La sumisión química consiste en la administración de sustancias psicoactivas para manipular la conciencia, doblegar la decisión o modificar el comportamiento de una persona sin su consentimiento
Morelia, Michoacán a 02 de julio de 2026.El Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen de reformas al Código Penal de Michoacán que incorpora, entre otras disposiciones, el delito de sumisión química como una figura autónoma y sancionable, a propuesta de la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz. Con esta reforma, Michoacán se suma a las entidades que tipifican de manera específica la administración de sustancias psicoactivas sin consentimiento con el fin de anular la voluntad de las víctimas, conducta que hasta ahora navegaba en un vacío legal.

La legisladora reconoció a la Comisión de Justicia por su sensibilidad y rigor técnico al dictaminar el paquete de reformas, que no solo endurece sanciones y actualiza tipos penales en delitos sexuales, violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, y protección de periodistas, defensores de derechos humanos, personal de salud, seguridad y veterinarios, sino que también incorpora nuevas figuras delictivas y agravantes. Entre todas ellas, destacó la iniciativa que propone incorporar el delito de sumisión química.

Arreola Ruiz subrayó que legislar en este siglo implica tener la valentía de nombrar y enfrentar las nuevas y más cobardes formas de violencia que padecen las personas, y de manera desproporcionada, las mujeres. “Durante mucho tiempo, la sumisión química ha sido el delito invisible. Ocurre en las sombras de los bares y antros, en la confianza de compartir copa o en el descuido de un momento. Se ha utilizado para anular la voluntad de las víctimas y allanar el camino para otros delitos como violaciones, abusos sexuales, secuestros, desapariciones o robos”, afirmó.

La diputada explicó que la sumisión química consiste en la administración de sustancias psicoactivas para manipular la conciencia, doblegar la decisión o modificar el comportamiento de una persona sin su consentimiento, calificándola como una violencia de extrema gravedad porque no solo ataca el cuerpo, sino la esencia de la libertad, al despojar a la víctima de su capacidad para decir «no», para resistirse e incluso para recordar el horror vivido.

Sandra Arreola respaldó su propuesta con datos que indican que el 66% de las víctimas de sumisión química son mujeres, y de ellas, entre el 80 y el 90 por ciento sufren agresiones sexuales mientras se encuentran indefensas. “Compañeros, no estamos legislando sobre una hipótesis; estamos respondiendo a una crisis que ya está sucediendo en nuestros hogares, en nuestras calles y en nuestros espacios de ocio. El Estado no puede ni debe permanecer ajeno”, puntualizó.

Con la aprobación de este dictamen, quien use sustancias químicas para anular el consentimiento de una persona tendrá una sanción específica y ejemplar, cerrando así un vacío legal que durante años ha permitido la impunidad en estas conductas. “Porque aquello que la ley nombra, reconoce y sanciona, también construye justicia y envía un mensaje de protección a las víctimas y de cero tolerancia a los agresores”, sostuvo.

Al concluir, Arreola Ruiz reiteró su gratitud a las y los integrantes de la Comisión de Justicia por no haber dejado esta propuesta en el olvido y por entender que este dictamen no es un simple trámite, sino “un escudo legal para la libertad, la integridad y la dignidad de todas y todos los michoacanos”. El dictamen aprobado fue turnado a las instancias correspondientes para su publicación y entrada en vigor.

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Destacó la importancia de construir congresos más incluyentes y recordó la realización del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad en Michoacán.

Morelia, Michoacán, a 01 de julio del 2026. En el marco del Día Internacional del Parlamentarismo, la diputada local Nalleli Pedraza Huerta reafirmó su compromiso de seguir impulsando un Poder Legislativo cercano a la ciudadanía, abierto a la participación y donde todas las personas tengan la oportunidad de ser escuchadas y contribuir a la construcción de mejores leyes.

La legisladora recordó que uno de los proyectos más importantes de su labor parlamentaria fue impulsar el Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad del Congreso del Estado de Michoacán, un ejercicio sin precedentes que permitió que personas con discapacidad, familiares, colectivos y activistas presentaran directamente propuestas para fortalecer el marco jurídico en materia de inclusión.

«El parlamentarismo cobra sentido cuando abre sus puertas a quienes históricamente no habían sido escuchados. Nuestro compromiso ha sido construir un Congreso donde todas las voces cuenten y donde la participación ciudadana se traduzca en acciones legislativas reales», afirmó.

