La legislación de Michoacán lleva años de retraso en materia de titularidad jurídica de personas con discapacidad, señaló la legisladora del PAN.

Morelia, Michoacán a 19 de noviembre de 2025.Que se reconozca la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, es la propuesta de reforma que presentó la diputada Vanessa Caratachea.

“La capacidad jurídica es el punto de partida para el goce real y efectivo de todos los derechos humanos. Negar la capacidad jurídica equivale a negar la vida civil de una persona”, manifestó en tribuna la legisladora.

Esto, porque el Código Civil del estado mantiene una mirada tutelar hacia las personas con discapacidad, cuando los tratados internacionales y la misma normativa general del país reconoce a las personas con discapacidad mayores de edad como personas con capacidad jurídica, es decir, que pueden realizar actos jurídicos y son sujetos de derechos y obligaciones. 

“Una visión que etiquetó, que excluyó, que redujo a las personas con discapacidad a sujetos de protección, negándoles la posibilidad de decidir sobre su patrimonio y su propia vida. Esa visión ya no tiene cabida en el Michoacán del siglo XXI”, destacó la diputada del PAN.

La propuesta es reformar el artículo 22 de dicho código para establecer que “ninguna persona podrá ser privada de su capacidad jurídica por motivo de discapacidad” lo que no quiere decir, aclaró Vanessa Caratachea, que se les esté dejando desamparados.

“Introduce un sistema de apoyos y salvaguardas judiciales, que permitirá acompañar a quienes lo requieran, sin sustituir su voluntad ni anular su autonomía”, explicó.

La diputada de La Piedad señaló que no se trata únicamente de una armonización de ley, sino de un cambio de paradigma, pues se reconocen los derechos civiles de las personas con discapacidad.

Es además, agregó Vanessa Caratachea, una obligación legal, puesto que en 2023 se publicó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con la obligación de que los congresos locales reformaran su propia normativa antes de 2027.

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.El Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por el diputado Juan Pablo Celis, del Grupo Parlamentario de Morena, para establecer en la legislación local la Indemnización Patrimonial por Viudez, una figura que reconoce jurídicamente el valor del trabajo doméstico y de cuidados realizado dentro del hogar.

La reforma permitirá que cónyuges y concubinos sobrevivientes que dedicaron su vida a las labores del hogar tengan derecho a recibir hasta el 50% de los bienes del patrimonio de familia y del haber hereditario, garantizando protección económica y seguridad jurídica a miles de michoacanas y michoacanos.

El legislador destacó que la medida busca corregir una injusticia histórica, ya que las tareas del hogar y el cuidado de personas dependientes han sido tradicionalmente invisibilizadas y no contaban con reconocimiento patrimonial en caso de viudez.

“El trabajo en casa sí vale, sostiene familias y merece ser protegido. Esta reforma es un principio elemental de justicia económica y dignidad para quienes cuidaron toda una vida”, declaró Juan Pablo Celis.

La nueva disposición coloca a Michoacán a la vanguardia nacional en materia de derechos familiares, pues actualmente la ley solo contemplaba compensaciones por cuidados en casos de divorcio bajo régimen de separación de bienes, dejando sin protección a quienes quedaban en viudez tras años dedicados al hogar.

Celis señaló que la reforma está alineada con los principios del humanismo mexicano impulsado por la Cuarta Transformación, que plantea poner a las personas en el centro de las políticas públicas y construir un marco legal más justo y sensible a las realidades de las familias.

“No hay democracia plena sin igualdad dentro de los hogares. No hay justicia si quienes sostuvieron a sus familias quedan en el abandono. Hoy legislamos para que el cuidado deje de ser invisible”, afirmó.

El diputado aseguró que esta reforma representa un paso firme hacia la igualdad sustantiva, pues reconoce el cuidado como un trabajo con valor económico y social, y reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan los derechos de las familias michoacanas.

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.La diputada local y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Emma Rivera Camacho, destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en Michoacán, en medio del debate público respecto a la posible implementación de la revocación de mandato para el Ejecutivo estatal.

Rivera Camacho subrayó que la participación directa de la ciudadanía en la evaluación de sus gobiernos es una prioridad que el movimiento de la Cuarta Transformación ha impulsado desde sus orígenes. Recordó que la revocación de mandato se consolidó como un ejercicio democrático durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y forma parte de las herramientas diseñadas para ampliar la voz de las y los ciudadanos en la toma de decisiones.

“La revocación de mandato es un mecanismo que fortalece el poder ciudadano. Como movimiento, siempre hemos promovido instrumentos que permitan a la sociedad evaluar el desempeño de sus autoridades y participar activamente en los asuntos públicos”, expresó.

La legisladora informó que en la Comisión de Puntos Constitucionales ya se encuentran dos iniciativas en análisis relacionadas con este mecanismo. Agregó que se han sostenido diversas reuniones para conocer las posturas de las fracciones parlamentarias, donde la mayoría coincide en que la participación ciudadana debe seguir siendo un eje del trabajo legislativo.

“Llegará el momento de discutir y dictaminar estas propuestas. Hemos tenido avances importantes en la mesa técnica y existe un reconocimiento general de que la participación ciudadana es parte de una agenda democrática que debemos seguir fortaleciendo”, afirmó.

Respecto a la temporalidad que establece la Constitución para la aplicación de este tipo de ejercicios, Rivera Camacho precisó que no sería posible implementarlo en la administración estatal actual, pues la ley solo permite realizarlo durante los primeros tres meses posteriores al tercer año de gobierno. Aclaró que este punto será parte del análisis que realice la Comisión.

Finalmente, Rivera Camacho reiteró que desde el Congreso del Estado continuará trabajando en reforzar y ampliar las herramientas de participación ciudadana, con el compromiso de que Michoacán avance hacia un modelo democrático más abierto, incluyente y cercano a la gente.

