Morelia, Michoacán, 10 de junio de 2026. La Septuagésima Sexta Legislatura resaltó la importancia de la salud mental de las personas cuidadoras, al incorporar a la Ley de Salud, así como a la de Salud Mental del Estado de Michoacán, disposiciones que promueven acciones de orientación, apoyo y prevención de la sobrecarga de las personas cuidadoras.

En Sesión Extraordinaria, las y los integrantes del Congreso del Estado votaron a favor del Dictamen elaborado por la Comisión de Salud y Asistencia Social sobre la iniciativa de la diputada María Itzé Camacho Zapiain, mediante la cual se adiciona un tercer párrafo al artículo 30 de la Ley de Salud y se reforma el artículo 16 de la Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán de Ocampo.

De acuerdo con el Dictamen aprobado, era necesario fortalecer el marco normativo estatal incorporando disposiciones que promuevan acciones de orientación, apoyo emocional y prevención de la sobrecarga física y mental en las personas cuidadoras, reconociendo la importancia de su bienestar dentro de las políticas públicas de salud y salud mental.

Con las modificaciones a ambos ordenamientos jurídicos, se “plantea avanzar hacia un enfoque más integral de la salud mental, que no sólo reconozca a quienes requieren atención médica, sino también a quienes desempeñan cotidianamente labores de cuidado, contribuyendo así al fortalecimiento de las redes familiares y comunitarias que sostienen el bienestar social”.

De tal forma, que con la adición de un tercer párrafo al artículo 30 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, se precisa que la Secretaría de Salud promoverá, dentro de los servicios de salud mental del primer nivel de atención, programas de orientación, apoyo emocional y prevención del desgaste físico y mental dirigidos a las personas cuidadoras de personas que requieran cuidados permanentes o de larga duración.

En el Artículo 16 de la Ley de Salud Mental del Estado de Michoacán de Ocampo se determinó que Para la prevención de riesgos en materia de salud mental, el Gobierno implementará acciones para promover programas de apoyo emocional, orientación y prevención del desgaste físico, emocional y mental de las personas cuidadoras de personas que requieran cuidados permanentes o de larga duración.

La legisladora María Itzé Camacho señalo que el cuidado prolongado puede generar un impacto significativo en la salud física y emocional de quienes lo realizan, y que el cuidado intensivo puede generar consecuencias como deterioro en la calidad de vida, aislamiento social, agotamiento emocional y afectaciones a la salud física, particularmente cuando el cuidado se realiza durante largos periodos y con escaso apoyo institucional o comunitario.

Indispensable garantizar la participación segura, accesible y libre de revictimización de menores de edad en los procesos judiciales.

Morelia, Michoacán, La justicia debe estar al alcance de todas las personas, principalmente de nuestras niñas y niños, indicó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán.

Detalló que esta propuesta tiene la finalidad de establecer disposiciones que garanticen la participación efectiva, segura y accesible de los niños y personas con discapacidad, mediante mecanismos de protección, espacios adecuados, ajustes razonables y criterios objetivos para la toma de decisiones durante los procesos judiciales.

“Esta propuesta representa un compromiso claro: que ninguna niña, niño o adolescente, con o sin discapacidad, tenga que elegir entre decir la verdad o sentirse seguro dentro de un proceso judicial. Ellos necesitan tener a su alcance un sistema de justicia más humano, accesible e incluyente”.

Herrera Maldonado explicó que especialmente en los procedimientos de carácter familiar, donde se toman decisiones que impactan directamente la vida de los menores, es indispensable garantizar condiciones de confidencialidad, seguridad y accesibilidad que les permitan expresar libremente sus opiniones y necesidades.

“El bienestar físico, mental y emocional de nuestras niñas y niños es lo más importante, debemos procurar que se desarrollen en ambientes adecuados, aún cuando por distintas situaciones deban participar en procedimientos jurisdiccionales. Sabemos que en dichos procesos, en los que se encuentra involucrado un menor de edad, es indispensable escucharlos, tomar en cuenta su opinión de acuerdo a su madurez y edad, pero cuidando en todo momento que no sean revictimizados”.

