Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2025. Con la finalidad de promover el reencuentro familiar entre personas migrantes y sus seres queridos, sin imponer obligaciones administrativas ni presupuestales que pudieran resultar inviables para los municipios, el Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán.

De esta forma es que la Comisión de Asuntos Migratorios promoverá, en conjunto con la Secretaría del Migrante, mecanismos de apoyo para la reunificación familiar, sin que ello implique la creación de una nueva estructura u organismo. 

En el dictamen presentado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y a la Comisión de Migración, se establece que “el reencuentro familiar entre personas migrantes y sus seres queridos, representa una necesidad legítima y una acción prioritaria para garantizar los derechos de quienes han tenido que migrar”.

Es importante señalar que estos Centros Municipales de los Migrantes, cuentan también con atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento integral, para las personas migrantes y sus familiares en Michoacán.

La reforma propone también el tipo penal de Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios.

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025. Los diputados del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Adriana Campos Huirache y Memo Valencia, presentaron una iniciativa de Ley “anticoyotaje”.

«Sin duda, un crimen de esta magnitud y la problemática de inseguridad no se puede resolver con reformas legales, sin embargo, es importante tomar medidas al alcance de nuestras manos que puedan contribuir a mejorar la situación agrícola del estado. Bernardo Bravo, además de seguridad, clamaba por mayores controles que erradicaran un intermediarismo dañino, controlado por el crimen organizado», indicaron.

Esta propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán de Ocampo, busca fortalecer y reiterar la obligación del Estado de brindar las condiciones de seguridad para los productores agrícolas,  la cual no solo está dirigida a los limoneros o aguacateros, sino a todo el campo michoacano.

«Esto, a través de acciones y políticas públicas que eliminen el intermediarismo o ‘coyotaje’ colectivo y de gran escala, con fines de acaparamiento y especulación. No podemos permitir conductas monopólicas en la intermediación», aseguraron.

La iniciativa priista no busca satanizar a los intermediarios que atienden a dinámicas propias del mercado y el libre comercio que, con los adecuados controles y sin fines perniciosos, aportan mucho al comercio y al desarrollo económico, al tender lazos entre productores y comercializadores de gran escala, nacional e internacional, abundaron.

Lo que sí incluye la  iniciativa es «la creación de un tipo penal muy específico a la problemática de inseguridad y coyotaje en el sector agrícola de la entidad, en nuestro Código Penal, dentro de los Delitos Contra el Patrimonio, bajo el nombre de Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios», indicaron.

Reiteraron que como legisladores, «difícilmente podemos hacer justicia por las víctimas que han muerto en garras del crimen organizado en la región de Tierra Caliente, pero sin duda, podemos alzar la voz y también hacer caso a Bernardo Bravo en su llamado a evitar el intermediarismo dañino y pernicioso, vinculado al crimen. Le debemos eso al menos», finalizaron.

⁠Fundamental crear espacios para la atención de niños en edad escolar, mayores de 6 años, mientras sus padres trabajan.

Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre del 2025. “Las niñas y los niños son el centro de nuestra sociedad; debemos garantizarles cuidados en todo momento, incluso cuando su mamá o papá se encuentran trabajando”, apuntó Antonio Salas Valencia, diputado por el distrito IX con cabecera en Los Reyes.

Al hacer uso de la tribuna, Salas Valencia expresó que con esta iniciativa que presenta, se propone que las madres y padres que laboran en el sector gobierno cuenten con un espacio seguro, ya sea en su centro de trabajo o cerca de éste, donde sus hijas e hijos puedan ser atendidos mientras concluyen su jornada laboral.

“Proponemos crear condiciones reales para que las madres trabajadoras, y también los padres, cuenten con espacios de cuidado para sus hijas e hijos en edad escolar, mientras cumplen con su jornada laboral. Con ello, apoyamos a las familias, protegemos a nuestras niñas y niños y contribuimos a romper la brecha laboral entre mujeres y hombres”.

El diputado panista explicó también que la falta de espacios educativos, con horarios extendidos, para hijos de madres trabajadoras, amplía la brecha que existe en materia laboral entre mujeres y hombres, pues son ellas quienes dedican más horas al cuidado familiar y quienes, con mayor frecuencia, sacrifican su crecimiento profesional para cumplir con estas responsabilidades.

“La falta de espacios de cuidado infantil para hijas e hijos en edad escolar sigue siendo una barrera para que las mujeres continúen ascendiendo, capacitándose y consolidando su desarrollo profesional. Por eso, esta iniciativa es profundamente humana, necesaria y justa”.

