Morelia, Michoacán, a 03 de diciembre de 2025.Como parte del compromiso por mejorar las condiciones de salud en la entidad, y en cumplimiento con los lineamientos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, presentó la iniciativa de reforma al artículo 121 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán.

Esta propuesta, busca dar cumplimiento a los lineamientos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos, en los Centros de Readaptación Social, donde quienes cumplen alguna condena, no cuentan con acceso a servicios de salud dignos.

«Este planteamiento, solo busca cumplir con el respeto al derecho a la salud para todas y todos los michoacanos», mencionó la diputada del Partido del Trabajo (PT).

Resaltó que el Estado tiene la responsabilidad indeclinable de proteger la integridad, salud y las posibilidades de reinserción social, «por lo que dar atención a esta necesidad es urgente e inaplazable».

«Hablo de falta de medicamentos, carencia de personal especializado, atención psiquiátrica insuficiente, poca cobertura en salud mental, infraestructura médica limitada y ausencia de servicios esenciales para mujeres y personas con adicciones. Estas condiciones no solo violan derechos humanos; también obstaculizan la reinserción social, uno de los fines constitucionales del sistema penitenciario», agregó.

En la exposición de motivos, la diputada de la bancada del PT indicó que está reforma busca dotar de servicios médicos en áreas colo nutrición, ginecología, salud mental, odontología, salud sexual y reproductiva, abasto de medicamentos e insumos, entre otros.

La propuesta fue turnada a las Comisiones correspondientes, a fin de que sea analizada y, posteriormente, aprobada por la 76 Legislatura.

Actualmente, la ley establece que estos derechos prescriben a los dos años del fallecimiento del trabajador, lo que deja en indefensión a viudas, hijos y adultos mayores que enfrentan procesos largos y trámites complejos

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.El diputado Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa de reforma para garantizar que las familias de trabajadores del Estado no pierdan el derecho a pensiones, indemnizaciones o recursos derivados de la muerte de un ser querido por el simple hecho de que transcurrió el plazo legal.

Actualmente, la ley establece que estos derechos prescriben a los dos años del fallecimiento del trabajador, lo que deja en indefensión a viudas, hijos y adultos mayores que enfrentan procesos largos, trámites complejos y situaciones de duelo.

“No puede haber reloj que limite la justicia. No es justo que el Estado se ampare en el tiempo para evadir su responsabilidad moral y legal con las familias de quienes le sirvieron toda su vida”, afirmó Barragán.

El diputado explicó que su propuesta busca que los derechos laborales no desaparezcan con el tiempo, pues la Constitución y los tratados internacionales establecen que las prestaciones deben proteger a las personas que dependían del trabajador, aun después de su muerte.

”La muerte no puede ser una barrera para el derecho, sino una razón más para fortalecerlo. El esfuerzo de una vida debe traducirse en protección, no en abandono”, añadió.

Barragán recordó que maestras, médicos, policías, trabajadores administrativos, personal operativo y todas las personas que sostienen al Estado con su trabajo merecen que sus familias sean tratadas con dignidad. La reforma, destacó, no crea privilegios, sino que corrige una injusticia que ha afectado por años a miles de familias.

“Esta iniciativa coloca a Michoacán a la altura de los principios constitucionales y de los tratados de derechos humanos.  Sobre todo, envía un mensaje claro, en este Congreso creemos en una justicia que no caduca y que acompaña”, subrayó.

Finalmente, el legislador puntualizó que seguirá promoviendo reformas que pongan a las personas al centro de la ley y que dignifiquen el servicio público.

Morelia, Michoacán, 03 de diciembre de 2025.El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó una reforma al artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo con la finalidad de establecer la obligación de la Comisión de Salud de vigilar que los rastros municipales funcionen conforme a las normas y disposiciones zoosanitarias aplicables.

A propuesta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, sobre la iniciativa presentada por el Diputado J. Reyes Galindo Pedraza, se determinó que, con la modificación, se mantiene el objetivo central de reforzar la seguridad alimentaria y la salud pública.

Al mismo tiempo, se dota a los ayuntamientos de un marco más claro, preciso y aplicable, que asegura la observancia de los estándares zoosanitarios.

En las consideraciones del Dictamen, se definió que los rastros municipales juegan un papel fundamental en la cadena de suministro alimentario, al ser el principal centro de distribución de los alimentos de origen animal de los productos cárnicos y sus derivados.

El Legislador Reyes Galindo, en su Exposición de Motivos explicó que, en muchos municipios de Michoacán, las condiciones actuales de los rastros municipales presentan serias deficiencias.

“El manejo de estas instalaciones, en ocasiones, carece del rigor técnico y profesional exigido por la legislación vigente y las necesidades crecientes de nuestras comunidades”, precisó.

Agregó que esta falta de supervisión especializada ha derivado en prácticas inadecuadas que comprometen la inocuidad de los alimentos, ponen en riesgo el cumplimiento normativo y, en casos graves, la seguridad sanitaria de la población.

Presenta propuesta para contratar como mínimo al 5% de la plantilla laboral

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025. Para generar mayores oportunidades de empleo  para quienes viven con alguna discapacidad, la diputada de Morena, Belinda Iturbide Díaz presentó una iniciativa de decreto al Congreso de Michoacán, para que se contrate al menos al 5% de personas con capacidades distintas en la plantilla laboral.

La propuesta busca modificar varias leyes estatales para garantizar que las personas con discapacidad, tengan acceso a oportunidades laborales en igualdad de condiciones y establecer la obligación de contratar, al menos el 5% de personas con discapacidad en la administración pública, estatal y municipal.

Para ello se modificarían diversas leyes estatales, incluyendo la Ley Orgánica Municipal, la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso de Michoacán, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y la Ley para la Inclusión de las con Discapacidad.