La legisladora panista aseveró que a pesar de que en Michoacán se contemplan espacios especializados para la atención de los menores, que deben participar en un juicio, la existencia de los mismos se limita a una decisión administrativa porque no se encuentra estipulado en la ley, lo que impide que sea implementado de manera obligatoria.

La iniciativa busca incorporar estas garantías en el marco normativo estatal, para asegurar que los mecanismos de protección y atención especializada sean permanentes, obligatorios y accesibles para todas las niñas, niños y adolescentes que requieran participar en un juicio.

Morelia, Michoacán, “Garantizar internet para estudiantes es abrir más oportunidades para aprender. Hoy muchas tareas, investigaciones y actividades escolares dependen de la conectividad”, afirmó el diputado local del PRD, Octavio Ocampo, al reconocer la iniciativa presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para elevar a rango constitucional el programa D4ta, Datos Gratis.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en Michoacán 3 millones 776 mil personas utilizan internet, equivalente al 82.5 por ciento de la población, lo que muestra la importancia que tiene la conectividad en la vida diaria de las familias y de las y los estudiantes.

Octavio Ocampo señaló que la propuesta representa un paso para asegurar que las y los estudiantes de nivel medio superior y superior de instituciones públicas mantengan acceso a internet como parte de su formación académica. Explicó que la iniciativa busca incorporar este derecho en la Constitución de Michoacán para que el beneficio permanezca y continúe llegando a quienes cursan sus estudios en escuelas públicas.

El legislador destacó que la reforma al artículo 139 de la Constitución Política del Estado permitiría garantizar el acceso individualizado, continuo y suficiente a servicios de conectividad digital mediante dispositivos móviles u otras tecnologías. Añadió que el acceso a internet se ha convertido en una herramienta utilizada diariamente por estudiantes para consultar información, realizar actividades escolares y mantenerse comunicados con sus centros educativos.

Ocampo también resaltó que actualmente más de 80 mil estudiantes son beneficiarios del programa D4ta, Datos Gratis en Michoacán. Señaló que fortalecer este mecanismo desde la Constitución contribuye a que más jóvenes tengan acceso a herramientas digitales para continuar sus estudios, en una entidad donde más de 3.7 millones de personas utilizan internet como parte de sus actividades cotidianas, educativas y de comunicación.

La iniciativa fortalece la coordinación entre instituciones para brindar atención más humana, cercana y oportuna a pacientes y sus familias.
El DIF estatal establecería mecanismos permanentes de apoyo físico y emocional para quienes enfrentan enfermedades raras, poco frecuentes o discapacitantes.

Morelia, Michoacán, Legislar en favor de las personas con enfermedades raras o discapacitantes es reconocer su dignidad, sus derechos y garantizar una atención integral en materia de salud, indicó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Asistencia Social de Michoacán. 

Herrera Maldonado aseveró que en Michoacán existen miles de familias que enfrentan diariamente la incertidumbre, el desgaste físico, emocional y económico que implica vivir con una enfermedad, lo que representa un reto de salud pública, y que permanece invisibilizado.

Recalcó que con la iniciativa presentada se busca fortalecer la coordinación entre distintas instituciones involucradas para garantizar una atención más humana, cercana y sensible a las necesidades de los pacientes y quienes los acompañan en su proceso.

“Esta iniciativa tiene como finalidad que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) establezca mecanismos permanentes de acompañamiento y apoyo físico y emocional para personas que padecen enfermedades raras, poco frecuentes o discapacitantes, en el Estado de Michoacán, mediante acciones coordinadas entre instituciones de salud, organismos de asistencia social y autoridades estatales y municipales”.

La legisladora panista detalló que las políticas públicas en materia de salud deben tener una visión humanista y empática que acompañe y atienda las necesidades emocionales y sociales de quienes viven con una enfermedad rara o discapacitante, y sus familias.

“Las personas con enfermedades raras, poco frecuentes o discapacitantes deben tener a su alcance las herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida. Ellos cada día se enfrentan a una gran batalla, en la que ganar significa vivir”.

Tere Herrera puntualizó que desde el Congreso del Estado continuará impulsando leyes que permitan el acceso a servicios de salud, que promuevan la inclusión y garanticen una mejor calidad de vida para todas y todos los michoacanos.

