Morelia, Michoacán, a 17 de mayo de 2023.El Pleno de la 75 Legislatura aprobó reformas a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con la finalidad de impulsar la agricultura familiar como estrategia para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional de las y los michoacanos.
La reforma permitirá dar prioridad a las unidades de producción familiar, a las personas, familias y comunidades en situación de mayor vulnerabilidad que practiquen la agricultura familiar.
Así quedó establecido en el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Gobernación, respecto de la iniciativa presentada por la diputada Julieta Gallardo Mora, para crear la Ley de Fomento a la Agricultura Familiar Rural y la Seguridad Alimentaria de Michoacán.
En sus consideraciones, las Comisiones determinaron la necesidad de integrar dicha propuesta en la Ley referida, a fin de mantener la rectoría del desarrollo rural integral, bajo un solo instrumento normativo para el campo.
De esta manera, la norma en la materia permitirá establecer objetivos sectoriales, estrategias y acciones específicas para lograr la soberanía y seguridad alimentaria, incluyendo a los que menos tienen, es decir, a los pequeños productores que realizan la agricultura familiar en Michoacán.
Con ese propósito, se definen los conceptos de agricultura familiar, agricultura orgánica y de autogestión; estableciendo también, entre las funciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la de promover una política pública enfocada en la participación organizada de autoridades en colaboración con las familias de tradición rural para lograr el desarrollo de su economía.
Esto, a través de la implementación de la agricultura y ganadería orgánica mediante la promoción de huertos y pequeñas granjas familiares de traspatio, así como con la aplicación de abonos orgánicos.
De igual forma, deberá fomentar el uso de conocimientos, tecnología y buenas prácticas, respetando la cultura, las tradiciones y los hábitos de las comunidades agrícolas, como una estrategia necesaria para procurar el bienestar social de las unidades de producción familiar y reducir la pobreza del sector rural.
