Morelia, Michoacán, El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, refrendó su compromiso para que este mismo año quede lista y pueda concretarse la Ley de Búsqueda de Personas en Michoacán, al considerar que se trata de una deuda pendiente con cientos de familias michoacanas.

El legislador recordó que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Michoacán existe un registro histórico de 7 mil 801 personas desaparecidas, cifra que contempla casos acumulados desde la década de los años sesenta hasta la fecha, por lo que consideró urgente fortalecer el marco jurídico estatal en esta materia.

Baltazar Gaona explicó que desde el Congreso del Estado se han impulsado diversos esfuerzos legislativos para concretar esta ley, incluyendo iniciativas ciudadanas y propuestas presentadas por distintas diputadas y diputados desde el año 2021. Precisó que incluso en octubre de 2023 el Pleno aprobó una propuesta de Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán; sin embargo, observaciones realizadas posteriormente por el Poder Ejecutivo y reformas federales provocaron que el proyecto quedara desfasado.

“Hoy existe una nueva propuesta que se sigue trabajando en mesas técnicas con instituciones del Estado, la Fiscalía y colectivos. Nosotros vamos a darle puntual seguimiento para que esta ley finalmente pueda salir adelante”, señaló el diputado presidente del Congreso.

Gaona García destacó además el trabajo que se ha realizado para construir consensos con madres buscadoras y diferentes dependencias, al tiempo que reconoció la disposición de la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Anabet Franco Carrizales, para acelerar los trabajos legislativos y concretar el dictamen correspondiente.

“Voy a hacer el compromiso de que sea este mismo año cuando podamos tener lista esta ley en Michoacán, porque no podemos seguir postergando un tema tan sensible para miles de familias”, expresó Baltazar Gaona, quien subrayó que actualmente Michoacán se encuentra entre las siete entidades del país que aún no cuentan con una legislación específica en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

Se garantiza el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres menstruantes a no ser sancionadas académicamente cuando la dismenorrea les impida asistir a clases

Morelia, Michoacán,  En el marco de la sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen impulsado por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, que reconoce el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres menstruantes a no ser sancionadas académicamente cuando la dismenorrea (dolor menstrual severo) les impida asistir a clases, garantizando así condiciones de aprendizaje con dignidad y equidad.

Durante su intervención, la legisladora explicó que la iniciativa parte de una premisa fundamental: el derecho a la educación no puede ejercerse plenamente si se ignoran las condiciones reales de salud física, emocional y biológica de quienes estudian. “Educar no solamente es permitir el acceso al salón de clases, sino garantizar condiciones efectivas de aprendizaje, permanencia y desarrollo con dignidad”, afirmó.

Arreola Ruiz señaló que la menstruación es un proceso biológico natural, pero para un número significativo de mujeres se acompaña de síntomas como dolor abdominal intenso, cólicos severos, fatiga, náuseas, cefaleas y limitaciones funcionales reales que dificultan o impiden la asistencia a clases y el desempeño académico. No obstante, la falta de reconocimiento normativo ha generado una omisión estructural, enfrentando a las estudiantes a una disyuntiva injusta: asistir en condiciones de malestar extremo o ausentarse y asumir consecuencias institucionales como faltas injustificadas, evaluaciones reprobatorias o sanciones.

La diputada respaldó su posicionamiento con datos contundentes: el 78.9 por ciento de las estudiantes universitarias mexicanas padecen dismenorrea, y el 37 por ciento ha faltado a clases al menos una vez como consecuencia del dolor menstrual. Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reconocido que esta condición puede generar incapacidad funcional temporal por varios días.

“Ignorar la realidad que viven miles de estudiantes implica desconocer una condición de salud legítima, diagnosticable y verificable. De nada sirve reconocer el derecho a una menstruación digna si una niña sigue siendo sancionada por faltar a clases cuando su cuerpo le impide levantarse”, expresó.

Subrayó que se busca construir un sistema educativo que abrace, entienda y acompañe a las mujeres, y que no mida la responsabilidad de una alumna únicamente por su asistencia, sino por su esfuerzo y su derecho a aprender en igualdad de condiciones.

