Octavio Ocampo propone reglas claras, procesos más rápidos y que el Estado asuma su responsabilidad sin trabas para las familias.
Morelia, Michoacán a 18 de marzo de 2026. En sesión de la 76 Legislatura, el diputado Octavio Ocampo presentó la iniciativa “Ley Ángeles Esquivel”, con la intención de que, si una autoridad provoca la muerte de una persona, el Estado tenga la obligación de reparar el daño a su familia de forma clara y sin retrasos. “Cuando el Estado causa un daño, el Estado debe repararlo de manera pronta, justa y efectiva”, señaló el legislador.
La propuesta se deriva de los hechos ocurridos en diciembre pasado en Zitácuaro, donde una joven perdió la vida a consecuencia de la actuación de un elemento municipal de tránsito. Este caso motivó el planteamiento legislativo, al evidenciar la necesidad de revisar los mecanismos institucionales para que las víctimas y sus familias accedan a procedimientos de reclamación y compensación en condiciones claras.
Durante la presentación, Octavio Ocampo explicó que la iniciativa propone reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios para establecer criterios específicos en casos de fallecimiento, incluyendo la imprescriptibilidad del derecho a reclamar indemnización, la posibilidad de iniciar procedimientos de oficio cuando la responsabilidad sea evidente y la incorporación de vías abreviadas para resolver los casos. “Esta iniciativa busca que las familias no enfrenten procesos prolongados ni cargas probatorias excesivas, y que el Estado asuma su responsabilidad cuando exista un daño derivado de su actuación”, señaló.
El legislador indicó que la “Ley Ángeles Esquivel” plantea ajustes normativos para garantizar indemnizaciones conforme a criterios del Código Civil, así como reglas claras en los procedimientos administrativos, con el propósito de que la reparación del daño sea efectiva. De acuerdo con el diputado Octavio Ocampo, esta iniciativa establece un mecanismo legal orientado a asegurar que, ante la pérdida de la vida por actuación irregular de autoridades, el Estado responda de manera oportuna y conforme a derecho.