Nalleli Pedraza destacó que dicho Parlamento representó un ejercicio democrático que colocó en el centro las experiencias y necesidades de las personas con discapacidad, permitiendo construir iniciativas desde la voz de quienes viven diariamente los retos de la inclusión.

La diputada recordó que varias de las propuestas emanadas de este ejercicio ya han sido presentadas ante el Congreso del Estado y continúan su proceso legislativo, abordando temas como el acceso a la salud, educación inclusiva, accesibilidad, derechos de las personas sordas, apoyos a personas cuidadoras y atención integral para personas con discapacidad.

«Nuestro compromiso no terminó con la realización del Parlamento; continúa con la presentación de iniciativas que buscan convertir esas propuestas en leyes que garanticen derechos y mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad y sus familias», señaló.

La legisladora enfatizó que el parlamentarismo moderno debe construirse con cercanía, diálogo permanente y participación ciudadana, ya que las mejores decisiones públicas nacen de escuchar a quienes conocen de primera mano las necesidades de sus comunidades.

Finalmente, Nalleli Pedraza reiteró que continuará impulsando un Congreso más abierto, incluyente y participativo, convencida de que la democracia se fortalece cuando la ciudadanía forma parte de la construcción de las leyes.

«Seguiremos legislando de la mano de la gente, porque un Parlamento verdaderamente democrático es aquel que representa a todas y todos, sin dejar a nadie atrás», concluyó.

Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026. Con la finalidad de que personas con neurodivergencias y enfermedades raras que hayan optado por instrucción académica en casa puedan incorporarse a un entorno escolar tradicional, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura adicionó el artículo 59 Bis a la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.

Al votar a favor del Dictamen puesto a su consideración por la Comisión de Educación sobre la iniciativa del diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, buscan garantizar el derecho a la educación, de las niñas, niños, adolescentes y adultos con neurodivergencias y enfermedades raras, cuyos familiares o tutores optaron por brindar una instrucción académica en casa o en el entorno familiar, e ir preparándolo para que se incluya con posterioridad al entorno escolar tradicional.

De tal forma que con la adición del Artículo 59 Bis, mandataron que la Secretaría de Educación deberá garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y adultos con neurodivergencias y enfermedades raras, bajo los principios de igualdad sustantiva, ajustes razonables, accesibilidad, no discriminación e interés superior de la niñez.

Para ello, las y los educandos con neurodivergencias y enfermedades raras que hayan recibido educación en modalidad no escolarizada o en el ámbito familiar podrán solicitar su reincorporación a la modalidad escolarizada y tendrán derecho al reconocimiento del grado o nivel educativo correspondiente, realizando la valoración y evaluación respectiva para que sea integrado en el grado de estudios acorde a su edad o competencias académicas.

En su Exposición de Motivos el legislador Alejandro Iván Arévalo señaló que en Michoacán, diversas familias que tienen en su núcleo personas con discapacidad, neurodivergencias y enfermedades raras optan por modelos de educación en casa como mecanismo de atención personalizada, debido a barreras estructurales, pedagógicas o sociales en el sistema escolar tradicional, así como la falta de elementos de inclusión en las instituciones educativas, que permitan un desarrollo integral de los educandos.

“No obstante, existen estudios que muestran la factibilidad de reincorporarse al sistema educativo en algún momento de su vida, sin embargo, al momento de reincorporarse al sistema educativo formal, enfrentan obstáculos administrativos y falta de criterios claros para el reconocimiento del grado educativo correspondiente, lo que vulnera el principio de continuidad educativa y no discriminación”, detalló.

Por ello, precisó, es una tarea del Estado, garantizar condiciones de igualdad e inclusión en todos los sectores de la sociedad, “sin embargo, esto a su vez representa aun, un desafío importante, pues las propias normas que nos rigen no contemplan en su totalidad un plano de inclusión que tome en cuenta la necesidad de todos los sectores de la población”.

”Con estas reformas, se hará justicia a miles de víctimas”, asegura el diputado priista.

Morelia, Michoacán, a 01 de julio de 2026. El desplazamiento forzado por el crimen organizado ya es considerado un delito, destacó el diputado Memo Valencia quien hizo la propuesta.

Con estas reformas, aseveró, se hará justicia a miles de víctimas de delincuentes que  han dejado  comunidades enteras, muchas de ellas de la capital michoacana y otras en las zonas de Tierra Caliente y la Sierra-Costa.

