Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026. Con la finalidad de reducir los accidentes en carreteras mediante la modernización de la infraestructura y el control preventivo, el Congreso del Estado por unanimidad aprobó un Punto de Acuerdo que será enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La Comisión de Puntos Constitucionales puso a consideración de las y los legisladores la propuesta de Acuerdo mediante el cual se envía al Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 23 Bis y 70 Ter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por la Diputada Emma Rivera Camacho.

Cuyo objetivo es “ofrecer una solución integral que trasciende la simple vigilancia, transformando la seguridad vial en una política de Estado con soporte financiero y operativo. Al articular mecanismos de fiscalización técnica, protección patrimonial del usuario y garantías presupuestarias, la iniciativa se consolida como un instrumento jurídico que dota a la Federación de herramientas eficaces para reducir la mortalidad en carreteras”, precisa el Punto de Acuerdo.

De igual forma, establece la obligación de realizar auditorías técnicas en zonas peligrosas, construir rampas de frenado cuando haya alta siniestralidad y crear zonas de detención gratuita para revisar las condiciones mecánicas de los vehículos de carga.

Además, fija topes económicos estrictos a los servicios de grúa y salvamento para evitar cobros excesivos tras un incidente, garantizando presupuesto específico para estas obras de seguridad.

Conforme a la propuesta, el Artículo 23 Bis establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizará una auditoría técnica anual obligatoria en los tramos carreteros identificados con alta siniestralidad.

Y que cuando un tramo acumule tres accidentes graves en un periodo de doce meses, se procederá a la construcción inmediata de una rampa de frenado adicional o al rediseño de la infraestructura crítica.

En el Artículo 70 Ter se propone que en los tramos de pendiente pronunciada o de riesgo técnico, dicha Secretaría establecerá paraderos o zonas de detención obligatoria para vehículos de autotransporte de carga.

Los conductores deberán detenerse en dichos puntos para realizar la verificación de las condiciones físico-mecánicas de la unidad, de conformidad con el reglamento respectivo y las normas oficiales mexicanas.

“Las zonas de detención deberán estar equipadas con la infraestructura, herramientas básicas y personal técnico necesario para brindar apoyo necesario y de asistencia mecánica de emergencia. El acceso a estos servicios será gratuito para todos los usuarios, quedando estrictamente prohibido cualquier cobro por concepto de estancia o asistencia técnica básica en estos puntos”, se precisa.

Dichas zonas tendrán un carácter inclusivo, permitiendo el ingreso y uso de sus instalaciones a los automovilistas en general que transiten por la vía y requieran realizar una pausa de seguridad o verificar las condiciones de su vehículo ante pendientes prolongadas.

El legislador del PVEM condenó los recientes casos documentados en Paracho y en la comunidad de Janitzio, municipio de Pátzcuaro, y llamó a sustituir estas prácticas por métodos éticos como la esterilización y la adopción responsable.

Morelia, Michoacán a 21 de mayo de 2026. El bienestar animal ha adquirido en los últimos años una relevancia creciente dentro de la agenda pública, no sólo como un tema ético, sino como un componente fundamental para la construcción de sociedades más justas, empáticas y respetuosas de la vida en todas sus formas. En este sentido, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales de Michoacán, con el objetivo de establecer de manera expresa y contundente la prohibición del envenenamiento de animales, particularmente cuando dicha conducta sea ordenada, ejecutada, permitida o tolerada por autoridades.

En su exposición, el diputado Magaña de la Mora señaló que, si bien Michoacán ha logrado avances importantes en materia de protección animal, persisten prácticas incompatibles con los principios de trato digno y humanitario. “Una de las más graves es el envenenamiento de animales, el cual no sólo constituye un acto de crueldad extrema, sino que además representa un riesgo para la salud pública, el equilibrio ambiental y la seguridad de las comunidades”, advirtió.

El legislador puso como ejemplo los hechos registrados recientemente en el municipio de Paracho, así como en la comunidad de Janitzio, perteneciente al municipio de Pátzcuaro, donde el envenenamiento de animales generó indignación social y evidenció la ausencia de protocolos éticos y humanitarios para el manejo de la fauna.

“Estos hechos no son aislados”, subrayó. “Reflejan una problemática más amplia presente en diversos municipios de Michoacán, donde ante la falta de políticas públicas integrales se recurre a prácticas que vulneran de manera grave los derechos de los animales”.

La iniciativa destaca que el envenenamiento, además de provocar sufrimiento prolongado e innecesario, tiene efectos colaterales graves: las sustancias utilizadas pueden afectar a otros animales, incluyendo fauna silvestre, así como a personas, particularmente niñas y niños que pudieran entrar en contacto con estos agentes tóxicos. Asimismo, esta práctica contamina el suelo y el agua, generando impactos negativos en el entorno ambiental.

Si bien la ley vigente ya considera el envenenamiento como un acto de maltrato o crueldad, el diputado Magaña argumentó que resulta indispensable establecer de manera explícita la prohibición de estas conductas cuando son ordenadas o toleradas por autoridades, quienes deben actuar bajo los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos.

Por ello, la iniciativa propone incorporar una prohibición clara y categórica del envenenamiento de animales por parte de autoridades estatales o municipales, independientemente de la finalidad con la que se pretenda justificar, incluyendo el control poblacional, razones de salubridad, festividades, usos y costumbres.

