Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026. El Pleno del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad la glosa del Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal del titular del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al tercer año de ejercicio 2024-2025 en materia de turismo.

En el dictamen presentado por la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, se reconoce las acciones emprendidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y por la Secretaría de Turismo durante el periodo que se informa, mismas que se encuentran alineadas al Eje 3: Prosperidad Económica del Plan Estatal de Desarrollo, particularmente en lo relativo al fortalecimiento de la infraestructura turística, la promoción del estado y la consolidación de destinos estratégicos.

De la misma forma, se manifestó la disposición del Congreso del Estado para acompañar, desde el ámbito legislativo y presupuestal, el fortalecimiento del sector turístico como uno de los motores de desarrollo regional y bienestar social.

En ese mismo sentido, se solicitó al Titular del Poder Ejecutivo para que, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, se consolide una política turística integral que impulse diversos factores, entre los que destacan: el crecimiento ordenado y sostenible de los destinos emblemáticos de Michoacán; la incorporación gradual de nuevas regiones con potencial turístico; la coordinación con municipios y sectores productivos; y la atracción de inversión para la generación de empleo y derrama económica.

El diputado Alfredo Anaya presentó una iniciativa para establecer responsabilidades legales a madres, padres o tutores ante la omisión grave en el deber de cuidado de menores.

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo de 2026.El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alfredo Anaya Orozco, en conjunto con su compañera legisladora Sandra María Arreola Ruíz, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado y al marco de responsabilidad familiar, con el objetivo de sancionar a padres o tutores que, teniendo conocimiento de que sus hijos cometen delitos, omiten actuar para impedirlo.

Desde la máxima tribuna, el legislador subrayó que el incremento de delitos cometidos por menores de edad se ha convertido en uno de los problemas más graves y complejos de la sociedad michoacana. Reconoció que, si bien el marco jurídico actual protege el interés superior de la niñez y privilegia su reinserción social, existe un vacío legal en cuanto a la responsabilidad de los padres cuando su falta de supervisión o tolerancia contribuye al deterioro del tejido social.

“Hoy vemos menores participando en conductas delictivas cada vez más graves. Frente a esto, el Estado no puede actuar solo. La familia debe asumir su parte de responsabilidad”, manifestó Anaya Orozco.

El diputado enfatizó que esta iniciativa no busca criminalizar a los padres por el simple hecho de serlo, sino establecer una sanción justa y necesaria ante la omisión grave o negligente del deber de cuidado, cuando exista conocimiento claro de que un menor está cometiendo ilícitos y no se realiza ninguna acción para evitarlo.

La propuesta se sustenta en experiencias internacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, donde ya se han establecido responsabilidades legales para los padres que fallan en la supervisión de sus hijos, fortaleciendo así la prevención del delito desde el núcleo familiar.

Entre los puntos clave de la iniciativa destacan sanciones ante omisión comprobable: Se establecen consecuencias legales para quienes, teniendo la patria potestad o tutela, omitan gravemente su deber de cuidado ante la comisión de delitos por parte de menores, así como la posibilidad de imponer multas o reparar el daño cuando exista responsabilidad indirecta comprobable.

“No podemos seguir permitiendo que la falta de control y responsabilidad en el entorno familiar siga generando violencia, inseguridad y daño a terceros. Cada delito cometido por un menor que pudo evitarse es una omisión que como sociedad estamos pagando”, concluyó el diputado.

La iniciativa, que plantea reformas y adiciones al Código Penal del Estado, será turnada a la comisión correspondiente para su análisis y dictaminación. El PVEM refrenda su compromiso con la seguridad, la prevención del delito y el fortalecimiento de la familia como pilar fundamental para la paz en Michoacán.

La iniciativa busca incorporar en la ley el papel de las familias y sus redes de apoyo como base para garantizar el bienestar emocional y social de niñas, niños y adolescentes.
Importante fortalecer el desarrollo integral de la niñez en un ambiente de familia.

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026. Fortalecer a la familia es apostar por comunidades más cohesionadas, con mayores oportunidades y por un estado más seguro y sano emocionalmente, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Herrera Maldonado detalló que con esta iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, se propone incorporar el concepto de entornos familiares protectores, definidos como espacios donde niñas, niños y adolescentes crecen con cuidado, respeto, afecto y estabilidad emocional; con vínculos significativos y redes de apoyo que favorecen su desarrollo integral.

“En México, una proporción importante del cuidado de niñas y niños se realiza dentro del propio entorno familiar, siendo las abuelas, los abuelos y otros familiares, pilares fundamentales en la supervisión, el acompañamiento y la protección de la niñez. Gracias a estas redes de apoyo, millones de familias logran conciliar el trabajo con la crianza”.

A nombre de las y los diputados del PAN, Tere Herrera expresó que la propuesta también reconoce y fortalece la participación de abuelas, abuelos y otros integrantes de la familia en la crianza, así como el papel del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Michoacán como instancia clave para impulsar programas, acciones de orientación y acompañamiento que consoliden estos entornos protectores.

“Garantizar que nuestros pequeños y jóvenes crezcan en entornos seguros, respetuosos, afectivos y estables, es una responsabilidad ética y social. Es la base para construir una sociedad más humana, más empática y más equitativa. Pero para lograrlo, debemos mirar hacia el primer espacio en el que todas las personas aprendemos a vivir, a sentir, a confiar y a relacionarnos: la familia”.

Finalmente, la legisladora panista indicó que, si bien lo ideal es que las niñas y niños cuenten con el acompañamiento de ambos padres, lo verdaderamente indispensable es que crezcan en entornos donde prevalezcan el amor, el cuidado, el respeto y la estabilidad emocional.

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.El Congreso del Estado, aprobó en sesión extraordinaria virtual y con 36 votos a favor, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman del párrafo segundo, las fracciones II y III, y se adicionan a la fracción IV del mismo párrafo segundo, los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

La iniciativa tiene el objetivo de armonizar el artículo 127 constitucional de la Constitución Federal, con la intención de asegurar que los recursos públicos se administren bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Esto, busca evitar que los regímenes de pensiones y jubilaciones en el sector paraestatal se aparten del mandato de austeridad al generar percepciones desproporcionadas.

Según el dictamen aprobado “la Minuta, prescribe que las jubilaciones y pensiones de los entes públicos no podrán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente, esto dota de una uniformidad y evita excesos individuales por encima del bienestar colectivo.”.

En ese sentido, se estipuló en el artículo 127 de la Constitución Política federal que, ninguna persona servidora pública podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.

Además de que, ninguna persona servidora pública podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titulardel Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.

En ese mismo sentido, se estipuló que, “en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal, así como los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas públicas y  los fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios, no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.”

Se señala además que, las disposiciones e instrumentos jurídicos que regulen la relación laboral, no podrán establecer condiciones que superan el límite establecido en el párrafo que antecede y que quedan excluidas de lo previsto en el segundo párrafo de esta fracción: las fuerzas Armadas; las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de  ahorro complementarios; y la pensión no contributiva a que se refiere el artículo 4o de esta Constitución.