«Esta iniciativa la presenté el 3 de junio de 2026, con la que se buscó tipificar el desplazamiento forzado, que vino a complementar la que ya había presentado con anterioridad mi compañera Sandra Garibay. Estoy seguro que los ciudadanos víctimas del crimen organizado que los obliga a dejar sus tierras, sus parcelas, sus animales, estoy seguro que se sienten orgullosos de que se hable de ellos y se alce la voz», afirmó.

Recordó que la propuesta de agravar las penas por robo cuando sea a cuentahabientes en cajeros, bancos o tiendas de conveniencia, se inspiró en el trabajo que durante años ha realizado Revolución Social para apoyar a víctimas de este ilícito.

«Compañeros de Revolución Social, se hizo posible una de nuestras luchas. Con esto, varios de los delincuentes de los que muchos de ellos hemos detenido en flagrancia, ya podrán quedarse en la cárcel y pagar sus fechorías, los buenos somos más»,  dijo.

Informó que también la iniciativa presentada por el diputado suplente Santiago Sánchez, para agravar el quebrantamiento de sellos, fue aprobada.

inalmente, el diputado priista hizo un reconocimiento público a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y demás corporaciones que participaron en el desmantelamiento del grupo delictivo encabezado por ‘El Sierra 1’, y al mismo tiempo alertó a la ciudadanía para no caer en extorsiones de presuntos sucesores de este cártel criminal, porque son llamadas falsas de extorsión que proceden del Centro de Reinserción Social ‘Santa Martha Acatitla’.

Se abrogó la Ley del Consejo Económico y Social del Estado

Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026. La 76 Legislatura crea el Consejo Michoacano para el Desarrollo Económico, el cual será el encargado de generar consenso, orientar decisiones económicas con base en evidencias, convirtiéndose en pieza clave en el modelo de desarrollo económico de Michoacán.

Por mayoría de votos, las y los diputados avalaron la creación del Consejo que permitirá articular los esfuerzos del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil organizada, bajo un mismo objetivo: diseñar, coordinar y dar seguimiento a una política económica de largo plazo, sostenible, equitativa y competitiva, establece el dictamen elaborado por la Comisión de Industria, Comercio y Servicios.

Dicho dictamen fue el resultado del estudio y análisis de las iniciativas presentadas por os diputados David Martínez Gowman, Antonio Mendoza Torres y Vanessa Caratachea Sánchez, así como, la impulsada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para reformar diversos artículos la Ley de Desarrollo Económico de Michoacán y se abroga la Ley del Consejo Económico y Social del Estado.

Es así, que el Consejo de nueva creación será un órgano colegiado consultivo de participación ciudadana, asesoría, consulta y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos estratégicos de la Secretaría en la materia, que impulsen el desarrollo económico del Estado.

Este, estará integrado bajo los principios de paridad de género, por el titular del Poder Ejecutivo del Estado (presidente), titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (vicepresidencia), titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, y titular de la Secretaría de Educación.

Como representante del Poder Legislativo será la persona titular de la presidencia de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios; y por parte de la sociedad civil en calidad de consejeros: una persona representante del sector académico; y, dos personas representantes de los sectores económicos predominantes en el estado.

Cabe destacar que, al abrogar la Ley del Consejo Económico y Social de Michoacán, la Secretaría de Desarrollo Económico, fungirá como órgano liquidador y recibirá los recursos presupuestales que actualmente ejerce dicho Consejo, respetando todos los derechos laborales de los trabajadores conforme a su categoría y la legislación aplicable.

Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026. Ahora, por ley en Michoacán, las y los estudiantes podrán recibir una constancia que permita reconocer las habilidades y conocimientos adquiridos durante la realización de su servicio social.

Lo anterior, luego que en sesión extraordinaria la 76 Legislatura aprobó el dictamen elaborado por la comisión de Educación a partir de la propuesta impulsada por la diputada Teresita Herrera Maldonado, para reformar el artículo 186 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán.

Por unanimidad, las y los legisladores avalaron la reforma que reconoce que el servicio social constituye un espacio de aprendizaje práctico en el que las y los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos en las aulas, fortalecen habilidades de trabajo colaborativo y adquieren experiencia en contextos laborales y comunitarios.

Dicha reforma, reconoce que uno de los principales desafíos que enfrentan las personas recién egresadas al incorporarse al mercado laboral es la falta de experiencia acreditable, por lo que, resulta pertinente generar mecanismos que permitan visibilizar y acreditar formalmente las capacidades desarrolladas durante la prestación del servicio social.

