La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda, se congratuló porque se logró un avance importante para que se respeten cabalmente los derechos humanos de las mujeres con la aprobación de la “Ley 3 de 3”.

Morelia, Michoacán, 25 de mayo de 2023.La aprobación de la llamada “Ley 3 de 3” es un mensaje contundente de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y establece una ética política al impedir que agresores sexuales y familiares ocupen cargos públicos, resaltó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Julieta García Zepeda.

Tras la aprobación en la 75 Legislatura del dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la citada Ley, con la finalidad de abonar en la construcción de una sociedad libre de violencia de género, la diputada se congratuló porque se logró un avance significativo para que se respeten cabalmente los derechos humanos de las mujeres.

García Zepeda destacó que la enmienda constitucional busca que quienes tengan antecedentes, denuncias o sentencias como deudores alimenticios, acosadores sexuales o agresores en el ámbito familiar no puedan aspirar a ningún cargo de elección popular.

Señaló que se establecen acciones para sancionar con la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, a las personas que hayan sido sentenciadas por ejercer violencia sexual, psicosexual, salud, seguridad, libertad y política, entre otros.

Así, remarcó, la “Ley 3 de 3” es un parteaguas que fortalece la ética en la política, pues cerraría las puertas a deudores que violentan los derechos de la niñez, a agresores sexuales y familiares. En ninguno de los tres órdenes de gobierno podrá estar un agresor o deudor alimenticio, acotó.

La Secretaría de Medio Ambiente deberá brindar asesoría y capacitación técnica, financiera y administrativa en la materia

Morelia, Michoacán, a 24 de mayo de 2023.Para establecer las bases mínimas de los Huertos Sustentables, su concepto, la integración de un registro estatal y así coadyuvar a la salud y economía de las familias, la 75 Legislatura aprobó adicionar el artículo 67 Bis a la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental de Michoacán.

La iniciativa que fue presentada el pasado mes de noviembre por el diputado Ernesto Núñez, fue dictaminada por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, considerando que al regular de forma clara y concreta la existencia de espacios y actividades orientados a la generación de insumos alimentarios, salubres y ornamentales, se contribuye a la nutrición, salud y patrimonio de los michoacanos.

Es así que quedó establecido que los Huertos Sustentables son las áreas en piso o espacios alternativos, públicos o privados, dentro del territorio con asentamientos urbanos, destinadas al cultivo de frutas, verduras, hortalizas, plantas aromáticas, hierbas medicinales o flores para autoconsumo.

Asimismo, se plasmó en la ley que los municipios, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, deberán impulsar su creación, mantenimiento y protección; dar asesoría y capacitación técnica, financiera y administrativa a quien los solicita; verificar los espacios que cumplan con los requisitos técnicos de cultivo.

Además de registrar los espacios verificados de cultivos urbanos; diseñar políticas públicas o programas para su fomento que ayuden a reducir la precariedad alimentaria y de desempleo, la recreación y la terapia ocupacional; todo para que la agricultura urbana ayude a mejorar la calidad alimentaria y nutricional, a la gestión ambiental e incluso genere ingresos económicos adicionales en pro de las y los michoacanos.

Exclusión educativa y violencia digital ya son contempladas en la ley.

Morelia, Michoacán, a 24 de mayo de 2023.En el marco legal michoacano quedó establecido que la violencia digital y la exclusión educativa son formas de violencia escolar que deberán erradicarse de las escuelas públicas y privadas, con las acciones necesarias y obligadas en las instituciones, marcadas en la norma.

Este miércoles, la 75 Legislatura de Michoacán aprobó reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán de Ocampo y cumplir con tal propósito.

Las y los integrantes de las comisiones de Protección a la Niñez y Adolescencia en conjunto con la de Educación, sometieron a consideración del Pleno Legislativo el dictamen elaborado a partir de las iniciativas presentadas por las diputadas Samantha Flores Adame y María Guadalupe Díaz Chagolla, en el que coincidieron sobre la importancia de que en la ley se considere la capacitación para detectar y atender la violencia escolar, con lo que se facilita el papel de la escuela como agente socializador.

Con las reformas y adiciones al marco jurídico, se define la violencia digital como todo acto intencionalmente dañino que se registre a través de las tecnologías de la información y de la comunicación de manera reiterada en el entorno escolar; mientras que, a la exclusión educativa, la determina cuando la niña, niño y/o adolescente es aislado, apartado, segregado, o amenazado con serlo, de la convivencia escolar por razones de discriminación de cualquier tipo.

De acuerdo con las nuevas disposiciones a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en Michoacán, se contempla la implementación de un buzón anónimo para la recepción de denuncias de la violencia escolar, por considerar que se les brinda a niñas, niños y adolescentes un espacio seguro y libre de señalamientos para denunciar a través del anonimato, y por otro lado, otorgará a las instituciones la posibilidad de realizar actos preventivos eficaces para lograr la resolución de conflictos y con ello evitar casos de violencia escolar.

Los integrantes de la 75 Legislatura definieron como violencia escolar a toda acción u omisión intencionalmente dañina, sea metódica, sistemática o reiterada ejercida por alguno de los miembros de la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos educativos u otros relacionados con lo escolar, así como las amenazas de tales actos, coacción o la privación arbitraria de algún derecho.

Como parte del nuevo ordenamiento, las y los legisladores, mandatan a la Secretaría de Educación en el Estado a que, en el mes de agosto, informe por escrito a las Comisiones de Dictamen de Protección a la Niñez y Adolescencia y Educación del Congreso del Estado, el estado que guardan las acciones ordenadas por dicha Ley.