Asimismo, se busca fortalecer el marco normativo estatal para promover el empleo de los métodos y anestésicos adecuados que establecen las Normas Oficiales Mexicanas, así como alternativas éticas y efectivas en el control de la población animal, tales como la esterilización, la adopción responsable y la implementación de programas integrales de bienestar animal, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil.

Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a fortalecer la democracia, combatir el nepotismo electoral, garantizar la igualdad sustantiva y consolidar principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio del poder público en Michoacán. 

La propuesta legislativa, presentada por las y los diputados Diana Mariel Espinoza Mercado, J. Reyes Galindo Pedraza, Hugo Ernesto Rangel Vargas, Baltazar Gaona García y Vicente Gómez Núñez, contempla reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de impedir que los cargos públicos sean utilizados como mecanismos de continuidad familiar o concentración de poder político. 

La diputada Diana Mariel Espinoza Mercado señaló que esta iniciativa responde a una exigencia social legítima de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar procesos electorales más equitativos y transparentes. “La democracia no puede construirse sobre privilegios familiares ni sobre estructuras cerradas de poder; el servicio público pertenece al pueblo y no a grupos que pretendan perpetuarse en los espacios de representación”, expresó.

Asimismo, destacó que la propuesta busca armonizar el marco jurídico estatal con la reciente reforma constitucional federal en materia de nepotismo electoral y fortalecer principios como la paridad de género, la igualdad sustantiva y la participación democrática real. “Queremos abrir mayores oportunidades para nuevos liderazgos sociales, mujeres, jóvenes y ciudadanía comprometida con transformar Michoacán desde la honestidad y la capacidad”, puntualizó la legisladora petista.

Entre los puntos relevantes de la iniciativa destacan las restricciones para que familiares directos de quienes ocupen diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas o regidurías puedan contender de manera inmediata por esos mismos cargos; además de establecer límites al presupuesto del Poder Legislativo, reforzar criterios de austeridad republicana y prohibir prestaciones excesivas o discrecionales para funcionarios de organismos electorales y administrativos. 

La y los diputados del PT señalaron que esta propuesta busca responder a una demanda ciudadana cada vez más presente: contar con instituciones más transparentes, procesos electorales más equitativos y un ejercicio del poder público más cercano a la gente.

Morelia, Michoacán, a 20 de mayo de 2026. La diputada Jackie Avilés del Distrito 03 de Maravatio, dejó claro su compromiso con el deporte y presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reconocer, prevenir y erradicar la violencia en el deporte en Michoacán.

La propuesta busca incorporar a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado el concepto de violencia en el deporte y establecer mecanismos claros para su prevención y atención, incluyendo conductas como el acoso, hostigamiento, discriminación, racismo y cualquier otra forma de violencia que afecte a deportistas, entrenadores, árbitros, familias y asistentes.

“Las canchas y espacios deportivos deben ser lugares donde se formen valores, se construyan sueños y se fortalezca la convivencia, nunca espacios donde la violencia tenga cabida”, expresó la legisladora.

Con esta acción legislativa, la diputada demuestra su compromiso de impulsar iniciativas que garanticen espacios pacíficos y seguros para todas y todos los michoacanos.

Morelia, Michoacán, a 20 de mayo del 2026.En Michoacán queda prohibido que escuelas obliguen o presionen a madres y padres de familia para comprar uniformes, útiles o materiales con proveedores específicos, luego de que el Congreso del Estado aprobara este día la reforma a la Ley de Educación impulsada por la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Grecia Aguilar Mercado.

Durante la discusión del dictamen elaborado por la Comisión de Educación, la legisladora sostuvo que “una educación verdaderamente incluyente no puede construirse sobre imposiciones económicas”, al advertir que miles de familias michoacanas enfrentan cada ciclo escolar gastos excesivos derivados de prácticas que durante años se normalizaron en algunos centros educativos.

Grecia Aguilar señaló que muchas de las llamadas recomendaciones terminan convirtiéndose en presión para madres y padres de familia, quienes llegan a sentir temor de que sus hijas e hijos puedan ser señalados o excluidos si no adquieren productos en determinados establecimientos.

Asimismo, destacó que la reforma establece con claridad que ninguna institución educativa podrá inducir, limitar o condicionar la libre elección de las familias mediante listas exclusivas, convenios o recomendaciones obligatorias con proveedores determinados, fortaleciendo así principios de equidad, justicia y respeto a la economía familiar.

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano precisó que esta modificación legal no busca afectar la organización escolar ni desacreditar el trabajo de docentes y directivos, sino proteger a las familias de cargas económicas indebidas, especialmente a quienes tienen ingresos limitados o varios hijos estudiando.

“Porque cuando protegemos a las madres y padres de familia, también estamos protegiendo el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó la diputada al fijar su postura a favor del dictamen.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró que su voto fue a favor de defender la economía de los hogares michoacanos, garantizar la libre elección de madres y padres de familia y fortalecer una educación que permanezca como un derecho y no como una carga condicionada por intereses económicos. Además de agradecer el respaldo a las y los integrantes de la LXXVI Legislatura Local a la iniciativa que presentó y hoy es una realidad en Michoacán.