Al anunciar su voto a favor, la diputada Arreola Ruiz concluyó: “Hoy queremos lograr que ninguna niña vuelva a sentir que su menstruación es motivo de castigo; que ninguna tenga que elegir entre cuidar su salud o cuidar sus calificaciones; y que ninguna estudiante vuelva a creer que su dolor debe soportarse en silencio para no tener consecuencias académicas. Legislar con perspectiva de género también significa reconocer las desigualdades que históricamente han sido normalizadas”.

El dictamen aprobado fue turnado a las instancias correspondientes para su implementación en las instituciones educativas del estado.

Morelia, Michoacán ,Con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez y proteger el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes, el diputado local Iván Vera presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para reconocer y fortalecer el derecho de convivencia familiar de hijas e hijos de personas privadas de la libertad.

Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que las consecuencias del encarcelamiento no deben trasladarse a las y los menores de edad, quienes enfrentan afectaciones emocionales, psicológicas y sociales derivadas de la separación de su madre o padre.

“La privación de la libertad de una persona no puede traducirse en la vulneración de los derechos de sus hijas e hijos. El Estado tiene la responsabilidad de generar mecanismos que protejan su bienestar y fortalezcan los vínculos familiares”, expresó.

Iván Vera señaló que actualmente la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán no contempla disposiciones suficientes para garantizar de manera integral los derechos de convivencia de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores privados de la libertad, situación que contraviene el principio constitucional del interés superior de la niñez.

La iniciativa propone reconocer expresamente en la legislación estatal los derechos de las y los menores a mantener una convivencia efectiva con su madre o padre, así como establecer un régimen especial de visitas y convivencia que fortalezca los vínculos materno-filiales y paterno-filiales.

Asimismo, la propuesta busca impulsar una protección integral de la niñez michoacana, priorizando el bienestar emocional y el desarrollo de las y los menores afectados por la separación familiar, mediante acciones que reduzcan el impacto psicológico derivado de la ausencia de la figura materna o paterna.

Con esta iniciativa, el diputado Iván Vera refrendó su compromiso de impulsar reformas con enfoque humanista y de protección a los derechos de la niñez, fortaleciendo las políticas públicas orientadas a garantizar entornos más justos y sensibles para las familias michoacanas.

Morelia, Michoacán, a 21 de mayo del 2026.La diputada local Nalleli Pedraza Huerta impulsó una propuesta para que el Congreso del Estado de Michoacán ejerza su facultad de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con el objetivo de reformar la Ley General de Salud y garantizar el acceso obligatorio, inmediato y gratuito a medicamentos huérfanos destinados al tratamiento de enfermedades raras infantiles y condiciones genéticas.

La propuesta fue presentada como resultado del histórico Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad del Estado de Michoacán, donde el parlamentario, José Francisco García Cruz expuso la urgente necesidad de legislar en favor de personas con acondroplasia, una condición genética que provoca displasia esquelética, talla baja y múltiples complicaciones médicas que comprometen seriamente la salud y calidad de vida de quienes la padecen.

Pedraza Huerta, explicó que la acondroplasia no solo representa una condición física visible, sino que está asociada a graves comorbilidades como apnea del sueño, estrechamiento de vías respiratorias, hidrocefalia, estenosis espinal, compresión medular y severas deformaciones ortopédicas.

Asimismo, se destacó que durante años los pacientes han tenido que recurrir a procedimientos altamente invasivos y dolorosos, como las elongaciones bilaterales de extremidades, que implican fracturas intencionales y largos procesos quirúrgicos con riesgos de infecciones, rechazo de material e incluso amputaciones.

En ese contexto, la legisladora se subrayó la importancia de la Vozoritida, primer medicamento huérfano aprobado para atender la causa molecular de la acondroplasia, permitiendo un crecimiento óseo más seguro y reduciendo el riesgo de complicaciones graves, además de favorecer la movilidad, autonomía y desarrollo integral de niñas y niños.

