Morelia, Michoacán, a 17 de mayo de 2023.El Pleno de la 75 Legislatura decidió otorgar la medalla “Michoacán al Mérito Docente 2023” al Centro Regional de Educación Normal del municipio de Arteaga.

Con esta condecoración, el Congreso de Michoacán reconoce la labor de los docentes o las instituciones educativas que se han distinguido por su labor magisterial y vocación de servicio en cualquier nivel académico.

Asimismo, pretende reconocer a las instituciones educativas del Estado que se hayan distinguido por su labor educativa y científica, por su impulso a la cultura, al deporte y a las actividades recreativas que pudieran ser merecedoras a la medalla.

Cabe señalar que el pasado 4 de mayo concluyó el término para la recepción de propuestas para recipiendario a la Medalla, mismas que fueron recibidas por la Comisión de Educación para su estudio y análisis.

De esta manera, al analizar la documentación recibida, la Comisión de Educación determinó que la Escuela Normal de Arteaga se consolida con una trayectoria sólida en la preparación de los jóvenes.

Asimismo, refiere que dicha institución cuenta con un alto índice de eficiencia terminal y, sobre todo, que tiene un importante programa de actividades a nivel licenciatura, en temas sociales, culturales y deportivos, con lo que se garantiza que la educación que reciben sus estudiantes es de calidad.

Así, la Medalla “Michoacán al Mérito Docente”, 2023, será entregada por la presidenta de la Mesa Directiva y la Comisión de Educación del Congreso del Estado, en un Acto solemne que se llevará a cabo el día miércoles 17 de mayo, en el patio Central de Palacio Legislativo.

Morelia, Michoacán, a 17 de mayo de 2023.El Pleno de la 75 Legislatura aprobó reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de impulsar la agricultura familiar como estrategia para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional de las y los michoacanos.

La reforma permitirá dar prioridad a las unidades de producción familiar, a las personas, familias y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad que practiquen la agricultura familiar.

Así quedó establecido en el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Gobernación, respecto de la iniciativa presentada por la diputada Julieta Gallardo Mora, para crear la Ley de Fomento a la Agricultura Familiar Rural y la Seguridad Alimentaria de Michoacán.

En sus consideraciones, las Comisiones determinaron la necesidad de integrar dicha propuesta en la Ley referida, a fin de mantener la rectoría del desarrollo rural integral, bajo un solo instrumento normativo para el campo.

De esta manera, la norma en la materia permitirá establecer objetivos sectoriales, estrategias y acciones específicas para lograr la soberanía y seguridad alimentaria, incluyendo a los que menos tienen, es decir, a los pequeños productores que realizan la agricultura familiar en Michoacán.

Con ese propósito, se definen los conceptos de agricultura familiar, agricultura orgánica y de autogestión; estableciendo también, entre las funciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la de promover una política pública enfocada en la participación organizada de autoridades en colaboración con las familias de tradición rural para lograr el desarrollo de su economía.

Esto, a través de la implementación de la agricultura y ganadería orgánica mediante la promoción de huertos y pequeñas granjas familiares de traspatio, así como con la aplicación de abonos orgánicos.

De igual forma, deberá fomentar el uso de conocimientos, tecnología y buenas prácticas, respetando la cultura, las tradiciones y los hábitos de las comunidades agrícolas, como una estrategia necesaria para procurar el bienestar social de las unidades de producción familiar y reducir la pobreza del sector rural.

Presentó iniciativa que modifica la Constitución del Estado y 12 leyes; Prioritario proteger a mujeres, niños, niñas y adolescentes

Morelia, Mich., a 17 de mayo de 2023.Con mano firme, diputados michoacanos actualizan la legislación estatal para proteger a las mujeres niños, niñas y adolescentes en contra de delitos a la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el normal desarrollo sexual, así como el derecho de alimentos y los derechos políticos electorales de las personas.

En tribuna, la diputada Margarita López Pérez dio a conocer el proyecto de decreto con el cual se armonizan las leyes del Estado con la federal para dar cumplimiento al registro nacional de deudores alimentarios y sancionar, en todas sus modalidades, la violencia hacia las mujeres niños y niñas, negándole así un puesto de trabajo o concesión en cualquiera de los tres Poderes del Estado, los Ayuntamientos o cualquier pretensión política a quienes violentan dichos derechos.

Margarita López, a nombre suyo y de Julieta García Zepeda y Juan Carlos Barragán Vélez presentaron la iniciativa derivado de los decretos nacionales, con lo cual Michoacán también se integra en la implementación de políticas públicas que buscan garantizar que los espacios del servicio público, se encuentren integrados por personas que cumplan con sus obligaciones alimentarias, así como que no hayan sido sujetas activas en casos de violencia en contra de las mujeres.

