Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a fortalecer la democracia, combatir el nepotismo electoral, garantizar la igualdad sustantiva y consolidar principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio del poder público en Michoacán. 

La propuesta legislativa, presentada por las y los diputados Diana Mariel Espinoza Mercado, J. Reyes Galindo Pedraza, Hugo Ernesto Rangel Vargas, Baltazar Gaona García y Vicente Gómez Núñez, contempla reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de impedir que los cargos públicos sean utilizados como mecanismos de continuidad familiar o concentración de poder político. 

La diputada Diana Mariel Espinoza Mercado señaló que esta iniciativa responde a una exigencia social legítima de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar procesos electorales más equitativos y transparentes. “La democracia no puede construirse sobre privilegios familiares ni sobre estructuras cerradas de poder; el servicio público pertenece al pueblo y no a grupos que pretendan perpetuarse en los espacios de representación”, expresó.

Asimismo, destacó que la propuesta busca armonizar el marco jurídico estatal con la reciente reforma constitucional federal en materia de nepotismo electoral y fortalecer principios como la paridad de género, la igualdad sustantiva y la participación democrática real. “Queremos abrir mayores oportunidades para nuevos liderazgos sociales, mujeres, jóvenes y ciudadanía comprometida con transformar Michoacán desde la honestidad y la capacidad”, puntualizó la legisladora petista.

Entre los puntos relevantes de la iniciativa destacan las restricciones para que familiares directos de quienes ocupen diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas o regidurías puedan contender de manera inmediata por esos mismos cargos; además de establecer límites al presupuesto del Poder Legislativo, reforzar criterios de austeridad republicana y prohibir prestaciones excesivas o discrecionales para funcionarios de organismos electorales y administrativos. 

La y los diputados del PT señalaron que esta propuesta busca responder a una demanda ciudadana cada vez más presente: contar con instituciones más transparentes, procesos electorales más equitativos y un ejercicio del poder público más cercano a la gente.

Morelia, Michoacán, a 20 de mayo de 2026. La diputada Jackie Avilés del Distrito 03 de Maravatio, dejó claro su compromiso con el deporte y presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reconocer, prevenir y erradicar la violencia en el deporte en Michoacán.

La propuesta busca incorporar a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado el concepto de violencia en el deporte y establecer mecanismos claros para su prevención y atención, incluyendo conductas como el acoso, hostigamiento, discriminación, racismo y cualquier otra forma de violencia que afecte a deportistas, entrenadores, árbitros, familias y asistentes.

“Las canchas y espacios deportivos deben ser lugares donde se formen valores, se construyan sueños y se fortalezca la convivencia, nunca espacios donde la violencia tenga cabida”, expresó la legisladora.

Con esta acción legislativa, la diputada demuestra su compromiso de impulsar iniciativas que garanticen espacios pacíficos y seguros para todas y todos los michoacanos.

Morelia, Michoacán, a 20 de mayo del 2026.En Michoacán queda prohibido que escuelas obliguen o presionen a madres y padres de familia para comprar uniformes, útiles o materiales con proveedores específicos, luego de que el Congreso del Estado aprobara este día la reforma a la Ley de Educación impulsada por la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Grecia Aguilar Mercado.

Durante la discusión del dictamen elaborado por la Comisión de Educación, la legisladora sostuvo que “una educación verdaderamente incluyente no puede construirse sobre imposiciones económicas”, al advertir que miles de familias michoacanas enfrentan cada ciclo escolar gastos excesivos derivados de prácticas que durante años se normalizaron en algunos centros educativos.

Grecia Aguilar señaló que muchas de las llamadas recomendaciones terminan convirtiéndose en presión para madres y padres de familia, quienes llegan a sentir temor de que sus hijas e hijos puedan ser señalados o excluidos si no adquieren productos en determinados establecimientos.

Asimismo, destacó que la reforma establece con claridad que ninguna institución educativa podrá inducir, limitar o condicionar la libre elección de las familias mediante listas exclusivas, convenios o recomendaciones obligatorias con proveedores determinados, fortaleciendo así principios de equidad, justicia y respeto a la economía familiar.

