Aunque la incidencia delictiva se ha reducido en general, oficialmente se reconoce el aumento de la extorsión en los últimos 6 años, destacó Fabiola Alanís
Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís, manifestó su total respaldo a la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum para la reforma constitucional y la creación de la Ley General contra la Extorsión en el país, que “se convertirá en una herramienta clave para garantizar la tranquilidad de las familias michoacanas y el pleno desarrollo de la actividad productiva”, remarcó.
Luego de que el Senado de la República aprobara la reforma constitucional y fuera enviada a los estados para su discusión, Fabiola Alanís reconoció el respaldo de la oposición en Michoacán a esta iniciativa, y subrayó que “el delito de la extorsión ha afectado de manera grave a sectores estratégicos de la economía, desde pequeños comerciantes hasta grandes productores, y que una respuesta legislativa firme y eficaz es indispensable para devolver certeza y seguridad a la sociedad”.
“La extorsión es un flagelo que no solo lastima la tranquilidad de las familias, sino que limita la inversión, la generación de empleo y la confianza ciudadana. Con esta reforma y la creación de la nueva ley, el Estado mexicano da un paso decisivo para poner un alto a quienes atentan contra el desarrollo y la paz de nuestra gente”, afirmó.
Luego de la aprobación unánime de esta esta iniciativa, Fabiola Alanís confió en que habrá un gran consenso en el impulso de las homologaciones necesarias dentro del marco legal estatal, asegurando así su aplicación plena y efectiva.
“En el Congreso de Michoacán tenemos la responsabilidad de construir acuerdos que fortalezcan la seguridad y la gobernabilidad. Estoy segura de que, más allá de diferencias partidistas, nos une la prioridad de garantizar la paz y el bienestar de nuestro pueblo”, señaló Alanís.
Finalmente, reiteró que uno de los ejes centrales de su labor legislativa es proteger a las y los michoacanos frente a la violencia y las prácticas delictivas, siempre en coordinación con el gobierno federal y estatal.
