Datos de la Organización Mundial de la Salud exponen que el 13% de las muertes maternas son derivadas de la práctica insegura del aborto
Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre de 2024.El derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva debe garantizarse en Michoacán, más cuando la tercera causa de muerte materna en el mundo está vinculada directamente con la práctica del aborto clandestino, la mayoría de las víctimas son mujeres pobres, en condiciones de vulnerabilidad, expresó la Diputada Fabiola Alanís Sámano.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado recordó que la interrupción legal y segura del embarazo es un derecho de las personas gestantes de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de que la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomienda erradicar medidas punitivas que castiguen el aborto (Recomendación General 24).
En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la legisladora especialista en políticas públicas con perspectiva de género subrayó que en Michoacán se buscará reivindicar el derecho de las mujeres a decidir en libertad sobre su vida sexual y reproductiva, particularmente el derecho a la interrupción legal y voluntaria del embarazo.
En este sentido, subrayó que la SCJN estableció que no se puede criminalizar a las mujeres que decidan voluntariamente la interrupción legal del embarazo y que las instituciones de salud están obligadas a mantener la confidencialidad, a garantizar que los servicios sean seguros, gratuitos y accesibles y a no discriminar a las mujeres por ejercer en libertad su vida sexual y reproductiva, lo cual buscará a través de la iniciativa que recientemente presentó ante la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán.
Finalmente, expuso que su iniciativa también busca que el sector salud garantice el cumplimiento de la Norma Oficial 046, en el sentido de realizar la interrupción legal del embarazo a las mujeres gestantes producto del delito de violación, malformación y riesgo de vida hasta las 12 semanas de gestación.