Esta iniciativa busca además la implementación de medidas para prevenir y evitar la discriminación y el acoso laboral hacia personas con discapacidad y garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral para quienes cuentan con habilidades diferentes.

Esta iniciativa fue presentada en el marco del Día Internacional para las Personas con Discapacidad “porque la inclusión laboral de personas con discapacidad es un derecho humano fundamental y una tarea impostergable”.

El diputado del PRD propone reconocer la discriminación escolar como una forma de violencia y establecer mecanismos claros para prevenir, denunciar y sancionar estos actos.

Morelia, Michoacán, 3 de diciembre de 2025.Con el objetivo de garantizar una educación libre de exclusión y violencia, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar, que busca reconocer la discriminación escolar como una forma específica de agresión, así como establecer mecanismos de prevención, atención y sanción en los centros educativos de Michoacán.

La propuesta adiciona diversas fracciones a los artículos 2°, 4°, 8° y 38 de la ley vigente, con el propósito de incorporar protocolos específicos para atender casos de discriminación, reforzar el papel del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar y promover campañas educativas permanentes sobre igualdad, diversidad y derechos humanos.

“La escuela debe ser un espacio donde todas las niñas, niños y adolescentes aprendan y se desarrollen sin miedo, sin burlas, sin exclusión. No podemos permitir que la discriminación siga normalizándose como parte de la vida escolar”, señaló Ocampo durante la presentación de la iniciativa.

Destacó que de acuerdo con la Consulta Infantil y Juvenil 2018, Michoacán se ubicó como el cuarto estado con mayor discriminación hacia la niñez y adolescencia, con un 36.7 % de menores que afirmaron haberse sentido discriminados. Entre ellos, el 40.9 % pertenecían a comunidades indígenas y casi la mitad tenía alguna discapacidad.

Asimismo, datos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (Seimujer) muestran que en 2021, tres de cada diez estudiantes michoacanas reportaron haber sufrido violencia en el entorno escolar, mientras que el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación documentó en 2025 varios casos por apariencia física o identidad de género, como el de una alumna de Pátzcuaro excluida por su expresión de género.

Estas cifras, sumadas al incremento de la percepción de discriminación en la población adulta (que pasó del 16.5 % en 2017 al 21.8 % en 2022 según la ENADIS), revelan la necesidad de fortalecer la legislación estatal para proteger la dignidad y diversidad en las aulas.

Con esta reforma, se pretende que los planteles educativos implementen programas de sensibilización, protocolos de denuncia y sanciones claras frente a cualquier forma de discriminación por género, discapacidad, etnia, religión, orientación sexual o apariencia física.

“Educar en igualdad no es una opción política, es una obligación moral y legal. Si no garantizamos espacios inclusivos desde la escuela, seguiremos reproduciendo desigualdades en toda la sociedad”, expresó el legislador perredista.

De aprobarse, esta iniciativa colocaría a Michoacán a la vanguardia nacional en materia de prevención de la violencia y discriminación escolar, alineando su marco jurídico con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La preocupante realidad obliga a abordar el tema con urgencia y responsabilidad, afirmó el legislador

Morelia, Michoacán, 03 de diciembre 2025.El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es una realidad dolorosa que se debe combatir, al ser una de las violaciones mas graves y dolorosas a los derechos de las infancias, estableció el diputado Antonio Carreño Sosa.

Ante ello, el legislador por Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal, en materia de reclutamiento forzado, en la modalidad de corrupción de menores.

En tribuna, Antonio Carreño reprobó que a las infancias se les arrebata la posibilidad de crecer, estudiar, jugar y tener un proyecto de vida. Les quita lo más valioso: su futuro.

Si bien, reconoció, el problema no es nuevo, en los últimos años se ha agudizado. Organismos como la Red por los Derechos de la Infancia en México y UNICEF han señalado que miles de menores han sido reclutados en el país.

Los cárteles aprovechan la pobreza, la falta de oportunidades y los entornos de violencia para engancharlos, ya sea mediante engaños, presiones o amenazas. Y en estados como Michoacán, esta realidad se vive con mayor intensidad en regiones donde la presencia criminal ha fragmentado la vida comunitaria, indicó.

“Quiero decirlo de manera simple y contundente: ningún menor se incorpora por voluntad propia a un grupo delictivo. No existe en ellos un consentimiento válido. Son víctimas, no delincuentes. Y el Estado tiene la obligación de protegerlos siempre”.

Por lo anterior, Toño Carreño dejó en claro que esta iniciativa se construye sobre una idea central: reconocer el reclutamiento forzado como una forma agravada de corrupción de menores.

Al existir otras propuestas en la materia, dijo, es fundamental darle celeridad a los dictámenes para las reformas correspondientes y que quienes reclutan o permiten que se haga, reciban las sanciones correspondientes y más importante, coadyuvar a erradicar esta lamentable práctica.

La iniciativa propone reformar los artículos 156 y 157 del Código Penal del Estado, para establecer con claridad que toda persona que reclute, adiestre, utilice o involucre a menores en actividades ilícitas comete una forma extrema de corrupción de menores y debe ser sancionada con mayor severidad. Además plantea la creación del artículo 156 Bis, que sanciona a quienes facilitan el reclutamiento de manera indirecta, como el traslado, resguardo, logística o entrega del menor.

Finalmente, Toño Carreño calificó de esencial esta reforma porque muchas veces la cadena delictiva no comienza con el reclutador directo, sino con intermediarios que hasta hoy quedaban fuera de la ley. “Esta iniciativa no solo atiende un problema de seguridad, sino un problema humano. Es un paso firme para proteger a quienes más lo necesitan”.