Sancionaría la explotación callejera como la exposición de menores en redes sociales con fines económicos.

Morelia, Michoacán, 4 de julio de 2025. Con la finalidad de frenar la normalización de la explotación infantil en las calles, redes sociales y espacios públicos, la diputada Vanhe Caratachea presentó una iniciativa para tipificar como delito esta forma de violencia ejercida por padres, tutores o cuidadores. La propuesta también incluye reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para establecer la obligación de las autoridades de prevenir, detectar y erradicar estas prácticas.

La legisladora explicó que la iniciativa busca castigar de 3 a 8 años de prisión a quienes obligan a menores a pedir dinero, trabajar o ser expuestos públicamente como instrumento económico. “Esto no es cultura del esfuerzo, es explotación infantil. Es violencia, y debe ser sancionada”, enfatizó desde la tribuna.

Durante su intervención, visibilizó historias reales de niñas y niños obligados a vender en bares o pedir limosna en horarios nocturnos, actividades que atentan contra su derecho a estudiar, jugar y vivir con dignidad. “He visto estas historias de cerca, y desde el DIF municipal en La Piedad trabajé para protegerlos. Hoy, desde el Congreso, es mi deber darles voz en la ley”, sostuvo.

La propuesta también reconoce nuevas formas de explotación, como el uso de menores en redes sociales con fines económicos o de fama, una práctica que hasta ahora ha quedado en la impunidad. La reforma, dijo, busca ponerle nombre y rostro a una realidad silenciada por años.

Además de establecer penas para quienes incurran en estas acciones, la diputada llamó a complementar la reforma con programas sociales y acciones educativas para padres. “Tipificar este delito es solo el primer paso para proteger la infancia. Necesitamos una respuesta integral que frene este ciclo de violencia”, afirmó.

Finalmente, Vanhe Caratachea invitó a sus compañeras y compañeros legisladores a votar con el corazón y la conciencia: “No hay urgencia más grande ni justicia más necesaria que defender a quienes no pueden defenderse. Que esta iniciativa sea el inicio de un cambio que le devuelva la infancia a quienes se la han robado”.

Morelia, Michoacán, a 04 de julio.Con la convicción de garantizar espacios públicos libres de exclusión y violencia, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en el Estado de Michoacán.

Durante su participación en tribuna, enfatizó que los edificios públicos deben ser lugares de respeto, inclusión y acceso para todas las personas, sin distinción alguna. La propuesta responde a casos recientes de discriminación, como el ocurrido en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, donde una persona fue hostigada y vigilada por su apariencia y expresión de género.

“Esta iniciativa nace del dolor, de la indignación, pero también de la esperanza. De la firme idea de que ninguna persona debe ser juzgada, limitada o violentada por su forma de vestir, por cómo luce o por cómo elige vivir su identidad”, expresó.

Entre los puntos clave de la reforma, se establece que ninguna persona podrá ser discriminada por su apariencia o vestimenta en el acceso a edificios públicos. Será considerada violencia institucional todo acto que impida o limite el ingreso a espacios gubernamentales con base en estereotipos o prejuicios. Además se garantizará la libre expresión de identidad de género y orientación sexual dentro de estos espacios.

La diputada también subrayó la importancia de reconocer la realidad de los pueblos originarios, que a menudo son excluidos o maltratados por portar vestimenta tradicional. En este sentido, recalcó que la cultura no puede ni debe ser motivo de vergüenza o discriminación.

“Queremos un Michoacán libre de prejuicios, donde las instituciones sean coherentes todo el año, no sólo durante el mes del orgullo. No se trata de colores, se trata de congruencia”, afirmó.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado llamó a las y los legisladores a respaldar esta propuesta que representa un paso hacia una sociedad más justa e incluyente: “esta iniciativa no es solo de una diputada. Es de todas las personas que han sentido la mirada del desprecio, el gesto de rechazo o la puerta cerrada sin razón. Hoy podemos hacer historia y colocar a Michoacán como un referente nacional de respeto y dignidad humana”, concluyó.

Morelia, Michoacán, 04 de julio de 2025. A través de un exhorto, el Congreso del Estado de Michoacán solicitará al Municipio de Morelia y a la Comisión Estatal para el Agua y Gestión de Cuencas del Gobierno del Estado de Michoacán (CEAC) inicien acciones reforzadas, concretas y medibles para la recuperación y saneamiento del Rio Chiquito y su Microcuenca, para garantizar con efectividad el Derecho Constitucional de acceso al Agua.

