La iniciativa busca homologar capacidades y protocolos en los Sistemas DIF municipales, primera línea de atención ante violencia, abandono o abuso.
Plantea reformar la fracción VI del artículo 74 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, sin crear nuevas estructuras.
Morelia, Michoacán, a 18 de marzo del 2026.El diputado local Alfonso Chávez presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de fortalecer la protección integral de la infancia mediante una obligación clara: que el Sistema DIF Estatal capacite, por lo menos dos veces al año, a los Sistemas DIF municipales.
El legislador subrayó que, en la mayoría de los casos, los DIF municipales son la primera instancia de contacto institucional para niñas, niños y adolescentes que enfrentan situaciones de violencia, abandono, negligencia o abuso, por lo que su actuación debe ser profesional, oportuna y basada en protocolos especializados.
Sin embargo, advirtió que hoy existen diferencias significativas en capacidades técnicas, jurídicas y operativas entre municipios, principalmente por la falta de procesos sistemáticos de capacitación y por el desconocimiento de protocolos y reglamentos existentes, lo que puede generar respuestas desiguales, retrasos en la atención o intervenciones que no se apeguen plenamente a los estándares de protección integral.
Por ello, la propuesta establece que la capacitación contemple materias fundamentales: protección integral de derechos, mecanismos de atención y canalización, procedimientos de restitución de derechos, y correcta aplicación de protocolos en casos de violencia, abuso, negligencia u otras situaciones que pongan en riesgo la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad, fortaleciendo además la coordinación entre el DIF estatal y los sistemas municipales para una actuación más homogénea y alineada con el interés superior de la niñez.
Finalmente, Poncho Chávez destacó que “fortalecer las capacidades institucionales de quienes protegen a la infancia no es solamente una medida administrativa; es una responsabilidad ética y jurídica del Estado”, y afirmó que esta reforma representa un paso necesario para garantizar que ninguna niña, niño o adolescente quede sin protección y que todas las autoridades cuenten con herramientas claras para proteger, atender y restituir sus derechos.