Sin embargo, se advirtió que la efectividad de este tratamiento depende de una ventana biológica limitada, ya que únicamente puede actuar mientras las placas de crecimiento permanecen abiertas. Por ello, cualquier retraso burocrático en la autorización o suministro del medicamento representa una pérdida irreversible para la salud y desarrollo de los pacientes pediátricos.

Ante esta problemática, la diputada Nalleli Pedraza planteó reformar el artículo 224 Bis 1 de la Ley General de Salud para establecer de manera expresa la obligación del Sistema Nacional de Salud de adquirir, abastecer y suministrar gratuitamente medicamentos huérfanos aprobados para enfermedades raras infantiles cuya eficacia dependa de etapas específicas del desarrollo biológico.

La legisladora señaló que esta reforma busca priorizar el interés superior de la niñez sobre las barreras administrativas y presupuestales, garantizando que ningún menor pierda la oportunidad de acceder oportunamente a tratamientos que pueden transformar su calidad y expectativa de vida.

Finalmente, la diputada Nalleli Pedraza, añadió que esta propuesta también contempla fortalecer las acciones de investigación y desarrollo de medicamentos huérfanos, así como establecer mecanismos que permitan asegurar su disponibilidad y acceso efectivo en las instituciones públicas de salud de todo el país.

La intención no es criminalizar ni estigmatizar a las y los adolescentes, sino permitir su reintegración y evitar que conductas administrativas escalen a situaciones graves.

Morelia, Michoacán, 22 de mayo de 2026.Con el objetivo de fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes y construir mecanismos de prevención social más efectivos, el diputado Alfredo Anaya presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán para crear un procedimiento especializado dirigido a adolescentes que cometan faltas administrativas.

La propuesta contempla la creación de un nuevo capítulo denominado “Del Procedimiento de Justicia Cívica y Mediación Administrativa para Adolescentes”, con el propósito de establecer un modelo preventivo, formativo y restaurativo que permita atender estas conductas desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo integral.

El legislador destacó que la intención no es criminalizar ni estigmatizar a las y los adolescentes, sino brindarles herramientas que permitan su reintegración y evitar que conductas administrativas puedan escalar hacia situaciones más graves.

“Debemos apostarle a la prevención y al acompañamiento, no a la sanción por sí sola. Nuestro compromiso es construir oportunidades para nuestros jóvenes y fortalecer el tejido social desde las primeras señales de riesgo”, expresó Alfredo Anaya.

La iniciativa establece que, cuando un adolescente incurra en una falta administrativa, las autoridades deberán privilegiar medidas educativas y de reintegración social, garantizando en todo momento el respeto al interés superior de la niñez y sus derechos fundamentales.

Asimismo, se contempla que los adolescentes tengan derecho a ser escuchados durante el procedimiento, contar con el acompañamiento de padres o tutores y recibir orientación jurídica adecuada. También se propone que las audiencias se desarrollen bajo principios de oralidad, transparencia y rapidez.

Otro de los puntos relevantes de la propuesta es la posibilidad de que los jueces cívicos canalicen los casos a procesos de mediación administrativa o comunitaria para fomentar el diálogo, la reparación del daño y la reconstrucción del entorno social.

La reforma también establece que las medidas aplicables deberán ser de carácter formativo y no punitivo, evitando sanciones privativas de la libertad como medida principal. Además, se prohíbe que adolescentes sean retenidos en instalaciones destinadas a personas adultas, garantizando su integridad física y emocional.

De igual forma, la propuesta busca fortalecer las herramientas de seguimiento mediante la implementación de bases de datos biométricas en las direcciones de Justicia Cívica del estado, permitiendo una mejor coordinación con instituciones como la Fiscalía y el DIF para identificar a padres o tutores, dar seguimiento puntual a los procesos de reintegración y prevenir conductas de mayor riesgo.

Con esta iniciativa, Alfredo Anaya refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas enfocadas en la prevención, la protección de las juventudes y la construcción de una justicia más humana y cercana a las necesidades de la sociedad.