A propuesta del diputado Hugo Ernesto Rangel Vargas, las y los legisladores votaron a favor de la propuesta de Acuerdo en donde se estableció que el río Chiquito enfrenta como problemas principales la contaminación del agua, la tala indiscriminada, incendios provocados, extracción de recursos naturales, crecimiento urbano no planificado, disminución de la calidad de los servicios ambientales, plantas de tratamiento de agua inoperantes o insuficientes, alto grado de marginación en varias colonias y desinterés de las autoridades y de la población en su preservación.

El legislador explicó que los efectos que dichos problemas conllevan son la pérdida de la vida acuática, de los bosques y por tanto de la captación de agua de lluvia, pérdida de la flora y fauna, explotación de los recursos del bosque y cambio de uso de suelo.

“De esta manera, con la disminución de las capacidades ambientales del río Chiquito se pone en riesgo el derecho de acceso al agua los habitantes de Morelia, por lo tanto, es urgente y necesario exhortar a las autoridades competentes a emprender actividades reforzadas para recuperar y sanear al río chiquito y su microcuenca”, precisó.

Ante el Pleno explicó que si bien, tanto, el municipio de Morelia, como el Gobierno del Estado, realizan acciones para cumplir con sus obligaciones; es urgente que, ante la disminución de las capacidades ambientales del río Chiquito y su microcuenca, realicen acciones reforzadas, concretas y medibles para recuperarlo y sanearlo.

En el punto de Acuerdo aprobado se puntualizó que  de acuerdo al artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal, los Ayuntamientos del Estado prestarán el servicio público de Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, mientras que el 4º de la Ley de Aguas y Gestión establece que el Estado instrumentará mecanismos para mantener o reestablecer el equilibrio hidrológico en las cuencas en que participe la entidad.

De igual forma, que entre las atribuciones de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas del Gobierno del Estado de Michoacán, está el coordinarse con la Comisión Nacional del Agua para la creación y operación del Sistema Integral de Información de Usuarios de Aguas Nacionales, usos y disponibilidad de líquido en las cuencas hidrológicas del Estado.

La Secretaría de Turismo deberá priorizar el desarrollo económico y social sostenible

Morelia, Michoacán, 04 de julio de 2025. Por ley, la Secretaría de Turismo podrá crear Polos de Desarrollo Ambiental, con un enfoque en la planificación y gestión de áreas geográficas para la promoción del desarrollo económico y social de manera sostenible, sin comprometer la salud del ecosistema ni la calidad de vida de las personas, tras aprobarse reformas a la Ley en la materia por parte del Congreso del Estado.

Con su aprobación, la Septuagésima Sexta Legislatura determinó en el artículo 30 de la Ley de Turismo que en la planeación del desarrollo turístico se tomarán en cuenta la declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, junto con la instrumentación de programas orientados al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las comunidades; así como, la de Polos de Desarrollo Ambiental.

Conforme al Dictamen puesto a consideración del Pleno, la Comisión de Turismo coincidió en la importancia de otorgar a la Secretaria de Turismo del Estado la atribución para la creación de Polos de Desarrollo Ambiental, con lo cual, se contribuye en la preservación de la vida humana.

Con la reforma, se plantea el objetivo de crear zonas geográficas específicas donde se prioriza el desarrollo económico y social sostenible, buscando minimizar el impacto ambiental, donde deberá prevalecer la protección ambiental con actividades económicas productivas, fomentando la innovación, el uso eficiente de recursos y la creación de empleos verdes.

“El objetivo es lograr un equilibrio entre el progreso económico y la conservación del medio ambiente, asegurando un futuro sostenible para las comunidades locales y el planeta”, se puntualizó.

La determinación de los Polos de Desarrollo Ambiental deberán darse desde un enfoque de sostenibilidad en las que se priorice la conservación del medio ambiente y la cultura local como base para su desarrollo, buscando un equilibrio entre la actividad turística y la protección de los recursos naturales y culturales.

“Lo que implicará la coordinación entre gobierno, sector privado y comunidad local, para la planificación, desarrollo y gestión de la actividad turística en la zona, con el objetivo de minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios”, se definió en el dictamen.

Ante ello, deberán implementarse medidas para reducir el impacto ambiental del turismo, como la gestión de residuos, el uso eficiente del agua y la energía, la protección de la biodiversidad, entre otros; así como fomentar prácticas turísticas sostenibles entre los visitantes, como el uso de transporte público, el consumo de productos locales, el respeto por la cultura y tradiciones locales.

