Morelia, Michoacán.- Azucena Marin Correa, secretaria de la Contraloría del Gobierno de Michoacán, dio a conocer que se presentaron las primeras denuncias penales, por el manejo irregular del gasto público, por el orden de más de cinco mil millones de pesos en contra de ex funcionarios de la administración de Silvano Aureoles Conejo.
Los probables delitos cometidos en agravio del Gobierno del Estado de Michoacán, son: enriquecimiento Ilícito, ejercicio indebido de funciones, trafico de Influencias, cohecho, peculado, asociacionismo delictuosa y delincuencia organizada, asi como operaciones con recurso de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Las denuncias se presentaron el miércoles 16 de febrero, en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo a Marin Correa, “las cuatro denuncias fueron en contra de ex funcionarios públicos de la administración anterior, así como el representante legal de una empresa privada y los que resulten responsables”.
Entre los hallazgos que sustentan dichas denuncias enumeró: “se firmaron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para la prestación del servicio y se realizaron adjudicaciones de inmuebles, pagados con cantidades excesivas por encima del valor comercial por más de 652 millones de pesos”.
Además, Azucena Marin explicó que también fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, otras 2 denuncias en contra de siete ex servidores públicos, por ejercicio Indebido de Funciones, cohecho y Peculado.
Las denuncias interpuestas en la Fiscalia de Michoacán constan como pruebas, documentos alterados, documentos económicos (cheques) firmados en favor de servidores públicos, con recursos públicos, extraordinarios a sus percepciones salariales y transferencias a empresas calificadas como irregulares por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo a la información obtenida y con forme avance la investigación, pueden llegar a presentarse hasta 18 denuncias en total sólo de este mismo hallazgo en una dependencia.
