Busca obligar a las autoridades a preservar, conservar y restaurar sitios religiosos.

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2025. Con el objetivo de preservar el legado espiritual y cultural de Michoacán, el diputado local Poncho Chávez presentó en tribuna una iniciativa para reformar la Ley de Turismo del Estado.

La propuesta busca establecer como obligación de las autoridades la implementación de actividades para la preservación, conservación y restauración de espacios y sitios religiosos, a fin de fortalecer el turismo religioso en la entidad.

La iniciativa prevé también que la Secretaría de Turismo del Estado promueva convenios intermunicipales para diseñar programas de difusión del turismo religioso, tanto entre prestadores de servicios como en la población en general. “No se trata únicamente de impulsar una actividad turística, sino de proteger nuestra identidad y de reconocer el papel que estos espacios tienen en la vida espiritual, cultural y económica de nuestras comunidades”, subrayó Poncho Chávez.

El legislador recordó que el turismo religioso representa una de las manifestaciones más arraigadas de fe en México y una fuente significativa de derrama económica. A nivel nacional, se estima que esta actividad atrae a cerca de 40 millones de visitantes al año, con una aportación de más de 20 mil millones de pesos a la economía. En este sentido, el estado de Michoacán cuenta con una riqueza única en templos, festividades y santuarios de gran valor histórico, arquitectónico y espiritual.

“Michoacán es sinónimo de fe viva: desde la majestuosidad del Templo Expiatorio de Zamora, la Catedral de Morelia, hasta las peregrinaciones al Señor de los Milagros en San Juan Parangaricutiro”, destacó Chávez. “Municipios como Tlalpujahua, Tzintzuntzan, Tacámbaro o Sahuayo poseen verdaderas joyas espirituales que pueden ser motores de desarrollo local y fuentes de empleo digno para miles de familias”.

El diputado también advirtió que, ante el incremento de agresiones contra espacios religiosos —como el ataque reciente a la parroquia de San Juan Bautista en Maravatío—, es urgente emprender acciones institucionales para proteger este patrimonio. Datos del Centro Católico Multimedial revelan que en México se registran hasta 26 ataques semanales a iglesias, lo que representa una amenaza directa a la memoria histórica y espiritual de las comunidades.

“Esta iniciativa no distingue religión ni credo. Se trata de respetar nuestras tradiciones, conservar lo que nos da identidad y generar condiciones para que más personas visiten nuestros pueblos con respeto y admiración”, concluyó Poncho Chávez. Desde el Congreso del Estado, el legislador reiteró su compromiso con un Michoacán que impulse su turismo religioso como motor de paz, desarrollo económico y preservación cultural.

El diputado del PRI afirmó que esta práctica afecta al bolsillo de las familias y violenta los derechos humanos.

Morelia, Michoacán, a 09 de julio de 2025. “No se debe exigir desde la administración pública a la ciudadanía la presentación de actas de nacimiento con ‘fechas recientes’, ya que por sí solo este documento de identidad no tiene una vigencia específica, y este acto representa una rutina dañina que afecta a quienes menos tienen”, aseguró, el diputado del PRI, Memo Valencia al presentar una iniciativa para adicionar la fracción XVII al artículo 243 del Código Penal para el Estado de Michoacán.

El legislador abundó que esta propuesta busca poner un alto al negocio en el cual han convertido, desde la administración pública estatal, el requisito para diversos trámites.

«Esta exigencia no tiene fundamento legal alguno, pero se ha convertido en una norma no escrita, una rutina dañina que es impuesta desde escritorios desconectados de la realidad con fines meramente recaudatorios», dijo.

Insistió en que, además del costo, es complejo para muchas personas obtener un acta de nacimiento si no tienen acceso a la tecnología.

«No podemos seguir tolerando esta práctica persistente que ha sido motivo de noticias, llamamientos y múltiples frustraciones entre la ciudadanía», afirmó. 

Por ello, en específico, la iniciativa propone tipificar como delito, en una modalidad del abuso de autoridad, la exigencia en el servicio público de la vigencia determinada en las actas del estado civil de las personas, a excepción de que esté expresamente previsto por la ley o reglamento.