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano precisó que esta modificación legal no busca afectar la organización escolar ni desacreditar el trabajo de docentes y directivos, sino proteger a las familias de cargas económicas indebidas, especialmente a quienes tienen ingresos limitados o varios hijos estudiando.

“Porque cuando protegemos a las madres y padres de familia, también estamos protegiendo el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó la diputada al fijar su postura a favor del dictamen.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró que su voto fue a favor de defender la economía de los hogares michoacanos, garantizar la libre elección de madres y padres de familia y fortalecer una educación que permanezca como un derecho y no como una carga condicionada por intereses económicos. Además de agradecer el respaldo a las y los integrantes de la LXXVI Legislatura Local a la iniciativa que presentó y hoy es una realidad en Michoacán.

El diputado del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para exentar de cargas fiscales a herramientas digitales utilizadas por taxistas concesionados, fortalecer la competitividad del gremio y promover el desarrollo tecnológico local.

Morelia, Michoacán, a 20 de mayo del 2026.El diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, con el objetivo de garantizar condiciones de modernización tecnológica y competitividad para las y los concesionarios del servicio público de taxi.

La propuesta plantea reconocer jurídicamente las aplicaciones digitales utilizadas por taxistas como mecanismos auxiliares de modernización del servicio público y no como plataformas independientes de intermediación tecnológica.

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador petista advirtió que actualmente existe una competencia profundamente asimétrica entre el transporte concesionado local y los corporativos transnacionales de plataformas digitales, los cuales concentran ganancias mediante esquemas extractivos que afectan directamente a las economías regionales.

“Hoy, la disyuntiva es simple: o seguimos permitiendo una competencia desigual donde empresas transnacionales extraen un porcentaje considerable de la riqueza que generan nuestros transportistas, o utilizamos la política fiscal como un instrumento para nivelar la cancha, estimular el desarrollo y proteger la economía michoacana”, expresó Hugo Rangel desde tribuna.

La iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, estableciendo criterios de proporcionalidad y diferenciación regulatoria para las herramientas tecnológicas implementadas por concesionarios del servicio público.

Con ello, se busca evitar una doble carga tributaria para el gremio taxista y facilitar su incorporación a la economía digital sin imponer costos desproporcionados que inhiban su modernización. “Si gravamos la innovación, obtenemos rezago. Si permitimos la extracción sin control, empobrecemos nuestro mercado interno”, sostuvo el diputado petista.

Finalmente, el legislador señaló que la propuesta también busca impulsar la soberanía tecnológica y el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de plataformas locales con identidad michoacana, permitiendo que el valor generado por el transporte público permanezca en las comunidades del estado.

“Devolvamos la competitividad a nuestra gente y garanticemos que la riqueza de Michoacán se quede en Michoacán; es momento de hacer que lo bueno suceda”, concluyó Hugo Rangel.

El diputado presentó la iniciativa relativa a la promoción de programas de orientación alimentaria para prevención de la obesidad

Morelia, Michoacán, 20 de mayo 2026. El diputado por Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa, celebró las reformas a la Ley de Educación en el Estado, por ser en beneficio de la salud de las niñas y los niños de la entidad.

Se trata, dijo en tribuna, mucho más que una reforma legal, al representar una apuesta decidida por el bienestar integral de nuestras niñas, niños y adolescentes; una visión moderna de la educación que entiende que aprender también implica alimentarse bien, cuidar la salud, prevenir enfermedades y construir hábitos de vida saludables desde las aulas.

Esta iniciativa, abundó, surgió de la obligación pendiente que el Estado de Michoacán mantiene frente al marco jurídico nacional derivado de la Ley General de la alimentación adecuada y sostenible promulgada el 17 de marzo de 2004 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En particular, el artículo Quinto Transitorio de dicha legislación mandató a las entidades federativas a regular y desarrollar el ejercicio del derecho humano a una alimentación adecuada, nutritiva y sostenible.

El legislador recordó que en su momento él presentó la iniciativa relativa a la promoción de programas de orientación alimentaria para la prevención de la obesidad. Previo a la votación que se dio por unanimidad, destacó que se coloca al centro de las políticas públicas a las y los estudiantes michoacanos.