La iniciativa busca deslindar de culpa por daño de vehículo a quienes actúen en rescate de personas o animales en principio de riesgo por estar encerrados en automóvil

Morelia, Michoacán, a 04 de junio 2026. La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Michoacán con el objetivo de excluir de responsabilidad penal a aquellas personas que, actuando de buena fe, de manera racional, proporcional e inmediata, ocasionen daños mínimos indispensables en un vehículo o espacio cerrado para rescatar a un menor, adulto mayor, persona con discapacidad o animal que se encuentre en riesgo real e inminente de muerte o lesiones graves debido a temperaturas extremas.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora recordó dos casos recientes que conmocionaron al país. El primero fue el de Vicente, un niño de tres años en Mexicali, quien perdió la vida tras permanecer más de 12 horas dentro de un vehículo bajo temperaturas extremas, sufriendo golpe de calor y quemaduras en la piel.

El segundo ocurrió en Morelia, donde elementos de seguridad rescataron a un menor de tres años encerrado en un automóvil con temperaturas de hasta 45 grados centígrados, mientras la persona responsable decidió formarse para conseguir boletos para un concierto. “Estamos hablando de dos casos de negligencia en menos de un mes.

Estos hechos nos obligan a reflexionar: cuando una vida está en peligro, cada minuto cuenta. ¿Por qué ningún civil hizo algo para ayudar?”, cuestionó Arreola Ruiz.

La diputada señaló que existe un vacío legal que coloca a las personas frente a una decisión difícil: salvar una vida y exponerse a posibles consecuencias legales por ocasionar daños en un vehículo, o abstenerse de actuar por temor a una denuncia.

“La pregunta es muy simple: ¿Qué vale más? ¿Un cristal roto o una vida humana?”, expresó. La iniciativa propone incorporar una disposición clara que excluya de responsabilidad penal a quienes, actuando motivados por la solidaridad y el deber humano de auxiliar, causen daños mínimos e indispensables para rescatar a alguien en riesgo real e inminente dentro de un vehículo o espacio cerrado.

Arreola Ruiz fundamentó su propuesta en el estado de necesidad, figura jurídica reconocida por el sistema penal que justifica una conducta cuando se realiza para evitar un daño mayor e inminente, así como en el principio pro persona consagrado en el artículo 1º de la Constitución, que obliga a las autoridades a privilegiar la protección más amplia para los derechos humanos.

La legisladora concluyó que esta iniciativa obliga a decidir qué tipo de sociedad se quiere ser: una que permanezca inmóvil por miedo a consecuencias legales mientras una vida está en riesgo, o una que entienda que la empatía, la solidaridad y la protección de la vida deben estar por encima de cualquier bien material.

“Que la historia de Vicente no quede solamente en la memoria de una tragedia. Que nos sirva para actuar, para prevenir y para entender que salvar una vida siempre debe ser prioridad. Porque nadie debería perder la vida por permanecer olvidado dentro de un vehículo mientras quienes pudieron ayudar tuvieron miedo de hacerlo”, sentenció.

Morelia, Michoacán, Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica de las y los michoacanos en el entorno digital, el diputado David Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal local.

La propuesta busca adicionar el Capítulo VI, denominado «Acceso y Uso Ilícito de Sistemas Informáticos», al Título Vigésimo Primero del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. Esta reforma aborda la creciente necesidad de regular y sancionar conductas que vulneran la integridad de los sistemas de información, estableciendo penas específicas para quienes vulneren la seguridad digital de los ciudadanos.

Durante la presentación en el pleno del diputado en Congreso del Estado, se destacó que el vacío legal en materia de delitos cibernéticos a nivel local requiere una actualización urgente para responder a los desafíos tecnológicos actuales, salvaguardando también el normal funcionamiento de las vías de comunicación y los sistemas tecnológicos vinculados a los servicios públicos.

«Es fundamental que nuestro marco jurídico evolucione al mismo ritmo que la tecnología para garantizar que ningún delito cometido a través de sistemas informáticos quede impune», señaló el legislador.

Con esta iniciativa presentada por Martinez Gowman, Michoacán se colocaría a la vanguardia en la protección de los derechos digitales de la población.