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.El Congreso del Estado exhortó al Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia del Estado de Michoacán de Ocampo, para que, en el ámbito de su respectiva competencia, promueva las acciones y políticas públicas encaminadas a erradicar la discriminación laboral y se garantice la libertad, la dignidad, la igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos humanos a toda persona, especialmente de las mujeres y las personas con discapacidad. 

Este exhorto tiene como finalidad principal incidir en el fortalecimiento de las acciones institucionales encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación laboral en el Estado de Michoacán de Ocampo, con especial énfasis en los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad de las personas, particularmente de las mujeres, las personas con discapacidad, las comunidades indígenas y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

De la misma forma, este planteamiento se sustenta en la necesidad de atender de manera frontal una problemática estructural que vulnera derechos fundamentales, perpetúa desigualdades históricas y obstaculiza el desarrollo inclusivo y equitativo de la sociedad. 

Con ello, también se busca promover una cultura laboral que integre la perspectiva interseccional, reconociendo las múltiples formas de discriminación que se entrecruzan y afectan de manera desproporcionada a ciertos sectores.

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025.En Sesión Extraordinaria, las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura votaron a favor del Dictamen mediante el cual se reformaron diversos artículos de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, con las que definieron distintos tipos de violencia contra las mujeres y garantizan la creación de refugios especializados.

En dicha ley, entre otras cosas, se definió que la violencia psicológica es aquella acción u omisión que conlleva a la víctima a la depresión, aislamiento, pérdida de su autoestima e incluso al suicidio; mientras que a la violencia sexual como aquella acción, que mediante  violencia física o psicológica pone en riesgo, lesiona, degrada, daña o atenta contra el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima, incluyendo las miradas o palabras lascivas, el acoso, el hostigamiento sexual,  la violación,  así como la explotación sexual y de su imagen.

A la violencia moral como todo acto u omisión encaminados a la vejación, escarnio y mofa, cuya finalidad sea afectar y dominar la calidad humana y moral de la persona, exponiéndola al desprecio de las y los demás, incentivando al odio para impedirle el buen desarrollo personal y profesional, así como su integración social.

Mientras que la violencia por acecho fue definida como cualquier conducta reiterada, sistemática o persistente, sin consentimiento y no deseada, que, implique vigilancia, seguimiento, envío de mensajes, objetos o cualquier forma de contacto, comunicación o intrusión en la vida de las mujeres, las adolescentes o las niñas; realizada en dos o más ocasiones, que le cause miedo, angustia, cualquier afectación emocional o alteración de su vida cotidiana.

En el Dictamen, las y los legisladores establecieron que tratándose de violencia digital o mediática, la autoridad deberá aplicar medidas cautelares para resguardar la identidad de las víctimas, evitar que sigan circulando las imágenes, videos o audios, conforme a la normatividad procesal nacional en la materia, los estándares internacionales, protocolos y demás manuales de buenas prácticas. De lo contrario, su omisión será considerada falta administrativa grave.

En la reforma a la ley, se mandató que las políticas que instrumenten el Estado y sus municipios considerarán garantizar la creación, fortalecimiento y mantenimiento, de espacios de refugios especializados con recursos etiquetados que garanticen servicios integrales y especializados en condiciones dignas a fin de brindar protección a las mujeres, las adolescentes y las niñas víctimas de violencia de género.

Sobre las órdenes de protección, el Pleno del Congreso del Estado mandató que tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación, o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima; y deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Destaca que es necesario implementar un Registro Estatal de Enfermedades Raras y Crónico-Degenerativas, y la conformación de un Consejo Estatal para su atención.
⁠”Las y los michoacanos deben tener garantizado el acceso a tratamientos y diagnóstico oportuno”, remarca.

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.Las enfermedades raras son un desafío de salud pública que exige actuar de inmediato, porque en cada paciente diagnosticado hay una familia que ha aprendido a sobrevivir, afirmó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Al presentar una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado, Tere Herrera detalló que en Michoacán la legislación no reconoce de manera específica la situación de las personas que viven con enfermedades raras o crónico-degenerativas, por lo que es urgente actualizarla conforme a las necesidades que se tienen.

“Cada enfermedad rara presenta retos clínicos distintos, pero comparten un común denominador, transforman de manera radical la vida familiar, económica, emocional y social de quienes la padecen. Las familias deben enfrentar una cadena de obstáculos que se repite de manera dolorosa”.

Al señalar que a nivel mundial se estima que existen más de siete mil enfermedades raras identificadas, que en conjunto afectan a más de 300 millones de personas, la diputada Tere Herrera indicó que los pacientes y sus familias se enfrentan a diagnóstico tardíos o incorrectos, falta de acceso a especialistas, tratamientos inaccesibles, costosos, además del miedo, incertidumbre, desgaste, discriminación y ausencia de políticas públicas.

“La salud es, sin duda, lo más preciado que tenemos. Es el punto de partida para todo lo que somos y todo lo que hacemos. Hoy vengo a esta tribuna con el corazón puesto en miles de familias que enfrentan, en silencio y con valentía, una realidad que sigue siendo invisibilizada: la de las enfermedades raras”.
 
Herrera Maldonado explicó que la iniciativa contempla construir un marco normativo con visión humanista, que coloque al centro a las personas, que garantice diagnóstico oportuno, tratamientos integrales, medicamentos, terapias y acompañamiento digno; así como la creación del Registro Estatal de Enfermedades Raras y Crónico-Degenerativas, y la conformación de un Consejo Estatal para su atención.

Son consideradas enfermedades raras cuando existen menos de 5 casos por cada 10 mil habitantes.