En este sentido, la emisión de esta constancia contribuirá a que las y los egresados cuenten con un documento oficial, fortaleciendo sus oportunidades de inserción en el mercado laboral y favoreciendo el reconocimiento de dichas actividades como experiencia relacionada con el desempeño profesional.

Finalmente, se estableció que un periodo de 90 días naturales para que las autoridades e instituciones educativas ajusten su normativa interna, a fin de que la reforma sea una realidad en beneficio de las y os estudiantes en Michoacán.

Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026. Las y los legisladores del Congreso del Estado modificaron la Ley de Educación para incorporar de manera expresa el enfoque de derechos humanos, el respeto y cuidado del medio ambiente, la perspectiva de género, la igualdad sustantiva y el principio de una educación libre de violencias.

La Comisión de Educación en conjunto con las comisiones de Protección a la Niñez y Adolescencia y de Igualdad Sustantiva y de Género dictaminó las iniciativas presentadas por Carlos Alejandro Bautista Tafolla, Carlos Alejandro Bautista Tafolla y Vicente Gómez Núñez a efecto de garantizar la congruencia normativa y la correcta implementación de dichos principios en el ámbito local.

Con las reformas a los artículos 17, 28, 29, 34, 113, 114, 117 y, 226; además de la adición de las fracciones I Bis y XVI Bis al artículo 4 en la Ley de Educación, se fortalecieron los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, igualdad sustantiva y educación libre de violencias para atender de manera estructural las desigualdades y diversas formas de discriminación que persisten en el ámbito educativo.

Así mismo, para eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de las y los educandos, y para ello, las y los integrantes de la 76 Legislatura del Congreso del Estado estipularon en la Ley de Educación que deberán implementarse políticas educativas con enfoque diferenciado, con perspectiva de género y de derechos humanos para la prevención y atención de la deserción escolar de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

También, que la autoridad educativa estatal orientará sus acciones para concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario, seguro y libre de violencias, en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad.

Con la modificación al marco jurídico estatal, se definió que comete acoso sexual, quien en beneficio suyo o de un tercero, persiga, asedie física o verbalmente a persona de cualquier sexo, con fines sexuales no consentidos a otra persona, en el entorno escolar.

Mientras que el hostigamiento sexual, fue precisado como el ejercicio de quien, en función de una posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes o de cualquier otra clase que implique subordinación, solicite a otra persona para sí o para un tercero, cualquier tipo de acto de naturaleza sexual, dentro del entorno escolar.

Con la reforma al Artículo 17, las y los legisladores mandataron que la rectoría de la educación corresponde al Estado, de manera obligatoria, gratuita, laica, científica, universal, pública, integral, cívica e inclusiva, con perspectiva de género y de derechos humanos, eliminando toda forma de discriminación, exclusión y violencias, así como las demás condiciones estructurales que puedan implicar barreras para el aprendizaje y la participación.

Morelia, Michoacán, a 1 de julio del 2026. El Pleno de la 76 Legislatura, reformó el artículo 228 bis del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, para tipificar el delito de daño en las cosas conducta tecnología digital, que será la conducta cometida a través de medios tecnológicos, digitales, inteligencia artificial, tecnologías de la información, sistemas informáticos, plataformas digitales, redes de comunicación o medios electrónicos, destruya, deteriore, altere, inutilice o afecte total o parcialmente una cosa ajena o propia, cuando de dicha conducta derive un perjuicio económicamente apreciable en perjuicio de otro.

Con esta reforma se incorpora con claridad los elementos objetivos del tipo penal destrucción, deterioro, alteración o inutilización de la cosa, así como la exigencia de que el uso de medios digitales sea determinante en la producción del resultado lesivo, y el elemento subjetivo del dolo.

De la misma forma se integran criterios de valoración relacionados con el lucro, la reiteración de la conducta, la afectación a una pluralidad de víctimas y la relevancia del impacto económico, así como la previsión de persecución por querella en los supuestos de menor afectación patrimonial, logrando un equilibrio adecuado entre eficacia punitiva y garantías penales.

Esta reforma, es una evolución necesaria en el derecho penal estatal, anclada en principios dogmáticos universales de protección dinámica del patrimonio y de adaptación normativa a la realidad digital contemporánea, sin comprometer los principios de legalidad, proporcionalidad ni el marco constitucional de distribución de competencias.

Con ello, se fortalece la tutela efectiva del bien jurídico patrimonial en un contexto socioeconómico híbrido, contribuyendo a la construcción de un orden jurídico más resiliente, equitativo y eficaz.