Morelia, Michoacán, a 03 de julio del 2026. Tras la histórica aprobación del paquete de reformas al Código Penal del Estado, el diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, dio a conocer los alcances de su iniciativa aprobada en materia de delitos tecnológicos, la cual fue contemplada y respaldada en el dictamen definitivo por los integrantes de la Comisión de Justicia de la 76 Legislatura.
Ocampo detalló que, bajo este nuevo esquema legal avalado por la comisión y plasmado en el Artículo 317, se impondrán penas de dos a ocho años de prisión a quien, de manera injustificada, vigile u obtenga información sobre las actividades de las fuerzas de seguridad con la finalidad de alertar a la delincuencia para evadir detenciones o afectar a las víctimas.
El legislador enfatizó que la propuesta contemplada en el dictamen introdujo una agravante tecnológica severa, incrementando la sanción hasta en una mitad —logrando alcanzar los 12 años de cárcel— cuando los infractores instalen o utilicen cámaras de videovigilancia, grabadoras, dispositivos de geolocalización o aplicaciones digitales en infraestructura natural o pública para rastrear los desplazamientos de las autoridades.
“Reconozco el trabajo técnico de mis compañeros en la Comisión de Justicia por integrar y respaldar esta propuesta. Dotar al Estado de herramientas jurídicas actualizadas frente al uso delictivo de la tecnología es un paso indispensable para recuperar la paz. Con esta reforma le quitamos los ojos a la delincuencia organizada que pretendía monitorear los operativos policiales y de investigación de la Fiscalía”, puntualizó Ocampo.
Asimismo, subrayó que la ley fue redactada con un estricto criterio de protección civil, garantizando explícitamente en el cuerpo del dictamen que en ningún caso se considerarán como constitutivas de delito las actividades periodísticas, académicas, de defensa jurídica, de derechos humanos o de denuncia ciudadana que documenten el actuar de las corporaciones.
Finalmente, Octavio Ocampo reiteró que esta aportación al marco jurídico abarca también la protección de las corporaciones de comunidades ciudadanas o indígenas bajo esquemas de autogobierno, demostrando que desde el Poder Legislativo se entregan soluciones reales y de fondo frente a las principales exigencias de las familias michoacanas.