Para reducir las violencias contra las mujeres, dijo, es necesario cambiar las normas y acciones que las toleran y las fomentan como medidas de acción preventiva, en vez de sólo de actuar de forma reactiva a través de medidas para únicamente sancionarla; ello incluye integrar cambios legislativos para evitar acciones que refuerzan actitudes sexistas y discriminatorias, fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género.

La violencia feminicida, sexual y doméstica son una constante en nuestro país en razón de que son parte de un patrón continuo que proviene de la discriminación histórica y estructural, de ahí que el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) ha resaltado que la violencia de género, incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades.

Por ello, dejó en claro que en Michoacán no podrán ser funcionarios públicos, o tener empleos, cargos o comisiones de nombramiento otorgados por las autoridades del estado o sus municipios, ni tener concesiones que otorgue el estado o los municipios, ni ser aspirantes a cargos de elección popular, aquellas personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y sean declaradas como persona deudora alimentaria morosa, ni aquellas personas que tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Es decir, no podrán postulare a ser diputados o titular del Ejecutivo, ni titulares o funcionarios de las Secretarías de estado ni de los organismos autónomos descentralizados o paraestatales, tampoco podrán ser parte del Poder Judicial, ya sea en el cargo de Magistrado Presidente o jueces, menor o comunal y podrán ser privados de su encargo.

En materia de Seguridad Pública, los deudores alimentarios no podrán tener un nombramiento como servidor público, incluyendo el Fiscal General, así como tampoco ser funcionario municipal en esta materia. En cuanto a Ayuntamientos, tampoco podrán acceder a cargos de presidente, síndico o regidor, ni ser funcionario en su estructura. En el Congreso también se aplicarán las mismas reglas, no solo para los legisladores, sino para todo su personal.

Con esta iniciativa se modifica la Constitución del Estado y 12 leyes, siendo las siguientes:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
• Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.
• Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.
• Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
• Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
• Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo.
• Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán.
• Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo.
• Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo.
• Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo.

Morelia, Michoacán, a 17 de mayo de 2023.Ante los Conflictos por límites territoriales surgidos entre diversos municipios del Estado, integrantes de la 75 Legislatura aprobaron modificaciones a la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, para generar una reglamentación de normas claras y concisas que abonen a la resolución de dichas controversias.

En Sesión Extraordinaria, el Congreso del Estado aprobó la modificación de la denominación del Capítulo III, y adicionó los artículos 9 Bis, 9 Ter, 9 Quáter, 9 Quinquies, 9 Sexies, y 9 Septies, todos de la Ley Orgánica Municipal del Estado y con ello establecer el procedimiento para dirimir los conflictos que emanen en materia territorial entre los municipios del Estado.

De igual forma, contiene el procedimiento para la aplicación de instrumentos que permitan dirimir esos problemas que impactan en los programas sociales y de obra, así como del cumplimiento de los planes de desarrollo municipales.

El Pleno Legislativo votó a favor del dictamen presentado por las Comisiones de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, y de Gobernación, sobre la Iniciativa de la diputada Gloria del Carmen Tapia Reyes, otorgando así un marco legal que rija el actuar de la instancia competente, dando certeza a los ayuntamientos y a la población, al favorecer un sentido de permanencia y pertenencia, así como el libre acceso a programas de desarrollo social y de obra pública.

A partir de la modificación, el Capitulo Tercero se denominará “De la División, Clasificación y Solución de Conflictos Territoriales Municipales”, en donde se establece que, para la solución de dichos problemas, será el Congreso de Michoacán la autoridad competente para conocer y emitir el fallo correspondiente.

Los conflictos en materia de límites territoriales entre uno o más municipios podrán solucionarse mediante convenio, cuando los ayuntamientos lleguen a un acuerdo amistoso sobre sus respectivos límites, y se somete a la consideración del Congreso; y, mediante Vía Adversarial, cuando el Poder Legislativo, a través de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, determine los límites territoriales de los municipios en conflicto.

El plazo máximo para la solución de conflictos por límites territoriales mediante convenio no excederá de un año, a menos que ambas partes suscriban un acuerdo prorrogando el mismo hasta por seis meses más; y, éste será remitido al Congreso quien revisará la documentación, a efecto de verificar que no existan irregularidades u omisiones.

Mientras que la solicitud de intervención del Congreso vía adversarial, deberá ir acompañada de copia certificada del acta de la sesión de Cabildo que contenga el acuerdo respectivo o negativa ficta.