Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2023.- Desde hace una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa de reforma al Poder Judicial que busca transformar la forma en que se eligen y se desempeñan los integrantes de este poder.
El licenciado Juan Manzo catalogó a esta iniciativa como una medida necesaria para «limpiarlo» de corrupción, complicidades, conflictos de interés y derroche de recursos. “En un país democrático los jueces, magistrados y ministros deben ser electos por el pueblo y no por «la élite del poder económico y político», como lo ha sentenciado nuestro presidente.
Juan Manzo señaló que esta reforma, tiene como objetivo principal democratizar la justicia y acabar con la corrupción, el nepotismo y el derroche de recursos en este ámbito. ”Se plantean cambios profundos en la estructura, funcionamiento e integración del Poder Judicial, así como en las reglas procesales que rigen los juicios”, detalló.
La propuesta, que fue explicada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en la conferencia matutina de este lunes, se compone de cuatro ejes principales:
- Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que pasaría de tener 11 a 9 ministros, con un periodo de 12 años en lugar de 15, y sin pensión vitalicia. Además, se eliminarían las dos salas del máximo tribunal para dejar solo el pleno, con el fin de evitar la opacidad y la discrecionalidad en las resoluciones.
- La elección popular de ministros, jueces y magistrados, mediante un proceso extraordinario que se realizaría en 2025, coincidiendo con las elecciones intermedias. Los candidatos podrían hacer campaña por 60 días, sin recibir financiamiento público ni privado, pero con acceso a tiempos de radio y televisión para difundir sus propuestas. Los partidos políticos no podrían intervenir ni apoyar a ningún aspirante.
- La sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un órgano colegiado integrado por nueve miembros: tres designados por el presidente de la República, tres por el Senado y tres por el pleno de la SCJN. Este órgano tendría la función de administrar y vigilar el correcto funcionamiento del Poder Judicial, así como sancionar las faltas o irregularidades cometidas por sus integrantes.
- Nuevas reglas procesales que agilicen y transparenten la impartición de justicia. Entre ellas, se establece un plazo máximo de seis meses para resolver los asuntos fiscales y de un año para los penales. También se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Asimismo, se dispone que los recursos provenientes de los fideicomisos del Poder Judicial pasen a formar parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