Morelia, Michoacán; a 04 de julio de 2025.Con el objetivo de reducir la contaminación, conservar los recursos naturales; así como, promover la responsabilidad de gobiernos, empresas y ciudadanos para que se garantice un futuro más justo y sostenible, el Pleno de la 76 Legislatura aprobó diversas reformas a la Ley de Cambio Climático del Estado.

La Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente fue la encargada de dictaminar cinco iniciativas presentadas por el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, todas en busca de fortalecer el marco normativo en materia de cambio climático.

Es así, que se reformaron los artículos 3, 4, 6, 13, 18, 25, 30 y 32, todos de la Ley de Cambio Climático estatal; y con ello, se instaura que le corresponde al titular del Poder Ejecutivo del Estado, establecer nuevas áreas naturales protegidas, corredores biológicos, y otras modalidades de conservación y zonas prioritarias de conservación ecológica.

Lo anterior, para que se facilite el intercambio genético y se favorezca la adaptación natural de la biodiversidad al cambio climático, a través del mantenimiento e incremento de la cobertura vegetal nativa, de los humedales y otras medidas de manejo.

Asimismo, se incorpora el Acuerdo de Paris, el cual enfatiza la necesidad de esfuerzos colaborativos entre el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la academia, para enfrentar el calentamiento global; y, el termino Atlas Nacional de vulnerabilidad al Cambio Climático, definido como el Conjunto estructurado y sistemático de mapas que muestran la vulnerabilidad ante el cambio climático.

De igual forma, se especificó que el término “Compuestos de efecto invernadero”, se refiere a gases de efecto invernadero, sus precursores y partículas que absorben y emiten radiación infrarroja en la atmósfera; y, Cambio Climático, es la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global.

Respecto al Consejo Consultivo De Cambio Climático, que es el órgano permanente de consulta de la Comisión Intersecretarial, y se integrará con al menos nueve miembros, provenientes de los sectores social, privado y académico, quienes ejercerán su encargo de manera honorífica y a título personal, con independencia de la institución, empresa y organización de la que formen parte.

La reforma al Código Penal y a la Ley Orgánica Municipal “marca un antes y un después en la protección de los derechos de las personas mayores”, remarca el legislador.

Morelia, Michoacán, 03 de julio de 2025. “Es un paso decisivo hacia la justicia social, la aprobación por unanimidad de la reforma legal que convierte en delito grave el uso indebido de las pensiones del Bienestar”, remarcó el diputado Hugo Rangel Vargas, impulsor de la reforma.

Esta reforma que avaló el pleno del Congreso del Estado también fue respaldada por la diputada Anabet Franco Carrizales (MORENA), y establece penas de cárcel para quienes, aprovechando una relación de confianza, dispongan de los recursos de personas adultas mayores o con discapacidad sin su consentimiento.

Las sanciones incluyen entre 6 y 11 años de prisión, multas de hasta 100 UMAs y la obligación de reparar el daño. La reforma también obliga a los municipios a proporcionar asesoría jurídica gratuita y acompañamiento legal a las víctimas de este tipo de violencia económica, mediante una modificación a la Ley Orgánica Municipal.

“La vejez no puede seguir siendo un terreno fértil para el abuso. Lo que hoy aprobamos es una línea clara entre el derecho y la impunidad”, declaró Hugo Rangel, quien además recordó que durante su paso por la Secretaría del Bienestar, documentó múltiples casos en los que familiares o personas cercanas retiraban el dinero de adultos mayores con engaños o bajo presión.

“El aumento en los casos de abuso económico está respaldado por datos oficiales. Solo en Morelia, las denuncias por este delito se han triplicado en dos años. Muchas de ellas involucran el uso fraudulento de las tarjetas del Bienestar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este tipo de maltrato tiene consecuencias graves en la salud física y emocional de las víctimas”, explicó el legislador.

Con esta aprobación, detalló, “Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en materia de protección legal a las personas mayores. Más de 588 mil adultos mayores reciben la pensión del Bienestar en el estado, lo que representa una inversión pública de más de 3 mil 650 millones de pesos cada bimestre”.

“Este apoyo no es un favor ni una dádiva: es un derecho constitucional. Y hoy, ese derecho se defiende con todo el peso de la ley”, subrayó el legislador petista.