tiempo de las mujeres” en una realidad. 

Además, plantea una metodología enfocada en los 20 municipios de mayor población, donde se concentra alrededor del 60% de las y los michoacanos, a fin de garantizar que ambos géneros compitan en condiciones reales de competitividad y evitar que las mujeres sean postuladas solo en espacios de baja posibilidad de triunfo. 

Finalmente, Chávez explicó que la propuesta incluye reformas para que la asignación de regidurías de representación proporcional se realice conforme al orden de la planilla registrada, por cociente electoral y resto mayor, y que la candidata o candidato a la presidencia municipal que no gane por mayoría relativa ocupe la primera regiduría correspondiente, fortaleciendo la representación de minorías en los cabildos.

La diputada de Morelia presentó una iniciativa para obligar al Congreso a traducir sus dictámenes a versiones claras y comprensibles para la gente.

Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2026.La diputada de Morelia, Giulianna Bugarini, presentó una iniciativa que busca cambiar la forma en que el Congreso se comunica con la ciudadanía, al proponer que cada dictamen legislativo tenga también una “versión ciudadana”: un documento breve, sencillo y claro que explique qué se aprobó, por qué se aprobó y cómo impactará en la vida diaria de las personas.

“¿De qué sirve publicar toda la información legislativa si la gente no la puede entender?”, cuestionó desde tribuna.

Giulianna Bugarini señaló que hoy muchas leyes, acuerdos y dictámenes terminan alejados de la ciudadanía porque están escritos en un lenguaje técnico que pocas personas comprenden. Afirmó que cuando la información pública no puede entenderse, en los hechos deja de ser verdaderamente pública.

“Se cumple con la formalidad de publicar, pero no con el sentido democrático de informar”, expresó la legisladora, al advertir que el lenguaje complicado también se convierte en una forma de exclusión.

La diputada explicó que la propuesta no busca eliminar el rigor técnico de los documentos legislativos, sino acompañarlo con claridad para que cualquier persona pueda saber cómo le afectan las decisiones del Congreso. Puso como ejemplo los dictámenes de presupuesto, que muchas veces tienen cientos de páginas y términos especializados, pero que deberían traducirse también en mensajes simples para la ciudadanía: si habrá más recursos para una colonia, si aumentará o disminuirá un programa o qué impacto tendrá una decisión en la vida cotidiana de las familias.

Finalmente, Giulianna Bugarini afirmó que esta iniciativa forma parte de una visión más amplia de transformación democrática y cercanía con la gente. Recordó que así como ha impulsado que los gobiernos municipales salgan a territorio y escuchen directamente a la ciudadanía, ahora también plantea que el Congreso aprenda a explicar y hacerse entender.

“El pueblo no solo tiene derecho a saber, tiene derecho a entender”, sostuvo. Además, aseguró que una democracia real no se construye solamente escuchando a la gente, sino también hablando claro y haciendo accesible el lenguaje del poder.

⁠La diputada local presentó una iniciativa emanada del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad para eliminar el «vacío de transición» laboral.
Propone extender la cuota del 5% de contratación al sector privado y crear la figura del «Mentor Laboral».

Morelia, Michoacán, a 07 de mayo del 2026.»La inclusión no debe ser un acto de caridad o de buena voluntad, sino un mandato jurídico que garantice la autonomía económica de las personas con discapacidad», afirmó la diputada Nalleli Pedraza Huerta al presentar una iniciativa de reforma estructural en la materia.

La legisladora señaló que, pese a los avances en las leyes, en Michoacán persiste un «vacío de transición» crítico que impide a este sector pasar de la formación especial a un empleo real y digno.

La propuesta, construida de la mano con expertos y ciudadanos, enfatiza que la verdadera inclusión requiere profesionalización docente, extensión de los tiempos de aprendizaje técnico y figuras de acompañamiento que aseguren que la persona no solo entre a trabajar, sino que permanezca en su puesto.

Pedraza Huerta detalló los obstáculos que hoy mantienen a miles de michoacanos en la exclusión como es el salto entre la escuela especial y el empleo es el punto donde más personas con discapacidad intelectual abandonan su camino profesional.

Apuntó que actualmente, los cursos técnicos duran apenas de 1 a 3 meses, tiempo insuficiente para consolidar habilidades técnicas, manuales o sensoriales; mientas que la ley vigente solo obliga al sector público a cumplir con una cuota del 5%, dejando la inclusión en las empresas a la «buena voluntad».

La morenista, recalcó que existe una nula oferta de capacitación en áreas de vanguardia como Inteligencia Artificial e idiomas, limitando el emprendimiento de alto impacto para este sector.

Por lo anterior, Nalleli Pedraza, explicó que la presente iniciativa plantea cuatro ejes de acción inmediata para transformar la realidad laboral en el estado:
1.  Institucionalizar el Modelo de Transición Laboral Inclusiva y la figura del «Mentor Laboral», quien brindará acompañamiento técnico especializado por 12 meses.
2.⁠ ⁠Obligar a que los programas de formación duren mínimo un año, con ajustes razonables como manuales en lectura fácil y herramientas ergonómicas.
3.  Extender la obligatoriedad del 5% a empresas privadas con más de 50 empleados y crear el certificado oficial de «Empresa Incluyente», que otorgará beneficios en licitaciones gubernamentales.
4.⁠ ⁠Incrementar los beneficios en el Impuesto sobre Nómina para las empresas que superen la cuota de contratación y realicen ajustes de infraestructura accesibles.

“Queremos que en Michoacán el talento de una persona con discapacidad sea valorado y remunerado con justicia. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo que se respete el derecho humano al trabajo digno y a la independencia económica”, puntualizó la representante popular.

Finalmente, la diputada Nalleli Pedraza, señaló que la propuesta legislativa fue trabajada y respaldada por las y los parlamentarios ciudadanos: Guare Rocio Chassin Martínez, Jorge Alberto Hurtado Yepez, Guadalupe Yuritzi Hernández Alvarado, Everardo Casillas Gasco y Alberto Zúñiga López.