Recalcó que esta iniciativa acerca a las mujeres, niñas y niños hacia la justicia, la protección adecuada y la creación de políticas públicas específicas a sus necesidades.

El planteamiento del diputado busca incrementar penas de manera significativa cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor o cuando el responsable sea un servidor público de salud.

Morelia, Michoacán a 20 de noviembre de 2025.El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura, presentó una iniciativa para reformar el artículo 155 del Código Penal del Estado, con el objetivo de actualizar y fortalecer la figura del delito de peligro de contagio, garantizando con ello una protección efectiva de la salud individual y colectiva.

El legislador ecologista subrayó que el derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política, es un bien jurídico fundamental que el Estado tiene el deber ineludible de tutelar. Sin embargo, la legislación penal actual requiere ser adecuada para sancionar conductas que, por su gravedad, merecen una respuesta proporcional y contundente.

“La iniciativa se centra en tres ejes fundamentales para brindar máxima protección a los más vulnerables. No podemos permitir que nuestra ley permanezca débil frente a agresiones graves a la salud”, afirmó el Diputado Espinoza Villa.

Los tres ejes centrales de la reforma son un Incremento de la Penalidad Base para el delito de peligro de contagio, reconociendo la gravedad de poner en riesgo la salud de otro con conocimiento de padecer una enfermedad grave e incurable en período infectante.

Agravante por Contagio Doloso, que incrementa la pena hasta en una mitad cuando el agente actúe con la intención expresa de transmitir la enfermedad y el contagio se produzca y la protección especial para Grupos Vulnerables, son parte de la propuesta de reforma.

“Es inaceptable que la ley no sancione con mayor severidad a quien se aprovecha de la debilidad o la incapacidad de defensa de otro. Cuando la víctima es una niña, un niño, una persona con discapacidad cognitiva o un adulto mayor cuya fragilidad los expone a consecuencias catastróficas, el Estado está obligado a defenderlos primero y con la máxima energía”, explicó el diputado del PVEM.

Espinoza Villa hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores para apoyar esta iniciativa, que busca, desde un enfoque de protección a los más vulnerables y de responsabilidad, dotar a Michoacán de un marco jurídico robusto que garantice que la vida y la salud sean verdaderamente protegidas.

“Esta reforma no criminaliza la enfermedad; protege. Protege a la infancia, protege a las personas mayores, protege a las personas con discapacidad y protege la confianza ciudadana en nuestro sistema de salud. Porque la salud no es negociable, la dignidad no es opcional y la protección de los más vulnerables no admite retrasos”, concluyó.

La legislación de Michoacán lleva años de retraso en materia de titularidad jurídica de personas con discapacidad, señaló la legisladora del PAN.

Morelia, Michoacán a 19 de noviembre de 2025.Que se reconozca la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es la propuesta de reforma que presentó la diputada Vanessa Caratachea.

“La capacidad jurídica es el punto de partida para el goce real y efectivo de todos los derechos humanos. Negar la capacidad jurídica equivale a negar la vida civil de una persona”, manifestó en tribuna la legisladora.

Esto, porque el Código Civil del estado mantiene una mirada tutelar hacia las personas con discapacidad, cuando los tratados internacionales y la misma normativa general del país reconoce a las personas con discapacidad mayores de edad como personas con capacidad jurídica, es decir, que pueden realizar actos jurídicos y son sujetos de derechos y obligaciones. 

“Una visión que etiquetó, que excluyó, que redujo a las personas con discapacidad a sujetos de protección, negándoles la posibilidad de decidir sobre su patrimonio y su propia vida. Esa visión ya no tiene cabida en el Michoacán del siglo XXI”, destacó la diputada del PAN.

La propuesta es reformar el artículo 22 de dicho código para establecer que “ninguna persona podrá ser privada de su capacidad jurídica por motivo de discapacidad” lo que no quiere decir, aclaró Vanessa Caratachea, que se les esté dejando desamparados.

“Introduce un sistema de apoyos y salvaguardas judiciales, que permitirá acompañar a quienes lo requieran, sin sustituir su voluntad ni anular su autonomía”, explicó.

La diputada de La Piedad señaló que no se trata únicamente de una armonización de ley, sino de un cambio de paradigma, pues se reconocen los derechos civiles de las personas con discapacidad.

Es además, agregó Vanessa Caratachea, una obligación legal, puesto que en 2023 se publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la obligación de que los congresos locales reformaran su propia normativa antes de 2027.