La diputada propone reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para erradicar esta práctica que en Michoacán, en donde incluso existen familias que han dirigido por décadas instituciones gubernamentales y partidos políticos
Morelia, Michoacán, 04 de diciembre de 2022. En Michoacán es necesario fortalecer nuestra legislación para combatir de manera decidida el nepotismo dentro de la función pública, el cual, se ha llevado a cabo por mucho tiempo sin ninguna dificultad, subrayó Julieta Gallardo Mora, diputada por el Distrito de Puruándiro en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Por ello la diputada ha presentado ante el Pleno Legislativo, una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, con la que propone erradicar esta práctica en Michoacán, en donde incluso existen familias que han dirigido por décadas instituciones gubernamentales y partidos políticos.
“El Nepotismo es una acción que va ascendiendo de manera desmedida y en contra de los principios de legalidad, honradez, imparcialidad e igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, pero además hace que se deteriore la credibilidad de las instituciones de gobierno en su conjunto”.
Julieta Gallardo recalcó que las personas con parentesco, son privilegiadas por el funcionario público de mayor jerarquía, quien transgrede la ley, arropado por el cargo institucional que representa, además de que en muchos de los casos, los familiares que ingresan cuentan con poca o nula experiencia en la administración pública, actuando por ello con negligencia, que muchas veces perjudican la transparencia y credibilidad del cargo que ocupan, así como el notorio conflicto de intereses que generan con ello, estando por ello en presencia de una de las diversas modalidades de corrupción.
“Esta conducta impide que las entidades públicas puedan cumplir objetivamente con las funciones que les son encargadas, pues se procura el interés y bienestar de unos cuantos, lo que es a todas luces una forma de corrupción política, que perturba el principio de igualdad y equidad en el acceso a la función pública; así como una variante del clientelismo político, en virtud de que se usan y distribuyen los recursos del Estado para el beneficio privado, dejando de lado el interés común”.