Toño Carreño fue enfático La educación y la salud no pueden caminar separadas y es que un niño con problemas de nutrición difícilmente podrá desarrollar plenamente sus capacidades. Con deficiencias visuales no detectadas enfrentará barreras injustas para aprender, leer, participar y crecer en igualdad de condiciones.

Con la aprobación de las reformas a los artículos 64 y 119 de la Ley de Educación, añadió, se fortalece la obligación institucional de promover programas de orientación alimentaria, consumo responsable, prevención de la obesidad y salud visual. Y lo hacen desde una perspectiva preventiva, comunitaria y profundamente humana.

Actualmente en Michoacán, miles de familias viven entre dos extremos igualmente preocupantes: la desnutrición y el sobrepeso infantil. Al mismo tiempo, muchos estudiantes presentan problemas visuales que afectan directamente su desempeño escolar y que, en numerosas ocasiones, pasan desapercibidos por falta de acceso a revisiones médicas oportunas. “Frente a esa realidad, este Congreso responde con responsabilidad”.

Finalmente, Toño Carreño enfatizó que esta reforma es una herramienta concreta para prevenir enfermedades, combatir el rezago educativo y construir mejores condiciones de vida para las futuras generaciones.

Morelia, Michoacán, a 20 de mayo del 2026.Con la finalidad de dotar de mayor atención y acceso de los migrantes michoacanos principalmente de aquellos que retornan al Estado de manera voluntaria o forzosa, el Pleno del Congreso del Estado, reformó diversos artículos de la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán de Ocampo.

Con estas reformas se propone la implementación de acciones coordinadas entre las autoridades estatales y municipales e iniciativa privada para su reintegración a la vida laboral y social, a la educación, cultura y atención psicológica.

Además, para incluir en la ley el reconocimiento de la inscripción en el registro de migrantes como un derecho de carácter voluntario ya que resulta jurídicamente procedente, constitucionalmente obligada y funcionalmente necesaria.

Con estas reformas se busca también incorporar mecanismos específicos para la visibilidad, promoción y aprovechamiento del talento, habilidades, competencias laborales y conocimientos de los migrantes en retorno para su plena incorporación al ámbito laboral y económico en Michoacán.

De esta forma, las acciones que implemente la Secretaría del Migrante, deberán estar enfocadas a lograr la reintegración social, laboral, educativa, cultural y la atención psicológica de las personas migrantes michoacanas que retornen, priorizando a quienes hayan sido repatriados al estado de manera forzosa.

Para tales efectos se deberán considerar entre otras acciones la coordinación interinstitucional y la vinculación con la iniciativa privada para la promoción, reconocimiento y aprovechamiento de las habilidades, competencias, experiencia laboral y conocimientos adquiridos por las personas migrantes en el extranjero, a fin de favorecer su integración productiva y laboral.

Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026. A fin de fortalecer los procesos educativos y formativos, la 76 Legislatura incorporó en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, la obligación de las autoridades educativas de inculcar a las infancias y adolescencias la cultura de la paz y la educación cívica.

Lo anterior, al aprobar el dictamen presentado por la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia, mediante el cual se estudió y analizó la propuesta presentada por la diputada Eréndira Isauro Hernández para adicionar la fracción X Bis al artículo 5 y la fracción VIII Bis al artículo 38 de la ley en mención.

El principal objetivo de la adecuación legal es fortalecer el marco jurídico estatal mediante la incorporación del concepto de cultura de la paz como principio rector en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como establecer la obligación de las autoridades de promover e inculcar dichos valores a través de acciones educativas y formativas.

Es por ello, que se definió en la ley, el concepto de Cultura de la Paz como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos a través del diálogo y la negociación entre las personas y las naciones.

Las y los legisladores reconocieron que la formación en estos principios debe ser un esfuerzo coordinado entre el Estado, la familia y la sociedad. Con ello, se busca fortalecer los procesos educativos y formativos, promoviendo entornos que favorezcan la convivencia pacífica, el respeto mutuo y la participación activa en la vida social.