«La sanción no solo tiene un fin punitivo, sino también preventivo. Consiste en enviar un mensaje firme a quienes ejercen funciones públicas, recordándoles que esa noble labor no consiste en imponer más tributos a la ciudadanía, sino en servir con apego al derecho y la legalidad», indicó. 

El diputado priista finalmente comentó que esta reforma no debe verse solo como un castigo al funcionario, sino como un acto de defensa a la ciudadanía.

Los diputados Adriana Campos, Hugo Rangel, Teresita de Jesús Herrera, Eréndira Isauro, Juan Carlos Barragán, Conrado Paz y David Martínez, se sumaron a la iniciativa del también dirigente estatal del PRI.

Más de 12 mil hablantes de náhuatl en la Costa-Sierra enfrentan deserción escolar y pérdida de su lengua por falta de maestros bilingües y materiales educativos.

Morelia, Michoacán a 09 de julio de 2025.  El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado (GPPVEM), presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Michoacán para crear la Dirección de Educación Indígena de la Etnia Náhuatl, un órgano desconcentrado que atenderá con autonomía las necesidades de más de 20 mil personas en comunidades marginadas de la región Costa-Sierra.

Ante el abandono histórico del sistema educativo oficial —que carece de maestros bilingües, materiales didácticos en náhuatl y participación indígena en la toma de decisiones—, el legislador subrayó que esta reforma es un paso urgente para cumplir con la Constitución y tratados internacionales firmados por México, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

«No es un capricho, es una obligación del Estado. Hoy, solo 49 docentes atienden educación inicial en la zona náhuatl, y los niños son forzados a aprender en español, perdiendo su lengua y cultura. Es una injusticia que debe terminar», declaró Espinoza Villa.

Entre los puntos clave de la iniciativa se habla de una autonomía educativa que se consolidará a partir de la creación de la dirección, la cual diseñará programas, asignará maestros bilingües y elaborará materiales en náhuatl, con participación directa de las comunidades.

Con esta acción se combate además el rezago educativo con la creación de secundarias interculturales y centros de rescate cultural para reducir la deserción escolar, que actualmente es superior al 30% en la región.

En municipios como Santa María Ostula, Pómaro y San Miguel Aquila, el 60% de los hablantes de náhuatl son niños y jóvenes en riesgo de perder su lengua. La actual estructura educativa, centralizada en la etnia purépecha, ha ignorado por décadas las demandas nahuas.

«Esta reforma es una reparación histórica. No pedimos privilegios, sino que se cumpla la ley», enfatizó el diputado del Partido Verde, quien llamó a sus homólogos a aprobar la iniciativa en el periodo ordinario de sesiones.

EL LEGISLADOR PRESENTA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO
 

Con el objetivo de contribuir a la celeridad, asegurar el debido proceso, evitar seguir una vía incorrecta así como dilaciones maliciosas en la  acción procesal de la demanda, el diputado local y licenciado en derecho, David Martínez Gowman, presentó ante el Congreso del Estado, una iniciativa para reformar varios artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán.

  Esta propuesta contempla evitar nulidades y retrabajos, que en la vía procesal se determinen claramente los derechos y cargas de las partes; y optimizar la economía procesal pues al señalarse la vía correcta desde el inicio, se enfoca el proceso en un cause adecuado, lo que contribuye a evitar retrasos, explicó el legislador emanado del Partido Verde, al señalar que en algunos casos, los abogados pueden presentar demandas ambiguas y por vías incorrectas para obtener ventajas. En estos casos, la intervención temprana del juez corrige esto, indicó.

David Martínez explicó que la demanda es un término jurídico que se refiere al acto procesal mediante el cual una persona inicia un litigo ante un tribunal en donde se solicita al juez que dicte una resolución favorable.

Ante la máxima tribuna del estado, el diputado señaló: “reitero, nuevamente compañeros diputados, la importancia de legislar a favor de las y los michoacanos. Debemos considerar que existen lagunas legales en nuestra legislación. Por ello, seguiré trabajando en temas que mejoren nuestra legislación local y en la práctica, brinden certeza jurídica para todas las personas”.